3 años de cárcel para quienes vendan a menores de 18 años
La Comisión de Constitución será la encargada de estudiar la moción del senador Alberto Espina que busca prevenir y sancionar con penas de cárcel de hasta 3 años y fuertes multas la venta a través de cualquier medio de niños o menores de 18 años. La iniciativa coincide con el descubrimiento de casos de padres que han realizado la venta de su hijo recién nacido a través de Internet y de casos lamentablemente, cada vez más frecuentes, de explotación de menores en pornografía infantil.
Por estas razones, el senador Espina pretende adecuar nuestra legislación a los tratados internacionales ratificados por Chile y en actual vigencia, tales como el artículo 35 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que señala que “los Estados Partes tomarán todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir, entre otros, la venta de niños para cualquier fin o en cualquier forma”. El parlamentario aseguró que la actual normativa reconoce el derecho de todos los niños y niñas a la protección contra la explotación económica y la realización de trabajos que puedan ser peligrosos, entorpecer su educación o afectar su salud o desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social”.
Agregó que “la importante y creciente trata internacional de menores a los fines de la venta de niños, su prostitución, y la disponibilidad cada vez mayor de pornografía infantil en la Internet y otros medios tecnológicos modernos, nos impone la obligación de intensificar los esfuerzos por prevenir el ingreso de tales lacras a nuestro país”.
Por estas razones, el senador Espina pretende adecuar nuestra legislación a los tratados internacionales ratificados por Chile y en actual vigencia, tales como el artículo 35 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que señala que “los Estados Partes tomarán todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir, entre otros, la venta de niños para cualquier fin o en cualquier forma”. El parlamentario aseguró que la actual normativa reconoce el derecho de todos los niños y niñas a la protección contra la explotación económica y la realización de trabajos que puedan ser peligrosos, entorpecer su educación o afectar su salud o desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social”.
Agregó que “la importante y creciente trata internacional de menores a los fines de la venta de niños, su prostitución, y la disponibilidad cada vez mayor de pornografía infantil en la Internet y otros medios tecnológicos modernos, nos impone la obligación de intensificar los esfuerzos por prevenir el ingreso de tales lacras a nuestro país”.
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