Fuertes multas de más de $2 mil millones para operadores de embalses que infrinjan normas de prevención ante crecidas
En condiciones de ser promulgado como Ley de la República quedó el proyecto que otorga facultades al Estado para disponer el vaciamiento de embalses más allá de lo que establecen los manuales técnicos cuando se ponga en riesgo a la población.
Ello, luego de que el Senado ratificara el informe de la Comisión Mixta de Obras Públicas que resolvió las discrepancias surgidas con la Cámara de Diputados en lo relativo a la escala de multas para los operadores que no cumplan con las medidas que la autoridad disponga para prevenir las amenazas de crecidas. Previamente, la Cámara Baja también había aprobado el informe de la Mixta.
De este modo, senadores y diputados acordaron mantener una multa que va entre las 50 a 500 UTA, es decir, entre unos $20 a $220 millones para los operadores de embalses que no cumplan con la obligación de instalar y mantener el sistema de monitoreo de caudales y asimismo se fijó una multa que irá entre las 200 a 6.000 UTA, es decir entre los $90 y los $2.700 millones para los operadores que incumplan las medidas de la Dirección General de Aguas (DGA) una vez declarado el estado de alerta ante crecidas.
Durante el debate intervinieron los senadores Pablo Longueira y Alejandro Navarro, además del ministro de Obras Públicas, Sergio Bitar quien valoró la fórmula concordada por unanimidad en la Comisión Mixta.
En tanto, el senador Pablo Longueira destacó que hayan primado el criterio del Senado para que “la multa para los operadores de embalses que no cumplan requisitos de poner los medidores que monitoreen las crecidas se mantuviera en el rango entre las 50 y 500 UTA”. Aseveró además que la multa para los operadores que no cumplan las medidas que decrete la DGA es bastante alta, 6.000 UTM con lo que se resguarda la seguridad de la población.
Finalmente, el senador Alejandro Navarro hizo notar “la clara desventaja” en la que estarán los jueces de letras para dar respuesta a las sanciones que se impongan a las empresas generadoras y operadoras de embalses. “Se trata de personas que se desempeñan en zonas rurales que tendrán que enfrentarse a verdaderos gigantes”, por lo que advirtió que “hubiese sido mejor que la DGA impusiera condiciones más estrictas respecto de la propia generación”.
Cabe recordar que, esta iniciativa surgió a raíz de las graves inundaciones que afectaron a la Región del Bío Bío en el invierno de 2006, lo que provocó severos daños humanos y materiales a las comunidades ribereñas.
Ello, luego de que el Senado ratificara el informe de la Comisión Mixta de Obras Públicas que resolvió las discrepancias surgidas con la Cámara de Diputados en lo relativo a la escala de multas para los operadores que no cumplan con las medidas que la autoridad disponga para prevenir las amenazas de crecidas. Previamente, la Cámara Baja también había aprobado el informe de la Mixta.
De este modo, senadores y diputados acordaron mantener una multa que va entre las 50 a 500 UTA, es decir, entre unos $20 a $220 millones para los operadores de embalses que no cumplan con la obligación de instalar y mantener el sistema de monitoreo de caudales y asimismo se fijó una multa que irá entre las 200 a 6.000 UTA, es decir entre los $90 y los $2.700 millones para los operadores que incumplan las medidas de la Dirección General de Aguas (DGA) una vez declarado el estado de alerta ante crecidas.
Durante el debate intervinieron los senadores Pablo Longueira y Alejandro Navarro, además del ministro de Obras Públicas, Sergio Bitar quien valoró la fórmula concordada por unanimidad en la Comisión Mixta.
En tanto, el senador Pablo Longueira destacó que hayan primado el criterio del Senado para que “la multa para los operadores de embalses que no cumplan requisitos de poner los medidores que monitoreen las crecidas se mantuviera en el rango entre las 50 y 500 UTA”. Aseveró además que la multa para los operadores que no cumplan las medidas que decrete la DGA es bastante alta, 6.000 UTM con lo que se resguarda la seguridad de la población.
Finalmente, el senador Alejandro Navarro hizo notar “la clara desventaja” en la que estarán los jueces de letras para dar respuesta a las sanciones que se impongan a las empresas generadoras y operadoras de embalses. “Se trata de personas que se desempeñan en zonas rurales que tendrán que enfrentarse a verdaderos gigantes”, por lo que advirtió que “hubiese sido mejor que la DGA impusiera condiciones más estrictas respecto de la propia generación”.
Cabe recordar que, esta iniciativa surgió a raíz de las graves inundaciones que afectaron a la Región del Bío Bío en el invierno de 2006, lo que provocó severos daños humanos y materiales a las comunidades ribereñas.
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