Recurso de protección y amparo





¿Qué es el recurso de protección?

Aquella acción que la Constitución concede a todas las personas que como consecuencia de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufren privación, perturbación o amenaza sus derechos y garantías constitucionales.


¿Cuáles son los derechos por los que se puede reclamar protección?

- Derecho a la vida y sus manifestaciones.
- Igualdad ante la ley.
- La garantía de que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el Tribunal que señale la ley y que se halle establecido con anterioridad por ésta.
- Inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada.
- Libertad de conciencia.
- Derecho a la protección de la salud, en cuanto al derecho de cada persona a elegir el sistema de salud al cual desee acogerse, sea estatal o privado.
- Libertad de enseñanza.
- Libertad de opinión e información.
- Derecho de reunión.
- Derecho de asociación.
- Libertad de trabajo en cuanto a su libre elección y libertad de contratación y en cuanto a la restricción de los trabajos prohibidos.
- Derecho de sindicalización.
- Libertad económica y no-discriminación del estado en materia económica.
- Libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes.
- Derecho de propiedad.
- Derecho de propiedad intelectual e industrial.
- Derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

Entre otros, según el artículo 19 de la Constitución Política que contiene una enumeración de los “Derechos y garantías que la Constitución asegura a todas las personas por igual”.


¿Quiénes pueden interponer un recurso de protección?

Cualquier persona natural o jurídica, o un grupo de personas que carezca de personalidad jurídica, que haya sufrido la perturbación o amenaza de estos derechos


¿Dónde se debe interponer el recurso de protección?

En la Corte de Apelaciones del domicilio del afectado, dentro del plazo de 30 días contados desde la ejecución del acto o amenaza que se reclama. O bien desde que se tuvo conocimiento del acto, lo que hay que acreditar en la Corte. Se debe presentar por escrito.


¿Se necesita un abogado para interponer un recurso de protección?

No.


¿Cuál es el objetivo del recurso de protección?

Que la Corte ordene todas las medidas necesarias para reestablecer el derecho vulnerado y asegurar su protección. Todo ello sin perjuicio de los demás derechos o acciones que se puedan hacer valer, ante la autoridad o los Tribunales de Justicia.


¿Qué es el recurso de amparo?

Aquella acción que la Constitución concede a toda persona detenida, presa o arrestada con infracción a la Constitución o a la ley, o que sufra cualquier otra privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual.

Hay dos tipos de amparo:
- Un amparo correctivo, que busca corregir un arresto, detención o prisión producida con infracción a la Constitución o a la ley. La reforma procesal penal establece el “Derecho al Juez”, esto es, que toda persona privada de libertad debe ser conducida, sin demora ante un Juez de Garantía, para que revise la legalidad de la privación de libertad y las condiciones en que se encuentra el afectado.
- Un amparo preventivo, que busca prevenir toda perturbación o amenaza a la libertad personal y seguridad individual.


¿Quiénes pueden interponer un recurso de amparo?

El propio afectado o cualquier persona en su nombre.

¿Se necesita un abogado para interponer un recurso de amparo?

No.


¿Dónde se debe interponer el recurso de amparo?

Para el amparo correctivo, es competente el Juez de Garantía que conoce del caso o bien el juez del lugar donde esté el afectado.

En el caso de amparo preventivo, es competente la Corte de Apelaciones del domicilio del afectado.


¿Hay algún requisito especial para interponer un recurso de amparo?

El único requisito es no haber hecho uso de los otras acciones legales, por parte del afectado.

No hay plazos para interponer los recursos de amparo, mientras se mantenga la privación, amenaza y perturbación de libertad.


¿Cuál es el objetivo del recurso de amparo?

Que el afectado sea llevado frente al juez para que revise la legalidad de la privación de libertad. Si es el caso, se decretará su libertad inmediata o se pondrá al individuo a disposición del juez competente. En general, se busca reestablecer el derecho vulnerado y asegurar la debida protección del afectado.

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