Multas de hasta $36 millones arriesgarían quienes envíen “spam” a través de correos electrónicos
Multas que fluctúan entre $184 mil y $36 millones, en caso de reincidencia, contempla el proyecto que presentaron los senadores Carlos Ominami y Jaime Naranjo, que busca sancionar a quienes envíen “spam” o correos electrónicos de carácter comercial o publicitario, sin contar con la autorización del destinatario.
La iniciativa que también regula el spam telefónico, establece sanciones que van desde las 5 a 1.000 UTM para quienes envíen correos electrónicos de carácter comercial o publicitario, sin contar con la autorización del destinatario; cuando contenga información falsa respecto del remitente o prestador de servicios; en el caso que el “asunto” de dicho mensaje tenga información falsa; o si el remitente o prestador de servicios disfrace el origen de los mensajes o se registre con direcciones diferentes, utilizando información falsa.
Las mismas multas se aplicarán a quienes obtengan direcciones de correos electrónicos de terceros a través de medios automáticos, aplicaciones de software desarrollados o adaptados para la recolección masiva de direcciones a través de Internet o mecanismos automáticos basados en empleo de combinaciones, letras o números.
SPAM TELEFÓNICO
La iniciativa legal, ingresada a la oficina de partes de la Cámara Alta, también establece que la realización de publicidad o de propuestas comerciales de bienes y servicios, por vía telefónica de red fija o móvil, fax u otro medio de comunicación a distancia, sólo podrá hacerse cuando el titular de la línea, haya expresado inequívocamente, consentido en el contrato, o en un acto posterior, este tipo de publicidad.
La iniciativa se fundamenta en que los correos no solicitados enviados por Internet implican mayores costos para los usuarios, quienes deben pagar por el uso del buzón que, sumado al pago por la conexión a la red, se traduce en una situación injusta.
Por otra parte, mediante este tipo de mensajes una empresa o persona puede remitir una cantidad ilimitada de correos publicitarios, tanto como sean las direcciones que pueda conseguir, a un costo bajísimo, provocando molestias y aumento de costos en los receptores.
Según los senadores, esta práctica trae consigo, una disminución importante en el ancho de banda de las redes; un uso intensivo de servidores cuyos materiales y componentes se desgastan con mayor rapidez, y un consumo de energía muy importante por parte de dichos servidores.
Asimismo, los proveedores de servicios de internet deben invertir importantes recursos materiales y humanos para la eliminación de este tipo de correos, así como para la implementación, mantención y actualización de filtros adecuados para prevenir que estas prácticas puedan inutilizar los servicios tecnológicos.
En el caso del llamado Spam telefónico, la moción sostiene que en nuestro país existen un poco más de 3 millones de líneas, las que, según datos de la autoridad, todas han recibido una llamada no deseada de carácter publicitario o promocional.
En tal sentido, la idea del proyecto es dar una regulación a este tipo de mensajes, teniendo como norte siempre el respeto de las personas, su intimidad, el incentivar una competencia leal entre las empresas y desincentivar el uso de prácticas moletas, desleales y engañosas.
La iniciativa que también regula el spam telefónico, establece sanciones que van desde las 5 a 1.000 UTM para quienes envíen correos electrónicos de carácter comercial o publicitario, sin contar con la autorización del destinatario; cuando contenga información falsa respecto del remitente o prestador de servicios; en el caso que el “asunto” de dicho mensaje tenga información falsa; o si el remitente o prestador de servicios disfrace el origen de los mensajes o se registre con direcciones diferentes, utilizando información falsa.
Las mismas multas se aplicarán a quienes obtengan direcciones de correos electrónicos de terceros a través de medios automáticos, aplicaciones de software desarrollados o adaptados para la recolección masiva de direcciones a través de Internet o mecanismos automáticos basados en empleo de combinaciones, letras o números.
SPAM TELEFÓNICO
La iniciativa legal, ingresada a la oficina de partes de la Cámara Alta, también establece que la realización de publicidad o de propuestas comerciales de bienes y servicios, por vía telefónica de red fija o móvil, fax u otro medio de comunicación a distancia, sólo podrá hacerse cuando el titular de la línea, haya expresado inequívocamente, consentido en el contrato, o en un acto posterior, este tipo de publicidad.
La iniciativa se fundamenta en que los correos no solicitados enviados por Internet implican mayores costos para los usuarios, quienes deben pagar por el uso del buzón que, sumado al pago por la conexión a la red, se traduce en una situación injusta.
Por otra parte, mediante este tipo de mensajes una empresa o persona puede remitir una cantidad ilimitada de correos publicitarios, tanto como sean las direcciones que pueda conseguir, a un costo bajísimo, provocando molestias y aumento de costos en los receptores.
Según los senadores, esta práctica trae consigo, una disminución importante en el ancho de banda de las redes; un uso intensivo de servidores cuyos materiales y componentes se desgastan con mayor rapidez, y un consumo de energía muy importante por parte de dichos servidores.
Asimismo, los proveedores de servicios de internet deben invertir importantes recursos materiales y humanos para la eliminación de este tipo de correos, así como para la implementación, mantención y actualización de filtros adecuados para prevenir que estas prácticas puedan inutilizar los servicios tecnológicos.
En el caso del llamado Spam telefónico, la moción sostiene que en nuestro país existen un poco más de 3 millones de líneas, las que, según datos de la autoridad, todas han recibido una llamada no deseada de carácter publicitario o promocional.
En tal sentido, la idea del proyecto es dar una regulación a este tipo de mensajes, teniendo como norte siempre el respeto de las personas, su intimidad, el incentivar una competencia leal entre las empresas y desincentivar el uso de prácticas moletas, desleales y engañosas.
Comentarios