Nominados al Consejo para la Transparencia anunciaron su compromiso con el término del secretismo

Su compromiso e interés a terminar con el secretismo que ha imperado históricamente en la mayoría de los actos de la Administración del Estado, manifestaron los cuatro nominados por la Presidenta de la República para integrar el Consejo para la Transparencia, organismo fundamental para la puesta en marcha de la Ley de Acceso a la Información Pública.
Cumpliendo con los procedimientos acordados para este tipo de nombramientos que requieren la ratificación del Senado, los abogados Raúl Urrutia, Alejandro Ferreiro, Juan Pablo Olmedo y Roberto Guerrero expusieron ante la Comisión de Constitución sus propuestas en torno al Consejo para la Transparencia.
En la sesión –que fue grabada y será transmitida por TV Senado el sábado 4 de octubre a las 22 horas, el domingo a las 19:30 y el lunes a las 8 de la mañana- participaron el Ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo y los senadores José Antonio Gómez, Alberto Espina, Pedro Muñoz, Hernán Larraín, Hosaín Sabag, Sergio Romero, Baldo Prokurica y Jaime Gazmuri.
Durante su exposición los cuatro nominados –que requieren el respaldo de los 2/3 de los senadores en ejercicio, es decir 25 sufragios- coincidieron en que es fundamental el vínculo entre la transparencia y democracia, y manifestaron la intención de que sus decisiones se adopten de manera consensuada.
Mientras el abogado Guerrero señaló que el Consejo tiene una oportunidad única para cambiar culturalmente la administración pública, el abogado Olmedo manifestó que uno de los desafíos del organismo será precisar las causales de reserva que establece la Constitución.
Por su parte, Ferreiro señaló que se abre una puerta para que los chilenos entiendan que deben ejercer sus derechos y exigir del Estado que sus actos sean públicos; mientras que Urrutia advirtió que la función del Consejo será promover que las actuaciones de toda la administración pública y los órganos del Estado sean claras.
Los cuatro personeros responderán a las preguntas que le formularon los senadores en una nueva sesión que se realizará el próximo martes.
GRAN DESAFÍO
Al término del encuentro los senadores Gómez, Espina y Larraín destacaron la importancia y el rol fundamental que tendrá el Consejo para la Transparencia en el proceso de transición de una “cultura del secretismo” a una de la transparencia.
“Lo relevante del debate es que se establecen criterios en la ley, de transparencia absoluta frente a los órganos del Estado y estos consejeros, si son designados, van a tener una tarea enorme y bastante compleja. Tengo al impresión de que la ley a corto andar va a requerir de una revisión, lo que es natural en un país como el nuestro que hoy día está abriendo toda su cultura secreta que tenía por años”, dijo el senador Gómez.
Agregó que el desafío que tendrá dicho organismo “es hacer andar este sistema y tener la sapiencia de tomar decisiones que sean lo suficientemente ponderadas que no afecten ni la seguridad ni el honor de las personas. Es una institución que tiene decisiones muy relevantes”.
A su turno, el senador Espina señaló que las cuatro personas propuestas por la Presidenta de la República tienen todos los requisitos, méritos e idoneidad personal para integrar un cargo de tanta importancia que implica llevar adelante el proceso de apertura de información.
“Creo que este es el principal antídoto contra la corrupción, porque cada vez que hay un caso lo primero que hacen los involucrados es intentar ocultarlo y muchas veces quedan en la impunidad por la imposibilidad de tener a tiempo acceso a la información. Me parece clave que un órgano de esta naturaleza se constituya, que la ley empiece a funcionar y que en Chile existe la debida transparencia de información que hace aplicable ese viejo dicho de quien nada hace nada teme”, sentenció.
Finalmente el senador Larraín-quien junto al senador Gazmuri es autor de una moción que dio origen a la Ley de Acceso a la Información Pública- señaló que el principal desafío es entender que esta es una de las modernizaciones más trascendentales del país, pues apunta a lograr un sustancial aumento de la efectividad de la gestión pública.
“Esto busca asegurar la mayor honestidad y probidad en el trabajo de los órganos del Estado y de los funcionarios públicos y la mayor participación ciudadana en el control de la gestión de las autoridades. Se trata de asegurar que haya una transición positiva desde la cultura del secreto, como ha existido por décadas en Chile a una cultura de la transparencia”, concluyó.

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