Senador Ominami presentó proyecto que regula el factoring no bancario y protege a las pymes
Tal como lo había anunciado la semana pasada, el senador Carlos Ominami presentó hoy un proyecto de ley que regula la actividad del factoring no bancario a objeto de proteger a las pequeñas y medianas empresas de los cobros abusivos que practican algunas de las firmas dedicadas a esa actividad.
Cabe recordar que el parlamentario había presentado una serie de indicaciones a una iniciativa que estaba siendo estudiada por la Comisión de Economía, pero éstas fueron declaradas inadmisibles por no tener relación con la idea matriz del proyecto. De ahí que el parlamentario se comprometiera a presentar sus propuestas en una iniciativa aparte.
En lo fundamental, la moción que deberá ser estudiada por la citada instancia legislativa regula la actividad del factoring, es decir el sistema de financiamiento en el cual, por contrato, una empresa traspasa a otra el servicio de cobranza de facturas existentes a su favor, obteniendo inmediatamente un porcentaje del dinero comprometido en de dichas operaciones.
Según explicó el parlamentario, la iniciativa busca terminar con los abusos de algunas entidades en el cobro de las tasas de interés a los deudores, superando la desregulación del contrato de factoring y mejorando las posibilidades de acceso al crédito de las Pymes.
ALCANCES DEL PROYECTO
La moción del senador Ominami precisa la oportunidad de pago de las grandes empresas a sus clientes, obligándolas a asumir el costo financiero con tasas penales que deben pagar las Pymes por el retraso en el pago a sus acreedores.
Asimismo, aumenta la simetría de los mercados, conceptualizando el contrato de factoring, definiendo qué intereses pueden cobrarse en las operaciones realizadas; precisando qué personas jurídicas pueden realizar la actividad de factoraje; indicando normas que regulan el riesgo por el caso de insolvencia de los deudores y estableciendo obligaciones que el factor debe cumplir en el desempeño de su actividad.
El proyecto aumenta la transparencia en los mercados más informales, obligándolos a entregar liquidaciones con toda la información de cobros y retenciones en el origen y en la liquidación de las respectivas operaciones, de manera de poder detectar la real tasa de interés que cobran.
Según el parlamentario “se ha hecho un importante esfuerzo por dar facilidades para el cobro de los créditos contenidos en facturas, y su cesión, pero sin regular mayormente el fondo del negocio”.
En tal sentido, explicó que la normativa vigente no considera mayores límites a las operaciones que puede efectuar un factor, en cuanto al tipo de documentos a descontar, monto de las retenciones y comisiones. Sólo existe una prohibición para los Bancos, en cuanto a efectuar descuentos de cheques.
“Las normas aplicables al factoring sólo regulan tangencialmente algunas actividades dentro del factoraje, pero no conceptualiza al contrato, ni impone limitaciones en aras de evitar situaciones injustas, toda vez que la ley debería ser expresión de justicia”, sentenció.
Cabe recordar que el parlamentario había presentado una serie de indicaciones a una iniciativa que estaba siendo estudiada por la Comisión de Economía, pero éstas fueron declaradas inadmisibles por no tener relación con la idea matriz del proyecto. De ahí que el parlamentario se comprometiera a presentar sus propuestas en una iniciativa aparte.
En lo fundamental, la moción que deberá ser estudiada por la citada instancia legislativa regula la actividad del factoring, es decir el sistema de financiamiento en el cual, por contrato, una empresa traspasa a otra el servicio de cobranza de facturas existentes a su favor, obteniendo inmediatamente un porcentaje del dinero comprometido en de dichas operaciones.
Según explicó el parlamentario, la iniciativa busca terminar con los abusos de algunas entidades en el cobro de las tasas de interés a los deudores, superando la desregulación del contrato de factoring y mejorando las posibilidades de acceso al crédito de las Pymes.
ALCANCES DEL PROYECTO
La moción del senador Ominami precisa la oportunidad de pago de las grandes empresas a sus clientes, obligándolas a asumir el costo financiero con tasas penales que deben pagar las Pymes por el retraso en el pago a sus acreedores.
Asimismo, aumenta la simetría de los mercados, conceptualizando el contrato de factoring, definiendo qué intereses pueden cobrarse en las operaciones realizadas; precisando qué personas jurídicas pueden realizar la actividad de factoraje; indicando normas que regulan el riesgo por el caso de insolvencia de los deudores y estableciendo obligaciones que el factor debe cumplir en el desempeño de su actividad.
El proyecto aumenta la transparencia en los mercados más informales, obligándolos a entregar liquidaciones con toda la información de cobros y retenciones en el origen y en la liquidación de las respectivas operaciones, de manera de poder detectar la real tasa de interés que cobran.
Según el parlamentario “se ha hecho un importante esfuerzo por dar facilidades para el cobro de los créditos contenidos en facturas, y su cesión, pero sin regular mayormente el fondo del negocio”.
En tal sentido, explicó que la normativa vigente no considera mayores límites a las operaciones que puede efectuar un factor, en cuanto al tipo de documentos a descontar, monto de las retenciones y comisiones. Sólo existe una prohibición para los Bancos, en cuanto a efectuar descuentos de cheques.
“Las normas aplicables al factoring sólo regulan tangencialmente algunas actividades dentro del factoraje, pero no conceptualiza al contrato, ni impone limitaciones en aras de evitar situaciones injustas, toda vez que la ley debería ser expresión de justicia”, sentenció.
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