Tramitan proyecto que aplica ley de compras públicas a municipios
La iniciativa busca proteger la previsión de los trabajadores y hace aplicable la normativa de compras públicas a las concesiones de servicios municipales, como el retiro de la basura.
El objetivo es transparentar el procedimiento de otorgamiento de dichas concesiones y dotar de mayor protección laboral y previsional a los trabajadores que presten sus servicios a los contratistas concesionarios, dentro de los cuales se encuentran los pertenecientes al rubro de la extracción de residuos sólidos domiciliarios.El texto, originado en un mensaje del Ejecutivo (Boletín N° 5924), modifica la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, para hacer aplicables estos procedimientos, contenidos en la ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.Dicha ley se funda en los principios de transparencia y publicidad, propendiendo a la mejora en la calidad de los productos y servicios requeridos, al aumentar la competitividad entre los proveedores.Además, favorece la participación de aquellos proveedores que exhiban mejores condiciones de empleo y remuneración, al beneficiarlos con mayores puntajes en las evaluaciones de sus ofertas.El proyecto se encuentra actualmente en primer trámite constitucional en la Comisión de Gobierno Interior.
El objetivo es transparentar el procedimiento de otorgamiento de dichas concesiones y dotar de mayor protección laboral y previsional a los trabajadores que presten sus servicios a los contratistas concesionarios, dentro de los cuales se encuentran los pertenecientes al rubro de la extracción de residuos sólidos domiciliarios.El texto, originado en un mensaje del Ejecutivo (Boletín N° 5924), modifica la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, para hacer aplicables estos procedimientos, contenidos en la ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.Dicha ley se funda en los principios de transparencia y publicidad, propendiendo a la mejora en la calidad de los productos y servicios requeridos, al aumentar la competitividad entre los proveedores.Además, favorece la participación de aquellos proveedores que exhiban mejores condiciones de empleo y remuneración, al beneficiarlos con mayores puntajes en las evaluaciones de sus ofertas.El proyecto se encuentra actualmente en primer trámite constitucional en la Comisión de Gobierno Interior.
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