Autor de requerimiento ante TC reafirma inconstitucionalidad del préstamo BID al Transantiago
El abogado de Libertad y Desarrollo, Alex Buchheister , dijo que el contrato del crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo requería de una ley, lo que no se cumplió.
"Sólo se puede pedir un préstamo de estas características cuando su período de pago no exceda el período presidencial; para exceder este plazo, se requiere de quórum calificado y el préstamo BID al Transantiago se tendrá que pagar durante los próximos 4 gobiernos", explicó Buchheister ayer a la Comisión Investigadora, que preside el diputado Carlos Olivares.
El abogado señaló que si un préstamo compromete la estabilidad financiera del Estado, se requiere de la dictación de una ley. Calificó la petición de este crédito como una "infracción a la Constitución, ya que vulnera el rechazo del Parlamento a aprobar un aumento de fondos para el Transantiago en la Ley de Presupuestos".
Cronología de los créditos al Transantiago
El préstamo del BID fue la tercera operación financiera a la que el Transantiago recurrió para financiarse, debido al déficit mensual de 30 millones de dólares que el sistema registra. Previamente, Metro facilitó 80 millones de dólares y luego BancoEstado aportó otros 160 millones.
Ante esto, el abogado recordó la cronología de los eventos que llevaron a que el préstamo BID fuera declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional (TC). El primer paso fue el rechazo del Congreso en la Ley del Presupuestos a aumentar los fondos para el sistema de transporte público de Santiago.
Debido a esto, el Gobierno solicitó un préstamo a BancoEstado de US$160 millones, vía oficio, lo que la Contraloría estimó que debía hacerse vía Decreto Supremo, con la aprobación de los Ministerios de Transportes y Hacienda.
Subrayó Buchheister que "la Contraloría en ese momento señaló que no podía pronunciarse por la ilegalidad del contrato contraído con BancoEstado".
Añadió el abogado que se realizó una revisión del fallo, rechazándose el decreto que aprobaba los US$160 millones. "Este fallo corresponde al 22 de mayo, pero antes de esto el Ministerio ya había aprobado, el 16 de mayo, un crédito por US$ 400 millones con el BID".
Finalmente, un grupo de senadores, representados por Buchheister, pidió una nueva revisión al TC por este acontecimiento y el crédito del BID fue declarado inconstitucional.
Cuenta Especial de Reembolso no es privada
Otro de los puntos que recalcó Buchheister en su exposición fue que la cuenta especial de reembolso, aprobada mediante la Ley 20.206, no constituye una entidad privada, como ha señalado el Gobierno.
"No veo cómo alguien pudiese sostener que esta cuenta es privada, ya que es creada por mandato de una ley, y los privados no crean empresas por mandatos legales. Además, para endeudarse se requiere de la aprobación de los ministerios y eso jamás se haría en una empresa privada", agregó.
Buchheister también rechazó los dichos del Presidente del Administrador Financiero del Transantiago (AFT), Hernán Somerville, quien recalcó en una sesión anterior de la comisión, que el contrato no había sido invalidado por ningún tribunal. "Si el Tribunal ha declarado inconstitucional los decretos para celebrar el contrato, no se puede sino considerar invalido el contrato que se celebró después", recalcó.
"Nos han dejado pensando"
Finalmente, el diputado Olivares dijo que "la discusión se centra en que si la cuenta es un ente privado o público, y los abogados nos han dejado pensando mucho sobre cómo vamos a seguir adelante con esta discusión".
"Hay razones para pensar que el crédito fue avalado por el estado y que podría haber una contienda jurídica respecto del orden de cómo la cuenta va a entregar los dineros", agregó el parlamentario.
"Sólo se puede pedir un préstamo de estas características cuando su período de pago no exceda el período presidencial; para exceder este plazo, se requiere de quórum calificado y el préstamo BID al Transantiago se tendrá que pagar durante los próximos 4 gobiernos", explicó Buchheister ayer a la Comisión Investigadora, que preside el diputado Carlos Olivares.
El abogado señaló que si un préstamo compromete la estabilidad financiera del Estado, se requiere de la dictación de una ley. Calificó la petición de este crédito como una "infracción a la Constitución, ya que vulnera el rechazo del Parlamento a aprobar un aumento de fondos para el Transantiago en la Ley de Presupuestos".
Cronología de los créditos al Transantiago
El préstamo del BID fue la tercera operación financiera a la que el Transantiago recurrió para financiarse, debido al déficit mensual de 30 millones de dólares que el sistema registra. Previamente, Metro facilitó 80 millones de dólares y luego BancoEstado aportó otros 160 millones.
Ante esto, el abogado recordó la cronología de los eventos que llevaron a que el préstamo BID fuera declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional (TC). El primer paso fue el rechazo del Congreso en la Ley del Presupuestos a aumentar los fondos para el sistema de transporte público de Santiago.
Debido a esto, el Gobierno solicitó un préstamo a BancoEstado de US$160 millones, vía oficio, lo que la Contraloría estimó que debía hacerse vía Decreto Supremo, con la aprobación de los Ministerios de Transportes y Hacienda.
Subrayó Buchheister que "la Contraloría en ese momento señaló que no podía pronunciarse por la ilegalidad del contrato contraído con BancoEstado".
Añadió el abogado que se realizó una revisión del fallo, rechazándose el decreto que aprobaba los US$160 millones. "Este fallo corresponde al 22 de mayo, pero antes de esto el Ministerio ya había aprobado, el 16 de mayo, un crédito por US$ 400 millones con el BID".
Finalmente, un grupo de senadores, representados por Buchheister, pidió una nueva revisión al TC por este acontecimiento y el crédito del BID fue declarado inconstitucional.
Cuenta Especial de Reembolso no es privada
Otro de los puntos que recalcó Buchheister en su exposición fue que la cuenta especial de reembolso, aprobada mediante la Ley 20.206, no constituye una entidad privada, como ha señalado el Gobierno.
"No veo cómo alguien pudiese sostener que esta cuenta es privada, ya que es creada por mandato de una ley, y los privados no crean empresas por mandatos legales. Además, para endeudarse se requiere de la aprobación de los ministerios y eso jamás se haría en una empresa privada", agregó.
Buchheister también rechazó los dichos del Presidente del Administrador Financiero del Transantiago (AFT), Hernán Somerville, quien recalcó en una sesión anterior de la comisión, que el contrato no había sido invalidado por ningún tribunal. "Si el Tribunal ha declarado inconstitucional los decretos para celebrar el contrato, no se puede sino considerar invalido el contrato que se celebró después", recalcó.
"Nos han dejado pensando"
Finalmente, el diputado Olivares dijo que "la discusión se centra en que si la cuenta es un ente privado o público, y los abogados nos han dejado pensando mucho sobre cómo vamos a seguir adelante con esta discusión".
"Hay razones para pensar que el crédito fue avalado por el estado y que podría haber una contienda jurídica respecto del orden de cómo la cuenta va a entregar los dineros", agregó el parlamentario.
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