Senadores de la Alianza denuncian retraso en cumplimiento del acuerdo nacional sobre seguridad ciudadana

Una dura crítica al Ejecutivo por el retraso que ha tenido la materialización del acuerdo nacional de seguridad suscrito en noviembre del año pasado entre el gobierno y la oposición, hicieron los senadores e integrantes de la Comisión de Constitución, Andrés Chadwick y Alberto Espina.




Los parlamentarios, que tuvieron un rol preponderante en la construcción de dicho acuerdo, señalaron que sólo uno de los 15 puntos que contemplaba la agenda se ha materializado. Se trata de la ley que sanciona el robo de cables de cobre y de elementos que formen parte del mobiliario público.



A juicio de los parlamentarios, ello demuestra el “incumplimiento y la desidia” que han tenido las autoridades en la materia.



“Aquí hay una flagrante violación del gobierno a este acuerdo de seguridad ciudadana y una constatación de su falta de voluntad política para avanzar en un tema que es de los que más preocupa a la ciudadanía”, manifestó el senador Espina.



Agregaron que pese que se estableció un calendario con plazos acotados para ir despachando las distintas iniciativas de ley, éste no se ha cumplido.



Ambos senadores manifestaron que uno de los objetivos de este acuerdo era darle celeridad a materias que ya estaban en tramitación y lamentaron que pese a que ha transcurrido casi un año desde que se firmó este acuerdo, muchos de ellos no hayan tenido avances.



PUNTOS DEL ACUERDO



Entre los proyectos que aludieron los senadores Chadwick y Espina se encuentran la reforma constitucional que consagra la obligación del Estado de proporcionar defensa penal a las víctimas, un proyecto sobre normas de orden público, otro sobre comercio ilegal, otro sobre el establecimiento de registros de teléfonos móviles de prepagos y la modificación de la ley de control de armas.



De ellos, el que crea un órgano responsable de la defensa de las víctimas se encuentra en la Cámara de Diputados cumpliendo su primer trámite y sin mayor movimiento; el que crea registros de teléfonos fue rechazado; mientras que los proyectos sobre orden público y comercio ilegal fueron aprobados por la Sala del Senado hace un par de semanas.



En cuanto a la creación de un Ministerio del Interior y de Seguridad Pública y del Conace como servicio público, la iniciativa está cumpliendo su primer trámite legislativo en el Senado y a un paso de ser despachado a la Cámara de Diputados.



No obstante, a juicio de los legisladores, lo más grave es que no se entregaron los 4 mil millones de pesos prometidos para las unidades de Atención de Víctimas y Testigos del Ministerio Público.



Asimismo, sostienen que no ha habido novedades respecto a los anuncios en materia de prevención de conductas delictuales y rehabilitación; y lamentaron que tampoco haya sido enviado al Congreso un proyecto que contemple una nueva institucionalidad para el Servicio de Menores.



Según los senadores ni siquiera se ha respetado el informe semestral que el Ministerio del Interior debe entregar al Congreso Nacional sobre todas las políticas públicas y los programas vinculados a la seguridad ciudadana, puesto que sólo se habría hecho parcialmente el segundo semestre de 2007.



“Por eso le pedimos a la Presidenta Michelle Bachelet que le exija a sus ministros el cumplimiento de la palabra empeñada por el gobierno y ponga urgencia a todos los proyectos que incluye este acuerdo”, dijo el senador Espina.

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