Piden que pago de licencias médicas sea un derecho consagrado de los trabajadores
Tras un largo y profundo análisis sobre el retraso del pago de licencias médicas, las Comisiones Unidas de Salud y Trabajo pidieron al Ejecutivo una norma que establezca el derecho expreso de su cancelación oportuna.
El diputado PS Manuel Monsalve, uno de los gestores de la iniciativa, explicó que cerca de la mitad de las 3 millones 600 mil licencias médicas que se tramitan al año en el sector público, se están pagando con un retraso superior a los 60 días, lo cual trae un serio perjuicio para las familias afectadas.
Dijo que el Ministro de Salud, Álvaro Erazo, informó que el Gobierno se fijó como meta que al 30 de marzo del presente año, todas las licencias que no requieran de peritaje se paguen antes de los 30 días. "Me parece un gran esfuerzo, ya que las licencias médicas sin peritaje son el 80% de las que se tramitan en Chile, pero yo esperaría que eso fuera un derecho y no sólo una meta del Ministerio de Salud", acotó.
En esta línea, el diputado Monsalve indicó que se le solicitó al Ministro evaluar la propuesta presentada, con la idea que se pueda plasmar en un proyecto de ley que consagre este derecho para los trabajadores. Entretanto, especificó, se continuará ampliando el consenso político y social para apoyar dicha iniciativa.
El Ministro Erazo se mostró conforme con el espíritu de la propuesta de los diputados, pero alertó que el establecimiento de una norma como esa "significaría un cambio institucional y un arreglo desde el punto de vista organizacional que es preciso estudiar con detenimiento".
Enfatizó que "aquí el planteamiento es compatibilizar un derecho establecido en el Código del Trabajo con la necesidad de mejorar la gestión que tenemos que hacer con la institucionalidad que hemos creado".
Acortamiento de los plazos
En ese sentido, destacó la importancia del plan fijado por el Ministerio, de acotar el plazo de pago de las licencias sin peritajes a 30 días y las con peritajes a 60 días. Asimismo, anticipó que el Gobierno, dentro del primer semestre de este año, estará en condiciones de poner en marcha el sistema de licencias médicas electrónicas en el sistema público.
Según explicó el Superintendente de Seguridad Social, Álvaro Elizalde, el nuevo sistema será parecido al que ya se aplica en el Servicio de Impuestos Internos y la idea central será agilizar los procesos que hoy se realizan por los formularios de papel. "En el sector privado el sistema ya viene funcionando desde el 23 de septiembre de 2007 y el resultado ha sido la reducción a un tercio el tiempo de respuesta", indicó.
Sanciones
Un tema que también estuvo en la palestra del debate fue lo relativo a las posibles infracciones y abusos en el sistema. El diputado UDI Patricio Melero llamó a la autoridad a establecer un mecanismo de mayor fiscalización que permita detectar las licencias médicas fraudulentas e incluso propuso la aplicación de sanciones tanto para los médicos que las cursen como para los trabajadores que las soliciten.
La necesidad de una mayor fiscalización concitó un amplio consenso entre los legisladores presentes en la audiencia, sin embargo la posibilidad de sancionar a los trabajadores por estas acciones fue ampliamente rechazada, tanto por el Ministro Erazo como por la mayoría de los diputados, que prefirieron restringir la responsabilidad a quienes cursaran los documentos.
El diputado PS Manuel Monsalve, uno de los gestores de la iniciativa, explicó que cerca de la mitad de las 3 millones 600 mil licencias médicas que se tramitan al año en el sector público, se están pagando con un retraso superior a los 60 días, lo cual trae un serio perjuicio para las familias afectadas.
Dijo que el Ministro de Salud, Álvaro Erazo, informó que el Gobierno se fijó como meta que al 30 de marzo del presente año, todas las licencias que no requieran de peritaje se paguen antes de los 30 días. "Me parece un gran esfuerzo, ya que las licencias médicas sin peritaje son el 80% de las que se tramitan en Chile, pero yo esperaría que eso fuera un derecho y no sólo una meta del Ministerio de Salud", acotó.
En esta línea, el diputado Monsalve indicó que se le solicitó al Ministro evaluar la propuesta presentada, con la idea que se pueda plasmar en un proyecto de ley que consagre este derecho para los trabajadores. Entretanto, especificó, se continuará ampliando el consenso político y social para apoyar dicha iniciativa.
El Ministro Erazo se mostró conforme con el espíritu de la propuesta de los diputados, pero alertó que el establecimiento de una norma como esa "significaría un cambio institucional y un arreglo desde el punto de vista organizacional que es preciso estudiar con detenimiento".
Enfatizó que "aquí el planteamiento es compatibilizar un derecho establecido en el Código del Trabajo con la necesidad de mejorar la gestión que tenemos que hacer con la institucionalidad que hemos creado".
Acortamiento de los plazos
En ese sentido, destacó la importancia del plan fijado por el Ministerio, de acotar el plazo de pago de las licencias sin peritajes a 30 días y las con peritajes a 60 días. Asimismo, anticipó que el Gobierno, dentro del primer semestre de este año, estará en condiciones de poner en marcha el sistema de licencias médicas electrónicas en el sistema público.
Según explicó el Superintendente de Seguridad Social, Álvaro Elizalde, el nuevo sistema será parecido al que ya se aplica en el Servicio de Impuestos Internos y la idea central será agilizar los procesos que hoy se realizan por los formularios de papel. "En el sector privado el sistema ya viene funcionando desde el 23 de septiembre de 2007 y el resultado ha sido la reducción a un tercio el tiempo de respuesta", indicó.
Sanciones
Un tema que también estuvo en la palestra del debate fue lo relativo a las posibles infracciones y abusos en el sistema. El diputado UDI Patricio Melero llamó a la autoridad a establecer un mecanismo de mayor fiscalización que permita detectar las licencias médicas fraudulentas e incluso propuso la aplicación de sanciones tanto para los médicos que las cursen como para los trabajadores que las soliciten.
La necesidad de una mayor fiscalización concitó un amplio consenso entre los legisladores presentes en la audiencia, sin embargo la posibilidad de sancionar a los trabajadores por estas acciones fue ampliamente rechazada, tanto por el Ministro Erazo como por la mayoría de los diputados, que prefirieron restringir la responsabilidad a quienes cursaran los documentos.
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