Cámara aprobó informe de la Comisión BID-Transantiago

Por 44 votos a favor, 35 en contra y 1 abstención, la Cámara aprobó el informe de la Comisión que investigó los créditos otorgados por el BID y el BancoEstado al Transantiago, y que el Tribunal Constitucional había impugnado.

En sus conclusiones, se atribuye al Gobierno una responsabildad colectiva grave, al haber abusado de sus atribuciones y arrogarse facultades que le corresponden exclusivamente al Congreso.

La Sala aprobó, el 11 de septiembre, la creación de una Comisión Investigadora encargada de indagar las presuntas irregularidades en el préstamo que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) le otorgó, a petición del Gobierno, al Transantiago, así como las gestiones de los Ministros de Hacienda y Transportes y las diversas operaciones financieras realizadas para obtener recursos adicionales para el sistema de transportes.

El 2 de septiembre de 2007, el Tribunal Constitucional impugnó el préstamo de 400 millones de dólares otorgado por el BID al Transantiago y el crédito del BancoEstado por 10 millones de dólares, a solicitud de 16 diputados de la Alianza.

Uno de los hechos que provocó controversia fue la toma de razón de la Contraloría General de la República del crédito otorgado por el BancoEstado por US$ 160 millones, y que posteriormente permitió el crédito otorgado por el BID, de US$ 400 millones, y otros US$ 10 millones más entregados pro el Banco Estatal.

De acuerdo a los Ministros de Hacienda, Andrés Velasco, y de Transportes, René Cortázar, la toma de razón de la Contraloría avaló estas transacciones. Sin embargo, el Contralor Ramiro Mendoza aclaró posteriormente que la labor de fiscalización no garantiza la operación crediticia, sino que el organismo sólo se pronunció respecto de la potestad de las autoridades para realizar dicha transacción y no sobre los contratos celebrados y menos cuando éstos son entre privados.

El Contralor Mendoza informó adicionalmente que la cuenta de reembolso asociada a la adquisición de los créditos era privada, argumento que, a juicio de quienes respaldan el proceder del Gobierno, refuta las infracciones a la Constitución acogidas por el Tribunal Constitucional, donde al reconocer la participación del Estado en dicha cuenta, consideran que sólo por ley puede entregarse dinero al Transantiago.

Conclusiones de la Comisión

Luego del extenso trabajo de la Comisión Investigadora, que presidió el diputado Carlos Olivares, se presentaron las conclusiones, las que fueron votadas además por los diputados Julio Dittborn, Jorge Insunza, Patricio Melero, Cristián Monckeberg, Claudia Nogueira, José Miguel Ortiz, Osvaldo Palma, María Antonieta Saa, Gabriel Silber, Raúl Súnico, Gonzalo Uriarte y Samuel Venegas.

En el informe, se menciona que la Cuenta Especial de Reembolso (CER) fue legalmente autorizada con el único fin de hacer operativo el reintegro de los aportes reembolsables que le otorgó el Fondo de Estabilización del Transantiago al Sistema, y que sus facultades de endeudamiento respondían exclusivamente a mantener adecuadamente el pago al Estado. Es decir fue establecida en beneficio y resguardo financiero del Estado y no en su perjuicio.

Se agrega que la CER fue desviada de sus fines, través de las instrucciones del Ministerio de Transportes, para obtener financiamiento para la operatividad del Sistema y no para rembolsar al Fisco, finalidad de la que se dejó constancia en la historia fidedigna de la ley N° 20.206 que creó dicha Cuenta.

Responsabilidad del Gobierno y empresa en quiebra

El informe atribuye al Gobierno una responsabilidad colectiva grave en los hechos constitutivos de la Comisión Investigadora, por haber abusado de sus atribuciones, arrogándose, con ello, facultades que, de acuerdo al ordenamiento jurídico chileno, le corresponden exclusivamente al Congreso Nacional.

Asimismo, se menciona que la situación actual de Transantiago es financieramente desesperada; de aplicarse a su situación las normas de derecho común se trataría de una empresa en quiebra.

Medidas del P arlamento

También se indica que el Parlamento debe adoptar medidas concretas para que se ponga límite al despilfarro del erario nacional; y que la utilización de la Cuenta Especial de Reembolso para fines diversos a los autorizados en la ley N° 20.206, por mandato expreso del Gobierno y la responsabilidad, directa o indirecta, del Estado de Chile frente a los compromisos financieros adquiridos con cargo a aquélla, parecieran demostrar que existe algún grado de responsabilidad imputable a determinados órganos del Gobierno.

Rol de los Ministros de Hacienda y Transporte

El texto indica que los Ministros de Transportes, René Cortázar, y de Hacienda, Andrés Velasco, jugaron un rol activo en la concreción de una estrategia política, técnica y comunicacional destinada a sustentar una construcción jurídica que, vulnerando la Constitución y las Leyes, permitiera seguir financiando el sistema de transportes de Santiago, por una vía alternativa al Congreso Nacional.

Por ello, se menciona que "el reproche debe dirigirse a los Ministros de Transportes y Telecomunicaciones, de Hacienda, a sus Asesores Jurídicos y Fiscales; y asimismo, a la Corfo, a su Vicepresidente Ejecutivo y a representantes; todos quienes, no obstante las advertencias del Tribunal Constitucional y de los abogados externos que, con ocasión de la discusión del crédito del Banco del Estado, representaron sus reparos a los procedimientos efectuados, perseveraron en este accionar".

Por último, se menciona que la actuación del BID en la operación que autorizó un crédito por US$ 400 millones al Transantiago, fue desprolija e irresponsable, a la hora de establecer los controles adecuados y tuvo un trato disímil, a la hora de verificar el cumplimiento taxativo de las regulaciones que caracterizan este tipo de créditos entre la institución y los privados, precisamente, por las garantías que el Estado de Chile presentó para poder sustentar este crédito. Por esta razón, es preciso representar al BID esta circunstancia, para evitar que en el futuro puedan volver a autorizarse créditos que vulneren la legalidad y la constitucionalidad vigentes en Chile.

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