Comisión de Constitución aprueba creación del Defensor Ciudadano
Los integrantes de la comisión despacharon el nuevo proyecto enviado por el Gobierno (boletín 6232), que crea la figura del defensor ciudadano, iniciativa a la que el Ejecutivo le asignó urgencia de "discusión inmediata".
Defender las garantías constitucionales, los derechos garantizados por leyes vigentes o por tratados internacionales ratificados por Chile es la función que deberá ejercer la nueva figura de Defensor Ciudadano.
Así lo explicó el Subsecretario General de la Presidencia, Edgardo Riveros, una vez que el grupo parlamentario despachó el proyecto y lo dejó en condiciones de ser votado en la Sala.
La propuesta crea un órgano especializado y autónomo para la protección de los derechos de las personas “frente a actos u omisiones que puedan cometer órganos del Estado o personas jurídicas privadas que hayan obtenido alguna concesión o licitación de servicio público”, explicó el subsecretario.
“La Comisión de Constitución ha logrado un acuerdo que esperamos se ratifique en la Sala, y podamos tener esta institución que busca es defender a las personas frente a abusos que comete el Estado”, comentó el diputado independiente Pedro Araya, quien asegura que “a través de esta institución se fortalecen más los derechos de las personas”.
Protector de garantías ante privados?
La piedra de tope en la discusión parlamentaria sigue siendo la posibilidad de que la nueva figura pública defienda a los ciudadanos de la acción de empresas privadas que ejercen concesiones de utilidad pública.
El presidente de la comisión, diputado Edmundo Eluchans (UDI), considera que “el gobierno insiste en una cuestión que es un poco majadera”, pues, a su parecer, el rol del defensor ciudadano debe ser “proteger al ciudadano en sus derechos y garantías, sólo frente a la actuación de los órganos de la administración del Estado”, como ocurre en otros países.
“No queremos hacer crecer más el aparato del Estado, existen ya suficientes organismos que tienen por tarea supervigilar los servicios que prestan las empresas”, agregó el diputado, explicando que en este punto del proyecto aún no se llega a un acuerdo, por lo que anunció el posible rechazo de esta iniciativa en la Sala.
El proyecto se encuentra con discusión inmediata, por lo que podría ser votado este jueves. Para su aprobación, por tratarse de una reforma constitucional, se requieren los 3/5 de los votos de los diputados en ejercicio, de manera que no bastan los votos de los diputados de gobierno para despachar la iniciativa
Defender las garantías constitucionales, los derechos garantizados por leyes vigentes o por tratados internacionales ratificados por Chile es la función que deberá ejercer la nueva figura de Defensor Ciudadano.
Así lo explicó el Subsecretario General de la Presidencia, Edgardo Riveros, una vez que el grupo parlamentario despachó el proyecto y lo dejó en condiciones de ser votado en la Sala.
La propuesta crea un órgano especializado y autónomo para la protección de los derechos de las personas “frente a actos u omisiones que puedan cometer órganos del Estado o personas jurídicas privadas que hayan obtenido alguna concesión o licitación de servicio público”, explicó el subsecretario.
“La Comisión de Constitución ha logrado un acuerdo que esperamos se ratifique en la Sala, y podamos tener esta institución que busca es defender a las personas frente a abusos que comete el Estado”, comentó el diputado independiente Pedro Araya, quien asegura que “a través de esta institución se fortalecen más los derechos de las personas”.
Protector de garantías ante privados?
La piedra de tope en la discusión parlamentaria sigue siendo la posibilidad de que la nueva figura pública defienda a los ciudadanos de la acción de empresas privadas que ejercen concesiones de utilidad pública.
El presidente de la comisión, diputado Edmundo Eluchans (UDI), considera que “el gobierno insiste en una cuestión que es un poco majadera”, pues, a su parecer, el rol del defensor ciudadano debe ser “proteger al ciudadano en sus derechos y garantías, sólo frente a la actuación de los órganos de la administración del Estado”, como ocurre en otros países.
“No queremos hacer crecer más el aparato del Estado, existen ya suficientes organismos que tienen por tarea supervigilar los servicios que prestan las empresas”, agregó el diputado, explicando que en este punto del proyecto aún no se llega a un acuerdo, por lo que anunció el posible rechazo de esta iniciativa en la Sala.
El proyecto se encuentra con discusión inmediata, por lo que podría ser votado este jueves. Para su aprobación, por tratarse de una reforma constitucional, se requieren los 3/5 de los votos de los diputados en ejercicio, de manera que no bastan los votos de los diputados de gobierno para despachar la iniciativa
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