Complejo escenario para el pago de la deuda histórica del magisterio
Los diputados integrantes de la Comisión que estudia esta deuda, deberán presentar en la próxima sesión una propuesta donde señalen la estimación de la deuda y una fórmula para financiarla.
A casi dos meses de trabajo, la Comisión Especial sobre Deuda Histórica comenzó los primeros balances de la información que han recibido hasta la fecha. En exposiciones presentadas por la secretaría de esta instancia y la Biblioteca del Congreso, analizaron las posturas expresadas por el Gobierno, el Colegio de Profesores y la Contraloría, además del marco judicial en torno a la llamada "deuda del magisterio".
"Hay un debate sobre cuál es el alcance de la deuda. Hay opiniones que dicen que ésta no existe y otras que sí", comentó el presidente de la Comisión, diputado PS Carlos Montes, a la salida de la primera sesión luego del receso legislativo del mes de febrero.
Para la próxima sesión, cada uno de los miembros de la Comisión deberá entregar una propuesta, donde señalen en cuánto estiman la deuda y cómo debería financiarse, ya que como explicó el diputado Montes "esta es una deuda de tal magnitud que no es posible que se financie con el Tesoro Público, tiene que financiarse con algún tipo de impuesto", recordando que la máxima cifra expuesta bordea los 14 mil millones de dólares.
Visión de la Contraloría
Antes del receso legislativo, la Comisión recibió la visita de representantes de la Contraloría General de la República, quienes redujeron drásticamente la deuda histórica de los profesores al señalar que luego de la dictación del Estatuto de los Profesionales de la Educación, Ley 19.070, esta asignación establecida en el Decreto Ley 3551 de 1981 quedó derogada.
De acuerdo a la postura de la Contraloría, sólo algunos profesores pudieron mantener la asignación por la vía de haber conservado el régimen previsional y remuneratorio antiguo, y otros porque pactaron una remuneración parecida. Pero al dictarse la Ley 19.070 -que es el estatuto de los profesionales de la educación, que rige desde 1991-, quedó absolutamente derogada cualquier norma remuneratoria que pudiera afectar a los profesores.
En los informes que escucharon los diputados en la sesión, el presidente de esta instancia consideró que existe "una fuerte consistencia entre lo que ha planteado la Corte Suprema y lo que plantea la Contraloría", esto es la reducción de los beneficios pendientes.
Lo favorable de esta situación, a juicio del legislador, es que "entre menor es la deuda más posibilidades hay de llegar a un acuerdo" con los profesores para encontrar algún tipo de mecanismo de pago, "pero nosotros tenemos que ser rigurosos y tener una interpretación jurídica lo más apegada a derecho, y a su vez ver alternativas económicas viables", agregó el diputado Montes.
A casi dos meses de trabajo, la Comisión Especial sobre Deuda Histórica comenzó los primeros balances de la información que han recibido hasta la fecha. En exposiciones presentadas por la secretaría de esta instancia y la Biblioteca del Congreso, analizaron las posturas expresadas por el Gobierno, el Colegio de Profesores y la Contraloría, además del marco judicial en torno a la llamada "deuda del magisterio".
"Hay un debate sobre cuál es el alcance de la deuda. Hay opiniones que dicen que ésta no existe y otras que sí", comentó el presidente de la Comisión, diputado PS Carlos Montes, a la salida de la primera sesión luego del receso legislativo del mes de febrero.
Para la próxima sesión, cada uno de los miembros de la Comisión deberá entregar una propuesta, donde señalen en cuánto estiman la deuda y cómo debería financiarse, ya que como explicó el diputado Montes "esta es una deuda de tal magnitud que no es posible que se financie con el Tesoro Público, tiene que financiarse con algún tipo de impuesto", recordando que la máxima cifra expuesta bordea los 14 mil millones de dólares.
Visión de la Contraloría
Antes del receso legislativo, la Comisión recibió la visita de representantes de la Contraloría General de la República, quienes redujeron drásticamente la deuda histórica de los profesores al señalar que luego de la dictación del Estatuto de los Profesionales de la Educación, Ley 19.070, esta asignación establecida en el Decreto Ley 3551 de 1981 quedó derogada.
De acuerdo a la postura de la Contraloría, sólo algunos profesores pudieron mantener la asignación por la vía de haber conservado el régimen previsional y remuneratorio antiguo, y otros porque pactaron una remuneración parecida. Pero al dictarse la Ley 19.070 -que es el estatuto de los profesionales de la educación, que rige desde 1991-, quedó absolutamente derogada cualquier norma remuneratoria que pudiera afectar a los profesores.
En los informes que escucharon los diputados en la sesión, el presidente de esta instancia consideró que existe "una fuerte consistencia entre lo que ha planteado la Corte Suprema y lo que plantea la Contraloría", esto es la reducción de los beneficios pendientes.
Lo favorable de esta situación, a juicio del legislador, es que "entre menor es la deuda más posibilidades hay de llegar a un acuerdo" con los profesores para encontrar algún tipo de mecanismo de pago, "pero nosotros tenemos que ser rigurosos y tener una interpretación jurídica lo más apegada a derecho, y a su vez ver alternativas económicas viables", agregó el diputado Montes.
Comentarios