Diputados presentan reparos a proyecto sobre subsidio a contratación de jóvenes y adelantan perfeccionamientos
En una intensa jornada de trabajo y en medio múltiples reparos y cuestionamientos, la Ministra de Trabajo, Claudia Serrano, presentó a los diputados de la Comisión de Hacienda el proyecto que busca incentivar la contratación de jóvenes de los grupos más vulnerables de la población.
La iniciativa (boletín 6393), que ingresó a trámite legislativo en la Cámara de Diputados el pasado martes con calificación de suma urgencia (máximo diez días de discusión), propone la entrega de un subsidio al empleo para los jóvenes de entre 18 y 24 años (inclusive), que pertenezcan a los dos grupos sociales más vulnerables de la sociedad y cuyos ingresos anuales sean inferiores a $4.320.000.
El subsidio está constituido por dos componentes: un pago al joven trabajador y un pago al empleador para incentivar la contratación. El beneficio respecto del empleador será siempre mensual. En cambio, el que corresponda al trabajador dependiente o independiente será anual, sin perjuicio que el trabajador dependiente podrá optar a pagos provisionales mensuales del subsidio.
La Ministra Serrano destacó que esta iniciativa, propuesta a la Presidenta Michelle Bachelet por el Consejo de Equidad, es pionera en Latinoamérica y que sólo tiene una referencia en países desarrollados como Estados Unidos, Inglaterra y Australia, donde se habría desarrollado con éxito.
Explicó que el beneficio contempla una gradualidad de aporte estatal que depende de la remuneración real que el trabajador percibe. Así, un joven que reciba un ingreso mínimo mensual ($159.000), por ejemplo, recibiría un subsidio más alto que aquellos más cercanos al tope de los $360.000.
En todo caso, advirtió que este subsidio es incompatible con otros beneficios similares y que no se aplicará para aquellos trabajadores que accedan al sector público, incluyendo a las municipalidades.
Valoración condicionada
Ni las atractivas estadísticas mostradas por el Gobierno, ni las referencias internacionales aportadas por los asesores de los Ministerios de Hacienda y de Trabajo, fueron suficientes para convencer a cabalidad a los diputados presentes respecto de la eficacia de la puesta en marcha del beneficio, que representará un costo fiscal de $50.000 millones para 2009.
Si bien todos los sectores políticos valoraron el espíritu de la iniciativa y, en sus grandes márgenes, se mostraron partidarios de apoyarla, el ánimo expresado en la Comisión va en la dirección de introducir perfeccionamientos para que este instrumento de asistencia fiscal sea una herramienta que cumpla con su objetivo de aumentar la formalidad en el mercado laboral de los trabajadores jóvenes de escasos recursos.
Para el presidente de la Comisión de Hacienda, diputado PPD Eugenio Tuma, "si se pone el proyecto en una balanza, claramente hay más características positivas que negativas".
"Es una iniciativa inimaginable en años anteriores y la principal virtud es que no es aplicable sólo por un período sino que será una política permanente. Ahora, es importante minimizar los eventuales fraudes y corregir el proyecto, como por ejemplo, facilitando su acceso mediante un pago obligatorio a través de la cuenta RUT del BancoEstado", indicó.
El diputado DC Pablo Lorenzini también se manifestó conforme con la propuesta, aunque lamentó que el Gobierno se cerrara a ampliar el beneficio a otros sectores vulnerables de la sociedad. Asimismo, coincidió con sus colegas en que "es preciso realizar una adecuada fiscalización para verificar que el subsidio llegue a donde tiene que llegar".
Para el socialista Carlos Montes, el proyecto puede ser una eficaz herramienta frente a la crisis en 2009, aunque manifestó sus aprensiones respecto de la actitud que pueda adoptar el empresariado frente a la entrega del beneficio. "Me gustaría saber cómo se asegura que los empresarios no rebajarán los sueldos de sus empleados en la proporción del subsidio recibido", planteó.
El diputado UDI Julio Dittborn cuestionó la efectividad del proyecto para evitar un aumento de desempleo durante 2009 y planteó sus dudas respecto de los efectos en el mercado laboral. "Yo tengo varios repararos. Creo que, más que generar nuevos tra bajos, lo que hará será sustituir a personas mayores de 24 años por jóvenes beneficiadas con este subsidio. Así, aumentaríamos la empleabilidad entre los jóvenes, pero con un incremento de la cesantía entre las personas mayores de 25 años", enfatizó.
Pese a los variados reparos, la Ministra Serrano se mostró satisfecha por el resultado de la sesión y dispuesta a discutir los perfeccionamientos que sean necesarios para obtener el mejor instrumento posible. Asimismo, aunque insistió en que el grupo de beneficiados se mantendrá acotado a los jóvenes de escasos recursos, no descartó en el futuro el envío de otro proyecto similar beneficiando a nuevos sectores de la población.
La Comisión de Hacienda continuará analizando este proyecto el martes de la próxima semana, esperándose recibir en audiencia al Ministro de Hacienda, Andrés Velasco; al presidente del Consejo de Equidad, Patricio Meller; y a la especialista del Instituto Libertad y Desarrollo, Rosana Acosta.
El acuerdo de la Comisión es votar en la misma jornada la idea de legislar e iniciar el debate del articulado y de las indicaciones que se presenten
La iniciativa (boletín 6393), que ingresó a trámite legislativo en la Cámara de Diputados el pasado martes con calificación de suma urgencia (máximo diez días de discusión), propone la entrega de un subsidio al empleo para los jóvenes de entre 18 y 24 años (inclusive), que pertenezcan a los dos grupos sociales más vulnerables de la sociedad y cuyos ingresos anuales sean inferiores a $4.320.000.
El subsidio está constituido por dos componentes: un pago al joven trabajador y un pago al empleador para incentivar la contratación. El beneficio respecto del empleador será siempre mensual. En cambio, el que corresponda al trabajador dependiente o independiente será anual, sin perjuicio que el trabajador dependiente podrá optar a pagos provisionales mensuales del subsidio.
La Ministra Serrano destacó que esta iniciativa, propuesta a la Presidenta Michelle Bachelet por el Consejo de Equidad, es pionera en Latinoamérica y que sólo tiene una referencia en países desarrollados como Estados Unidos, Inglaterra y Australia, donde se habría desarrollado con éxito.
Explicó que el beneficio contempla una gradualidad de aporte estatal que depende de la remuneración real que el trabajador percibe. Así, un joven que reciba un ingreso mínimo mensual ($159.000), por ejemplo, recibiría un subsidio más alto que aquellos más cercanos al tope de los $360.000.
En todo caso, advirtió que este subsidio es incompatible con otros beneficios similares y que no se aplicará para aquellos trabajadores que accedan al sector público, incluyendo a las municipalidades.
Valoración condicionada
Ni las atractivas estadísticas mostradas por el Gobierno, ni las referencias internacionales aportadas por los asesores de los Ministerios de Hacienda y de Trabajo, fueron suficientes para convencer a cabalidad a los diputados presentes respecto de la eficacia de la puesta en marcha del beneficio, que representará un costo fiscal de $50.000 millones para 2009.
Si bien todos los sectores políticos valoraron el espíritu de la iniciativa y, en sus grandes márgenes, se mostraron partidarios de apoyarla, el ánimo expresado en la Comisión va en la dirección de introducir perfeccionamientos para que este instrumento de asistencia fiscal sea una herramienta que cumpla con su objetivo de aumentar la formalidad en el mercado laboral de los trabajadores jóvenes de escasos recursos.
Para el presidente de la Comisión de Hacienda, diputado PPD Eugenio Tuma, "si se pone el proyecto en una balanza, claramente hay más características positivas que negativas".
"Es una iniciativa inimaginable en años anteriores y la principal virtud es que no es aplicable sólo por un período sino que será una política permanente. Ahora, es importante minimizar los eventuales fraudes y corregir el proyecto, como por ejemplo, facilitando su acceso mediante un pago obligatorio a través de la cuenta RUT del BancoEstado", indicó.
El diputado DC Pablo Lorenzini también se manifestó conforme con la propuesta, aunque lamentó que el Gobierno se cerrara a ampliar el beneficio a otros sectores vulnerables de la sociedad. Asimismo, coincidió con sus colegas en que "es preciso realizar una adecuada fiscalización para verificar que el subsidio llegue a donde tiene que llegar".
Para el socialista Carlos Montes, el proyecto puede ser una eficaz herramienta frente a la crisis en 2009, aunque manifestó sus aprensiones respecto de la actitud que pueda adoptar el empresariado frente a la entrega del beneficio. "Me gustaría saber cómo se asegura que los empresarios no rebajarán los sueldos de sus empleados en la proporción del subsidio recibido", planteó.
El diputado UDI Julio Dittborn cuestionó la efectividad del proyecto para evitar un aumento de desempleo durante 2009 y planteó sus dudas respecto de los efectos en el mercado laboral. "Yo tengo varios repararos. Creo que, más que generar nuevos tra bajos, lo que hará será sustituir a personas mayores de 24 años por jóvenes beneficiadas con este subsidio. Así, aumentaríamos la empleabilidad entre los jóvenes, pero con un incremento de la cesantía entre las personas mayores de 25 años", enfatizó.
Pese a los variados reparos, la Ministra Serrano se mostró satisfecha por el resultado de la sesión y dispuesta a discutir los perfeccionamientos que sean necesarios para obtener el mejor instrumento posible. Asimismo, aunque insistió en que el grupo de beneficiados se mantendrá acotado a los jóvenes de escasos recursos, no descartó en el futuro el envío de otro proyecto similar beneficiando a nuevos sectores de la población.
La Comisión de Hacienda continuará analizando este proyecto el martes de la próxima semana, esperándose recibir en audiencia al Ministro de Hacienda, Andrés Velasco; al presidente del Consejo de Equidad, Patricio Meller; y a la especialista del Instituto Libertad y Desarrollo, Rosana Acosta.
El acuerdo de la Comisión es votar en la misma jornada la idea de legislar e iniciar el debate del articulado y de las indicaciones que se presenten
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