Vivienda aprobó modificaciones a ley de copropiedad inmobiliaria
La Comisión que preside el diputado UDI Gonzalo Uriarte, aprobó un proyecto que modifica la ley de copropiedad inmobiliaria, mejorando la gestión de la administración, entre otras materias.
El diputado Uriarte, que informará la iniciativa a la Sala, indicó que "estamos tratando de dar con una especie de ley marco que pueda reforzar algunos derechos que están hoy día, que existan, pero que sobre todo pueda dar la forma en que se protegen los derechos de las minorías".
Por ejemplo, señaló que se están buscando mecanismos para permitir que las personas que forman parte de un condominio y que muchas veces no pueden asistir de las asambleas y por ende, no participan de las decisiones que pueden afectar finalmente el valor de la propiedad; la calidad de vida o la forma en que se convive en comunidad.
"Creo que hemos hecho un esfuerzo importante por mejorar la legislación en materia de administración de estos condominios, hemos creado instituciones muy útiles y muy expeditas para hacer todo más concreto; y finalmente para que la vida en comunidad se transforme en un activo y no en un pasivo, que tenga lógica vivir en un condominio, sea de vivienda social o de vivienda común y corriente".
Entre los puntos que aborda el proyecto, en que se acogieron 7 propuestas legales hechas por diputados (boletines 4610, 6206, 4805, 4954, 5062, 5277 y 6145), está el de la publicidad de las deudas de gastos comunes."La forma en que pueden o no pueden publicarse las morosidades, dónde, en qué lugar, si es visible o no, son temas muy de fondo, que afectan por una parte a la privacidad de las personas, el derecho que también tiene toda persona a que no se publique su situación, pero por otro lado está la legítima aspiración de los demás de que se paguen y que se cumpla con los compromisos que todo el mundo tiene que hacer", afirmó el legislador.
El texto legal, que modifica la Ley 19.537, vigente desde el año 1997, busca perfeccionar esta norma, teniendo en cuenta que, como se explica en las mociones, hasta el 2007 más de dos millones y medio de personas vivían bajo el régimen de copropiedad inmobiliaria, lo que equivale a un 15% de la población de Chile.
El diputado Uriarte, que informará la iniciativa a la Sala, indicó que "estamos tratando de dar con una especie de ley marco que pueda reforzar algunos derechos que están hoy día, que existan, pero que sobre todo pueda dar la forma en que se protegen los derechos de las minorías".
Por ejemplo, señaló que se están buscando mecanismos para permitir que las personas que forman parte de un condominio y que muchas veces no pueden asistir de las asambleas y por ende, no participan de las decisiones que pueden afectar finalmente el valor de la propiedad; la calidad de vida o la forma en que se convive en comunidad.
"Creo que hemos hecho un esfuerzo importante por mejorar la legislación en materia de administración de estos condominios, hemos creado instituciones muy útiles y muy expeditas para hacer todo más concreto; y finalmente para que la vida en comunidad se transforme en un activo y no en un pasivo, que tenga lógica vivir en un condominio, sea de vivienda social o de vivienda común y corriente".
Entre los puntos que aborda el proyecto, en que se acogieron 7 propuestas legales hechas por diputados (boletines 4610, 6206, 4805, 4954, 5062, 5277 y 6145), está el de la publicidad de las deudas de gastos comunes."La forma en que pueden o no pueden publicarse las morosidades, dónde, en qué lugar, si es visible o no, son temas muy de fondo, que afectan por una parte a la privacidad de las personas, el derecho que también tiene toda persona a que no se publique su situación, pero por otro lado está la legítima aspiración de los demás de que se paguen y que se cumpla con los compromisos que todo el mundo tiene que hacer", afirmó el legislador.
El texto legal, que modifica la Ley 19.537, vigente desde el año 1997, busca perfeccionar esta norma, teniendo en cuenta que, como se explica en las mociones, hasta el 2007 más de dos millones y medio de personas vivían bajo el régimen de copropiedad inmobiliaria, lo que equivale a un 15% de la población de Chile.
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