Antecedentes de una investigación por atentados a la libre competencia podrán utilizarse en otros procedimientos legales
En condiciones de cumplir su tercer trámite, en la Cámara de Diputados quedó el proyecto que mejora las atribuciones del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Ello, luego de que el Senado despachara la iniciativa que cobra mayor vigencia con el caso de la colusión de las farmacias para elevar los precios de los medicamentos y que actualmente investiga la Fiscalía Nacional Económica.
Por acuerdo de los Comités de la Cámara Alta, se dio prioridad a esta iniciativa que llegó a la Sala con el informe favorable de las Comisiones de Economía y de Hacienda. Cabe señalar que esta última instancia aprobó en tiempo récord, las normas que eran de su competencia.
Durante el debate en particular intervinieron los senadores Juan Pablo Letelier, Guillermo Vásquez, Evelyn Matthei, José García, Alberto Espina, Alejandro Navarro, Hernán Larraín y el Presidente del Senado, Jovino Novoa. Además del ministro de Economía, Hugo Lavados.
El senador Letelier dejó constancia de que este proyecto es insuficiente ya que no puede desligarse del caso de colusión de las farmacias. "Se ha hablado de sanciones penales para los ejecutivos y empresas que incurran en estos graves delitos" y, por ello solicitó "la unanimidad de la Sala para incorporar dichas penas de cárcel en esta normativa evitando de ese modo una solicitud de segunda discusión". Sin embargo, no obtuvo el respaldo.
En tanto, el senador Sergio Romero se inhabilitó en la votación de esta iniciativa por tener una relación de parentesco con un integrante del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, su hijo Juan José Romero.
VOTACIÓN EN PARTICULAR
La Sala acordó eliminar por 23 votos contra 1, del senador Fernando Flores, y una abstención del senador José García, la norma que impedía renovar el nombramiento de un Fiscal por una sola vez, ya que algunos parlamentarios como la senadora Evelyn Matthei consideraron que era "conveniente que esta autoridad que dura 4 años en el cargo, pueda ser renovada por un periodo más, con el fin de poder aprovechar su experiencia".
Incluso, el senador Guillermo Vásquez advirtió que "si se eliminaba la frase que permitía al Fiscal ser renovado por una sola vez, se podría interpretar que esta autoridad podría ser renovada por varias veces porque no quedaba explicitado".
Asimismo se eliminó por 14 votos contra 9, y 3 abstenciones de los senadores Carlos Bianchi, Hernán Larraín y Guillermo Vásquez la disposición que impedía que los antecedentes obtenidos por la Fiscalía en virtud de las facultades especiales de interceptación telefónica e incautación de documentación pudieran utilizarse en otros procedimientos penales o administrativos.
A juicio de los senadores Alberto Espina y Alejandro Navarro esta norma era "muy restrictiva y contradictoria" con las obligaciones de los funcionarios públicos de poner en conocimiento de las autoridades respectivas los hechos constitutivos de delitos. El senador Espina añadió que "tenemos que facilitar la investigación y si los antecedentes recogidos significan delitos administrativos o penales deben ser derivados al Ministerio Público, a Aduanas, a la Contraloría o donde corresponda".
Los senadores Guillermo Vásquez y José García aseguraron que esa interpretación se debatió en la Comisión de Economía, pero "se convergió a un acuerdo en torno a que los antecedentes obtenidos en el marco de la investigación de atentados a libre competencia sólo podrían ser utilizados para el cumplimiento de las funciones de la Fiscalía Nacional Económica y el ejercicio de las acciones ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en el proceso en que incidía la autorización para investigar y no en otros procedimientos".
Por su parte, el senador Jovino Novoa, explicó que "el Fiscal Nacional Económico, es una autoridad administrativa y no judicial, por lo que la forma de entregarle facultades especiales de investigación era precisando que esos antecedentes se usarían sólo para el ámbito de la libre competencia, pero eso no exime a los funcionarios a denunciar los delitos".
En tanto, el senador Hernán Larraín dejó constancia de que este artículo era contradictorio con una norma anterior del proyecto que deja establecido que "los antecedentes de la investigación si podrán usarse para otros procedimientos".
Finalmente, el ministro de Economía Hugo Lavados, reconoció que "si hubiésemos contado antes con esta normativa en materia de libre competencia habría sido más fácil aclarar lo ocurrido con el caso de la colusión de las farmacias" y, por ello agradeció la rapidez de los senadores de la Comisión de Hacienda para despachar la iniciativa.
CASO COLUSIÓN DE FARMACIAS
Terminado el debate, el senador Hernán Larraín criticó duramente a su par, Eduardo Frei Ruiz-Tagle -quien no se encontraba en la Sala- y lo instó "a disculparse públicamente" por sus dichos en el debate con el senador José Antonio Gómez en la VII Región. Precisó que "es falso que los senadores de oposición hayan votado en contra en la tramitación del proyecto que perfecciona la libre competencia".
Recordó que la iniciativa se aprobó en general por 94 votos a favor y 4 abstenciones en la Cámara de Diputados y, en el Senado fue unánime; mientras que durante el debate en particular en la Comisión de Economía la gran mayoría de las modificaciones fueron unánimes.
Le replicó el senador Camilo Escalona quien reclamó airadamente a la Mesa porque de acuerdo al Reglamento los descargos de los senadores que se sientan vulnerados en su honorabilidad se hacen al inicio de la sesión y no, después de la votación de un proyecto. Además, aclaró que el senador Frei aludió a la votación en particular del proyecto en la Cámara de Diputados donde sí se opusieron legisladores de la Alianza.
NUEVA LEGISLACIÓN
El senador Guillermo Vásquez dio una detallada cuenta del proyecto y señaló que se acordó terminar con el sistema de dedicación exclusiva de los integrantes del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y se reemplazó por un sistema estricto de incompatibilidades para sus integrantes.
De este modo, no podrá ser elegido como miembro titular o suplente del Tribunal quien haya desempeñado el cargo de Fiscal Nacional Económico o cualquier cargo directivo en la Fiscalía Nacional Económica en el año anterior al inicio del concurso público de antecedentes convocado para el nombramiento respectivo.
El Presidente de la República designará al abogado suplente y el Consejo del Banco Central al licenciado o post graduado en ciencias económicas, conforme al procedimiento antes señalado, para lo cual se podrán considerar las mismas nóminas y concursos previstos para el nombramiento de los titulares.
Además el cargo de integrante del Tribunal es incompatible con la condición de: Funcionario público; Administrador, gerente, trabajador dependiente de sociedades anónimas abiertas o sometidas a las reglas de estas sociedades, como asimismo, de sus matrices, filiales, o coligadas; y Asesor o prestador de servicios profesionales, en materias que digan relación con la libre competencia a personas naturales o jurídicas sometidas a la jurisdicción del Tribunal.
Asimismo se aprobaron todas las medidas especiales de investigación tales como: la interceptación telefónica, incautación de documentos, entre otras, con la condición de que para poder recurrir ante el Ministro de Corte de Apelaciones hayan antecedentes serios, graves y fundados los que deberán autorizados por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).
También se precisó que el beneficio de la delación compensada se dará a quien primero entregue los antecedentes de una colusión de precios en el mercado, o de un cartel, siempre y cuando no sean los instigadores del mismo.
Por acuerdo de los Comités de la Cámara Alta, se dio prioridad a esta iniciativa que llegó a la Sala con el informe favorable de las Comisiones de Economía y de Hacienda. Cabe señalar que esta última instancia aprobó en tiempo récord, las normas que eran de su competencia.
Durante el debate en particular intervinieron los senadores Juan Pablo Letelier, Guillermo Vásquez, Evelyn Matthei, José García, Alberto Espina, Alejandro Navarro, Hernán Larraín y el Presidente del Senado, Jovino Novoa. Además del ministro de Economía, Hugo Lavados.
El senador Letelier dejó constancia de que este proyecto es insuficiente ya que no puede desligarse del caso de colusión de las farmacias. "Se ha hablado de sanciones penales para los ejecutivos y empresas que incurran en estos graves delitos" y, por ello solicitó "la unanimidad de la Sala para incorporar dichas penas de cárcel en esta normativa evitando de ese modo una solicitud de segunda discusión". Sin embargo, no obtuvo el respaldo.
En tanto, el senador Sergio Romero se inhabilitó en la votación de esta iniciativa por tener una relación de parentesco con un integrante del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, su hijo Juan José Romero.
VOTACIÓN EN PARTICULAR
La Sala acordó eliminar por 23 votos contra 1, del senador Fernando Flores, y una abstención del senador José García, la norma que impedía renovar el nombramiento de un Fiscal por una sola vez, ya que algunos parlamentarios como la senadora Evelyn Matthei consideraron que era "conveniente que esta autoridad que dura 4 años en el cargo, pueda ser renovada por un periodo más, con el fin de poder aprovechar su experiencia".
Incluso, el senador Guillermo Vásquez advirtió que "si se eliminaba la frase que permitía al Fiscal ser renovado por una sola vez, se podría interpretar que esta autoridad podría ser renovada por varias veces porque no quedaba explicitado".
Asimismo se eliminó por 14 votos contra 9, y 3 abstenciones de los senadores Carlos Bianchi, Hernán Larraín y Guillermo Vásquez la disposición que impedía que los antecedentes obtenidos por la Fiscalía en virtud de las facultades especiales de interceptación telefónica e incautación de documentación pudieran utilizarse en otros procedimientos penales o administrativos.
A juicio de los senadores Alberto Espina y Alejandro Navarro esta norma era "muy restrictiva y contradictoria" con las obligaciones de los funcionarios públicos de poner en conocimiento de las autoridades respectivas los hechos constitutivos de delitos. El senador Espina añadió que "tenemos que facilitar la investigación y si los antecedentes recogidos significan delitos administrativos o penales deben ser derivados al Ministerio Público, a Aduanas, a la Contraloría o donde corresponda".
Los senadores Guillermo Vásquez y José García aseguraron que esa interpretación se debatió en la Comisión de Economía, pero "se convergió a un acuerdo en torno a que los antecedentes obtenidos en el marco de la investigación de atentados a libre competencia sólo podrían ser utilizados para el cumplimiento de las funciones de la Fiscalía Nacional Económica y el ejercicio de las acciones ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en el proceso en que incidía la autorización para investigar y no en otros procedimientos".
Por su parte, el senador Jovino Novoa, explicó que "el Fiscal Nacional Económico, es una autoridad administrativa y no judicial, por lo que la forma de entregarle facultades especiales de investigación era precisando que esos antecedentes se usarían sólo para el ámbito de la libre competencia, pero eso no exime a los funcionarios a denunciar los delitos".
En tanto, el senador Hernán Larraín dejó constancia de que este artículo era contradictorio con una norma anterior del proyecto que deja establecido que "los antecedentes de la investigación si podrán usarse para otros procedimientos".
Finalmente, el ministro de Economía Hugo Lavados, reconoció que "si hubiésemos contado antes con esta normativa en materia de libre competencia habría sido más fácil aclarar lo ocurrido con el caso de la colusión de las farmacias" y, por ello agradeció la rapidez de los senadores de la Comisión de Hacienda para despachar la iniciativa.
CASO COLUSIÓN DE FARMACIAS
Terminado el debate, el senador Hernán Larraín criticó duramente a su par, Eduardo Frei Ruiz-Tagle -quien no se encontraba en la Sala- y lo instó "a disculparse públicamente" por sus dichos en el debate con el senador José Antonio Gómez en la VII Región. Precisó que "es falso que los senadores de oposición hayan votado en contra en la tramitación del proyecto que perfecciona la libre competencia".
Recordó que la iniciativa se aprobó en general por 94 votos a favor y 4 abstenciones en la Cámara de Diputados y, en el Senado fue unánime; mientras que durante el debate en particular en la Comisión de Economía la gran mayoría de las modificaciones fueron unánimes.
Le replicó el senador Camilo Escalona quien reclamó airadamente a la Mesa porque de acuerdo al Reglamento los descargos de los senadores que se sientan vulnerados en su honorabilidad se hacen al inicio de la sesión y no, después de la votación de un proyecto. Además, aclaró que el senador Frei aludió a la votación en particular del proyecto en la Cámara de Diputados donde sí se opusieron legisladores de la Alianza.
NUEVA LEGISLACIÓN
El senador Guillermo Vásquez dio una detallada cuenta del proyecto y señaló que se acordó terminar con el sistema de dedicación exclusiva de los integrantes del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y se reemplazó por un sistema estricto de incompatibilidades para sus integrantes.
De este modo, no podrá ser elegido como miembro titular o suplente del Tribunal quien haya desempeñado el cargo de Fiscal Nacional Económico o cualquier cargo directivo en la Fiscalía Nacional Económica en el año anterior al inicio del concurso público de antecedentes convocado para el nombramiento respectivo.
El Presidente de la República designará al abogado suplente y el Consejo del Banco Central al licenciado o post graduado en ciencias económicas, conforme al procedimiento antes señalado, para lo cual se podrán considerar las mismas nóminas y concursos previstos para el nombramiento de los titulares.
Además el cargo de integrante del Tribunal es incompatible con la condición de: Funcionario público; Administrador, gerente, trabajador dependiente de sociedades anónimas abiertas o sometidas a las reglas de estas sociedades, como asimismo, de sus matrices, filiales, o coligadas; y Asesor o prestador de servicios profesionales, en materias que digan relación con la libre competencia a personas naturales o jurídicas sometidas a la jurisdicción del Tribunal.
Asimismo se aprobaron todas las medidas especiales de investigación tales como: la interceptación telefónica, incautación de documentos, entre otras, con la condición de que para poder recurrir ante el Ministro de Corte de Apelaciones hayan antecedentes serios, graves y fundados los que deberán autorizados por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).
También se precisó que el beneficio de la delación compensada se dará a quien primero entregue los antecedentes de una colusión de precios en el mercado, o de un cartel, siempre y cuando no sean los instigadores del mismo.
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