Aprueban en general proyecto que obliga a entregar defensa penal y asesoría jurídica a las personas víctima de delitos
La Comisión de Constitución, que preside la diputada PPD Laura Soto, aprobó la idea de legislar sobre el proyecto de reforma constitucional que establece la obligación de otorgar defensa penal y asesoría jurídica a las víctimas de delitos.
El texto legal (boletín 5408), ya aprobado por el Senado, fue muy bien acogido por la instancia parlamentaria.
El Ministro de Justicia, Carlos Maldonado, explicó que "este proyecto incorpora por primera vez expresamente en nuestra Constitución la garantía para las personas víctimas de delitos graves, de que el Estado les va a proporcionar asistencia jurídica".
Detalló que tras esta modificación a la Carta Fundamental, y la posterior ley para implementar el sistema, "en los casos de delitos graves no sólo el imputado va a tener un defensor que cautele que sus derechos no sean vulnerados, sino que también la víctima va a tener un abogado que va a poder asesorarla en la presentación de la querella y acompañarla durante la tramitación del proceso".
Por su parte, la diputada Laura Soto destacó el acuerdo político transversal, "en el sentido de que sí tiene que haber una defensa de las víctimas". Añadió que no puede ser que esto esté vinculado con el Ministerio Público, porque este organismo "tiene una misión, y su misión es precisamente representar a la sociedad y pesquisar los delitos, entonces la víctima o queda desvalida respecto del tema o a lo mejor puede entorpecer también la proyección de la investigación".
La parlamentaria señaló que en la próxima sesión seguirá la discusión en particular del proyecto, "porque se dieron dudas muy de fondo respecto de qué institucionalidad es la que queremos, si esto va a ser un derecho o va a ser una obligación, cómo el Estado va a considerar a la víctima".
En tanto, el diputado RN Alberto Cardemil calificó esta aprobación de "un paso súper importante". Añadió que si bien la reforma procesal penal representó una modernización relevante, "hay problemas que subsisten y que hay que resolver. Uno de esos problemas es la desatención en que están las víctimas de los delitos".
Indicó que "a veces hay mucha preocupación por los derechos de los delincuentes y se nos olvida que las víctimas tienen también derechos humanos muy importantes, entonces el Estado debe satisfacer ese derecho, debe darle obligatoriamente una protección, una atención jurídica y sicológica".
El proyecto fue presentado por los senadores Alberto Espina, Andrés Allamand, José García, Baldo Prokurica y Sergio Romero, y tiene por objeto poner término a la desigualdad existente entre víctimas e imputados, al encontrarse garantizado solamente el derecho a la defensa jurídica de éstos últimos, estableciendo una obligación para el Estado de asegurar a las víctimas de delitos, el acceso a la representación jurídica si no pueden costeárselas por sí misma.
El texto legal (boletín 5408), ya aprobado por el Senado, fue muy bien acogido por la instancia parlamentaria.
El Ministro de Justicia, Carlos Maldonado, explicó que "este proyecto incorpora por primera vez expresamente en nuestra Constitución la garantía para las personas víctimas de delitos graves, de que el Estado les va a proporcionar asistencia jurídica".
Detalló que tras esta modificación a la Carta Fundamental, y la posterior ley para implementar el sistema, "en los casos de delitos graves no sólo el imputado va a tener un defensor que cautele que sus derechos no sean vulnerados, sino que también la víctima va a tener un abogado que va a poder asesorarla en la presentación de la querella y acompañarla durante la tramitación del proceso".
Por su parte, la diputada Laura Soto destacó el acuerdo político transversal, "en el sentido de que sí tiene que haber una defensa de las víctimas". Añadió que no puede ser que esto esté vinculado con el Ministerio Público, porque este organismo "tiene una misión, y su misión es precisamente representar a la sociedad y pesquisar los delitos, entonces la víctima o queda desvalida respecto del tema o a lo mejor puede entorpecer también la proyección de la investigación".
La parlamentaria señaló que en la próxima sesión seguirá la discusión en particular del proyecto, "porque se dieron dudas muy de fondo respecto de qué institucionalidad es la que queremos, si esto va a ser un derecho o va a ser una obligación, cómo el Estado va a considerar a la víctima".
En tanto, el diputado RN Alberto Cardemil calificó esta aprobación de "un paso súper importante". Añadió que si bien la reforma procesal penal representó una modernización relevante, "hay problemas que subsisten y que hay que resolver. Uno de esos problemas es la desatención en que están las víctimas de los delitos".
Indicó que "a veces hay mucha preocupación por los derechos de los delincuentes y se nos olvida que las víctimas tienen también derechos humanos muy importantes, entonces el Estado debe satisfacer ese derecho, debe darle obligatoriamente una protección, una atención jurídica y sicológica".
El proyecto fue presentado por los senadores Alberto Espina, Andrés Allamand, José García, Baldo Prokurica y Sergio Romero, y tiene por objeto poner término a la desigualdad existente entre víctimas e imputados, al encontrarse garantizado solamente el derecho a la defensa jurídica de éstos últimos, estableciendo una obligación para el Estado de asegurar a las víctimas de delitos, el acceso a la representación jurídica si no pueden costeárselas por sí misma.
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