Comisión de Relaciones Exteriores aprueba proyecto sobre infracciones al transporte terrestre internacional
Con la aprobación de este tratado, se determinan las sanciones, permisos y los procedimientos que los Estados partes aplicaran al transporte terrestre entre países, disminuyendo en gran medida las multas que se aplican a quienes vulneren las normas.
El proyecto de acuerdo aprueba el segundo protocolo adicional sobre Infracciones y Sanciones al Acuerdo de alcance parcial sobre Transporte Internacional Terrestre (ATIT) entre los gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, suscrito en Montevideo el 16 de febrero de 2005 (boletín 6390).
En el instrumento internacional se establecen montos para las multas por un valor más adecuado a la realidad económica de dicha actividad en los países miembros y se definen las causales que califican como infracciones gravísimas, graves, medias y leves, así como las consecuencias de la reiteración de una infracción.
Se precisa, además, el ámbito de decisión de las autoridades competentes en la aplicación de las sanciones, y se protege la actividad del transporte contra medidas desproporcionadas, determinando que ningún vehículo habilitado, con la documentación en regla, bajo presunta infracción, podrá ser retenido bajo pretexto del pago de la sanción correspondiente.
El diputado Osvaldo Palma (RN), presidente de la comisión y quien informará el texto en la Sala, destacó el avance y explicó que "existe una tremenda desigualdad de trato para los transportistas chilenos en los países vecinos. En el lado argentino sufren un riguroso control en cuanto a multas y fiscalización y la verdad es que en el lado chileno se controla muy poco".
Agregó que hoy en día "el transporte pasó de ser un 50% del mercado a sólo un 12% y eso es porque quedan sólo pequeños empresarios que tienen una flota promedio de 2 camiones compitiendo contra flotas de 800 camiones argentinos, lo que lleva a una tremenda desigualdad y coloca a los transportistas chilenos en una situación difícil para pagar multas".
"Hoy en día se aplican multas tremendas que van entre los US$ 4,000 a los US$12.000 dólares, lo que prácticamente expropiaba las empresas chilenas de 1 o 2 camiones. Con este tratado, se bajan dichas multas a US$ 200, mejorando en mucho esta injusticia que sufrían nuestros transportistas", recalcó el parlamentario.
Creación del Centro Regional de Agua para América Latina
La instancia parlamentaria también aprobó el proyecto aprobatorio del acuerdo entre Chile y la ONU referente a la creación y el funcionamiento del Centro Regional del Agua para las Zonas Áridas y Semiáridas de América Latina y el Caribe, suscrito en París el 2 de febrero de 2006 (boletín 6413).
El acuerdo expresa el compromiso del Gobierno de Chile de adoptar todas las medidas necesarias para crear el Centro del Agua para Zonas Áridas y Semiáridas de América Latina y el Caribe en la ciudad de La Serena.
El centro estará encargado, entre otras cosas, de producir y proporcionar información técnica y científica sobre la formación y los estudios hidrológicos relativos a las zonas áridas y semiáridas de la región; promover estudios sobre asuntos relativos a la ordenación de los recursos hídricos de dichas zonas y llevar a cabo en la región actividades de formación de capacidades institucionales y profesionales sobre el tema.
El proyecto será informado en la sala por el diputado UDI Iván Moreira.
El proyecto de acuerdo aprueba el segundo protocolo adicional sobre Infracciones y Sanciones al Acuerdo de alcance parcial sobre Transporte Internacional Terrestre (ATIT) entre los gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, suscrito en Montevideo el 16 de febrero de 2005 (boletín 6390).
En el instrumento internacional se establecen montos para las multas por un valor más adecuado a la realidad económica de dicha actividad en los países miembros y se definen las causales que califican como infracciones gravísimas, graves, medias y leves, así como las consecuencias de la reiteración de una infracción.
Se precisa, además, el ámbito de decisión de las autoridades competentes en la aplicación de las sanciones, y se protege la actividad del transporte contra medidas desproporcionadas, determinando que ningún vehículo habilitado, con la documentación en regla, bajo presunta infracción, podrá ser retenido bajo pretexto del pago de la sanción correspondiente.
El diputado Osvaldo Palma (RN), presidente de la comisión y quien informará el texto en la Sala, destacó el avance y explicó que "existe una tremenda desigualdad de trato para los transportistas chilenos en los países vecinos. En el lado argentino sufren un riguroso control en cuanto a multas y fiscalización y la verdad es que en el lado chileno se controla muy poco".
Agregó que hoy en día "el transporte pasó de ser un 50% del mercado a sólo un 12% y eso es porque quedan sólo pequeños empresarios que tienen una flota promedio de 2 camiones compitiendo contra flotas de 800 camiones argentinos, lo que lleva a una tremenda desigualdad y coloca a los transportistas chilenos en una situación difícil para pagar multas".
"Hoy en día se aplican multas tremendas que van entre los US$ 4,000 a los US$12.000 dólares, lo que prácticamente expropiaba las empresas chilenas de 1 o 2 camiones. Con este tratado, se bajan dichas multas a US$ 200, mejorando en mucho esta injusticia que sufrían nuestros transportistas", recalcó el parlamentario.
Creación del Centro Regional de Agua para América Latina
La instancia parlamentaria también aprobó el proyecto aprobatorio del acuerdo entre Chile y la ONU referente a la creación y el funcionamiento del Centro Regional del Agua para las Zonas Áridas y Semiáridas de América Latina y el Caribe, suscrito en París el 2 de febrero de 2006 (boletín 6413).
El acuerdo expresa el compromiso del Gobierno de Chile de adoptar todas las medidas necesarias para crear el Centro del Agua para Zonas Áridas y Semiáridas de América Latina y el Caribe en la ciudad de La Serena.
El centro estará encargado, entre otras cosas, de producir y proporcionar información técnica y científica sobre la formación y los estudios hidrológicos relativos a las zonas áridas y semiáridas de la región; promover estudios sobre asuntos relativos a la ordenación de los recursos hídricos de dichas zonas y llevar a cabo en la región actividades de formación de capacidades institucionales y profesionales sobre el tema.
El proyecto será informado en la sala por el diputado UDI Iván Moreira.
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