Con el anuncio de dos presentaciones ante Tribunal Constitucional Senado aprobó la LGE en su último trámite

En condiciones de ser remitido al Tribunal Constitucional para su revisión de rigor antes de su promulgación, quedó el proyecto de Ley General de Educación (LGE) luego que el Senado aprobara con 27 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención, el informe de la Comisión Mixta que zanjó las diferencias que surgieron entre ambas ramas del Congreso.



Se trata de una norma que permitirá a los profesionales con licenciatura de al menos 8 semestres, de una universidad acreditada, ejercer la docencia por un período máximo de tres años renovables por otros dos, de manera continua o discontinua y a la sola petición del director del establecimiento de enseñanza media.



Pero además del control de constitucionalidad habitual que debe realizar, el Tribunal Constitucional tendrá que analizar las presentaciones que anunciaron los senadores Antonio Horvath y Alejandro Navarro respecto de determinados artículos del proyecto.



El senador Horvath planteó cuestión de constitucionalidad acerca de la norma transitoria que da un plazo para que los establecimientos pasen a la nueva modalidad que establece 6 años de educación básica y 6 de educación media, argumentando que ello perjudicará a las escuelas rurales o fronterizas que existen en el país pues no podrán cumplir con lo establecido.



En tanto, el senador Navarro hizo reserva de constitucionalidad del artículo que permite a los profesionales hacer clases, argumentando que la norma atenta contra la libertad de trabajo. Asimismo, calificó la disposición como "la ley del pituto", pues a su juicio se permitirá que cientos de profesionales impartan docencia como un trabajo para complementar su sueldo.



Pero tal como lo habían anticipado, votaron en contra del informe de la Comisión Mixta los senadores Guido Girardi y Alejandro Navarro; mientras que el senador Roberto Muñoz Barra se abstuvo.



Votaron a favor los senadores Andrés Allamand, Carlos Cantero, Andrés Chadwick, Juan Antonio Coloma, Camilo Escalona, Alberto Espina, Fernando Flores, José García, Jaime Gazmuri, Antonio Horvath, Carlos Kuschel, Hernán Larraín, Juan pablo Letelier, Pablo Longueira, Evelyn Matthei, Pedro Muñoz, Jaime Naranjo, Jovino Novoa, Ricardo Núñez, Jaime Orpis, Víctor Pérez, Jorge Pizarro, Baldo Prokurica, Sergio Romero, Mariano Ruiz-Esquide, Hosaín Sabag y Adolfo Zaldívar.



DEBATE DE FONDO



Durante la discusión en Sala hicieron uso de la palabra los senadores Allamand, Ruiz-Esquide, Chadwick, Letelier, Horvath, Navarro, Longueira, Muñoz Barra y Escalona.



El senador Allamand respaldó la propuesta de que profesionales que no sean profesores y que cumplan determinados requisitos puedan impartir clases en áreas afines a su especialidad, pero señaló que la idea original era que esto no sólo quedara circunscrito a los profesionales de universidades acreditadas, sino que se considerara a todas las instituciones de educación superior que tengan carreras de al menos 8 semestres.



En tanto el senador Ruiz- Esquide señaló que esta norma fue parte de un acuerdo en el que se dejó claramente establecido que debían ciertos marcos que resguarden el derecho privilegiado de los profesores a impartir clases. Agregó que esta medida se adoptó en el entendido de que el objetivo general es aportar a que mejore la calidad de la educación.



Por su parte el senador Chadwick lamentó que la norma aprobada sólo circunscribiera la posibilidad de hacer clases a los profesionales de universidades acreditadas, excluyendo a los que salgan de institutos de educación superior. Junto con señalar que no se respetó el acuerdo original sobre la materia, manifestó que el TC tendrá que revisar si estas normas producen un acto de discriminación arbitraria.



El senador Letelier, presidente de la Comisión de Educación, manifestó que si bien preferiría que existiera un examen que permitiera habilitar a quienes ejerzan la docencia, la norma aprobada permitirá derogar una atribución que actualmente tienen los seremis de educación de autorizar a alguien, sin título universitario, para que imparta clases.



El senador Longueira señaló que la norma aprobada no tiene como intención reemplazar al profesorado chileno, sino que permitir que profesionales puedan suplir horas en algunas especialidades en las que existan falencias. Agregó que sería bueno para el país que los profesionales jóvenes que han recibido una formación tengan la posibilidad de entregar sus conocimientos en diversos colegios.



A su turno el senador Muñoz Barra señaló que el Ministerio incorporó esta disposición, en el entendido de que existen establecimientos en todo el país que tienen falencias de especialistas en áreas como matemáticas, inglés y biología, entre otros. No obstante, dijo ser partidario de haber incorporado una norma que permitiera el ingreso de estos profesionales, sólo en casos en que no existiera un docente para realizar esa asignatura.



Finalmente el senador Escalona manifestó que la disposición propuesta limita la atribución que tenían los seremis de autorizar que un no docente pudiera impartir clases. Agregó que con esto se están estableciendo normas de calidad y terminando con una atribución que muchas veces se utilizó de manera arbitraria.


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