Contralor entregó detalles de investigación por presuntas irregularidades cometidas en el Registro Civil
El Contralor General de la República, Ramiro Mendoza, asistió a la primera reunión de la Comisión Investigadora del Registro Civil, efectuada ayer en la sede del Congreso en Santiago, para entregar detalles del informe que dio pie a los primeros cuestionamientos.
Las interrogantes tienen que ver con las supuestas irregularidades sobre asesorías no realizadas por hasta 600 millones de pesos, las que supuestamente fueron encargadas por el ex Director del Registro Civil, Guillermo Arenas, al ex Rector de la Universidad de Santiago (USACH), Ubaldo Zúñiga. Asesorías que luego fueron encomendadas al funcionario Humberto Jorquera.
Lo ocurrido, hoy es parte de un proceso judicial que el 26 de marzo pasado llevó a cabo la octava sala de la Corte de Apelaciones de Santiago al decretar prisión preventiva para el ex Rector de la USACH. A esto se suma el hecho de que el Ministerio Público formalizó al Jefe de Gabinete del ex Director del Registro Civil, Jorge Lobos y a los funcionarios de la casa de estudios, Humberto Jorquera, Enrique Araya y Cristián Escalona.
Sobre lo ocurrido, el Contralor explicó que en los hechos relacionados con el mal uso de fondos públicos, no existe aprovechamiento electoral sino personal. Además, informó sobre las irregularidades en los contratos a honorarios y de arrendamiento detectados en la investigación que llevó a cabo la Contraloría.
Frente a los antecedentes entregados, el diputado DC, Gabriel Ascencio dijo que "en esta primera visita hay algo que a mí me merece mucha duda y que dice relación con los contratos de arrendamiento y el aprovechamiento personal que algunos funcionarios del Registro Civil pudieron haber cometido".
El parlamentario también destacó que "lo otro que también nos llama bastante la atención es este contrato de arrendamiento de un departamento en un edificio de Santiago por una gran cantidad de dinero donde nos interesaría saber quienes son los responsables".
Además, de lo expresado por el diputado Ascencio, los diputados señalaron que la declaración del Contralor permitió a la comisión delinear la pauta de investigación para buscar las responsabilidades políticas y administrativas en el caso.
Contratos a honorarios
Por su parte, el presidente de la Comisión Investigadora, diputado Felipe Ward (UDI) aclaró que "sobre patrones de conducta que se hayan establecido a través de las diversas investigaciones y auditorías que se hayan estudiado por parte de la Contraloría, la respuesta es que sí los hay, sobretodo lo que tiene que ver con los contratos a honorarios y esa es una de las cosas que vamos a tener que investigar".
Finalmente, la diputada UDI, Marisol Turres, concordó con el diputado Ward y señaló que "nos llamó mucho la atención el hecho de por qué encontramos en tantos servicios tanta gente contratada a honorarios, que se les pagan sumas abultadas por trabajos que no realizan o que son trabajos que les corresponden realizar al propio servicio".
La instancia parlamentaria acordó invitar para la próxima sesión al Ministro y al Subsecretario de Justicia, cartera a la cual pertenece el Registro Civil, para que expliquen los hechos ocurridos y adelanten las medidas que se tomarán para que este tipo de cosas no vuelvan a ocurrir.
Las interrogantes tienen que ver con las supuestas irregularidades sobre asesorías no realizadas por hasta 600 millones de pesos, las que supuestamente fueron encargadas por el ex Director del Registro Civil, Guillermo Arenas, al ex Rector de la Universidad de Santiago (USACH), Ubaldo Zúñiga. Asesorías que luego fueron encomendadas al funcionario Humberto Jorquera.
Lo ocurrido, hoy es parte de un proceso judicial que el 26 de marzo pasado llevó a cabo la octava sala de la Corte de Apelaciones de Santiago al decretar prisión preventiva para el ex Rector de la USACH. A esto se suma el hecho de que el Ministerio Público formalizó al Jefe de Gabinete del ex Director del Registro Civil, Jorge Lobos y a los funcionarios de la casa de estudios, Humberto Jorquera, Enrique Araya y Cristián Escalona.
Sobre lo ocurrido, el Contralor explicó que en los hechos relacionados con el mal uso de fondos públicos, no existe aprovechamiento electoral sino personal. Además, informó sobre las irregularidades en los contratos a honorarios y de arrendamiento detectados en la investigación que llevó a cabo la Contraloría.
Frente a los antecedentes entregados, el diputado DC, Gabriel Ascencio dijo que "en esta primera visita hay algo que a mí me merece mucha duda y que dice relación con los contratos de arrendamiento y el aprovechamiento personal que algunos funcionarios del Registro Civil pudieron haber cometido".
El parlamentario también destacó que "lo otro que también nos llama bastante la atención es este contrato de arrendamiento de un departamento en un edificio de Santiago por una gran cantidad de dinero donde nos interesaría saber quienes son los responsables".
Además, de lo expresado por el diputado Ascencio, los diputados señalaron que la declaración del Contralor permitió a la comisión delinear la pauta de investigación para buscar las responsabilidades políticas y administrativas en el caso.
Contratos a honorarios
Por su parte, el presidente de la Comisión Investigadora, diputado Felipe Ward (UDI) aclaró que "sobre patrones de conducta que se hayan establecido a través de las diversas investigaciones y auditorías que se hayan estudiado por parte de la Contraloría, la respuesta es que sí los hay, sobretodo lo que tiene que ver con los contratos a honorarios y esa es una de las cosas que vamos a tener que investigar".
Finalmente, la diputada UDI, Marisol Turres, concordó con el diputado Ward y señaló que "nos llamó mucho la atención el hecho de por qué encontramos en tantos servicios tanta gente contratada a honorarios, que se les pagan sumas abultadas por trabajos que no realizan o que son trabajos que les corresponden realizar al propio servicio".
La instancia parlamentaria acordó invitar para la próxima sesión al Ministro y al Subsecretario de Justicia, cartera a la cual pertenece el Registro Civil, para que expliquen los hechos ocurridos y adelanten las medidas que se tomarán para que este tipo de cosas no vuelvan a ocurrir.
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