Buscan elevar multas a quienes impidan libre competencia y penalizar al que niegue la venta de medicamentos
La moción, que fue presentada por los diputados PPD Eugenio Tuma y Antonio Leal, busca -con motivo del bullado caso de la colusión de las tres grandes cadenas de farmacias-, mejorar la regulación que se da en nuestro país para proteger el sistema de libre competencia.
El texto legal (boletín 6471) reconoce que el sistema económico chileno se basa en el principio de la libre competencia, establecido en la Constitución Política y en donde se asegura a todas las personas el desarrollo de cualquier actividad mercantil lícita. Sin embargo, con motivo de la colusión de las farmacias, se reconoce también una serie de falencias en la actual regulación para evitar este tipo de sucesos.
De esta manera, los autores del proyecto reconocen la necesidad de aumentar significativamente las multas, ya que éstas hoy en día no constituyen una sanción que tenga un efecto intimidatorio hacia las empresas para evitar que vulneren las normas de la libre competencia.
Es así como el texto legal propone que las infracciones a las normas de la Ley 20.169, que regula la competencia desleal, sean sancionadas con una multa equivalente al doble del beneficio efectivamente reportado por la empresa infractora, la que en caso de reincidencia se elevará al triple. Estas multas se aplicarán por el Tribunal de la Libre Competencia, sin perjuicio de las responsabilidades penales y civiles que procedan.
Lo anterior quiere decir que si actualmente la multa por infracción a la libre competencia es de 0 a 20.000 UTA (de $0 a $9 millones), con este cambio a la normativa será el doble del beneficio reportado, es decir, si el beneficio es de $30 mil millones, la multa será de $60 mil millones y en caso de reincidencia, de $90 mil millones.
Por otro lado, el proyecto de ley también propone la penalización de quien, con tal de recibir incentivos económicos, obstaculice, oculte o niegue la venta de medicamentos. Esto, considerando que no obstante todas las denuncias públicas, hoy los dependientes de las farmacias continúan negando la venta de medicamentos genéricos.
De este modo, se determina que el vendedor o dependiente de farmacias que obstaculice, oculte o niegue la venta de medicamentos, o entregue información falsa con respecto a las características de los medicamentos genéricos, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo (de 3 años y un día a 5 años).
La iniciativa será analizada por la Comisión de Economía.
El texto legal (boletín 6471) reconoce que el sistema económico chileno se basa en el principio de la libre competencia, establecido en la Constitución Política y en donde se asegura a todas las personas el desarrollo de cualquier actividad mercantil lícita. Sin embargo, con motivo de la colusión de las farmacias, se reconoce también una serie de falencias en la actual regulación para evitar este tipo de sucesos.
De esta manera, los autores del proyecto reconocen la necesidad de aumentar significativamente las multas, ya que éstas hoy en día no constituyen una sanción que tenga un efecto intimidatorio hacia las empresas para evitar que vulneren las normas de la libre competencia.
Es así como el texto legal propone que las infracciones a las normas de la Ley 20.169, que regula la competencia desleal, sean sancionadas con una multa equivalente al doble del beneficio efectivamente reportado por la empresa infractora, la que en caso de reincidencia se elevará al triple. Estas multas se aplicarán por el Tribunal de la Libre Competencia, sin perjuicio de las responsabilidades penales y civiles que procedan.
Lo anterior quiere decir que si actualmente la multa por infracción a la libre competencia es de 0 a 20.000 UTA (de $0 a $9 millones), con este cambio a la normativa será el doble del beneficio reportado, es decir, si el beneficio es de $30 mil millones, la multa será de $60 mil millones y en caso de reincidencia, de $90 mil millones.
Por otro lado, el proyecto de ley también propone la penalización de quien, con tal de recibir incentivos económicos, obstaculice, oculte o niegue la venta de medicamentos. Esto, considerando que no obstante todas las denuncias públicas, hoy los dependientes de las farmacias continúan negando la venta de medicamentos genéricos.
De este modo, se determina que el vendedor o dependiente de farmacias que obstaculice, oculte o niegue la venta de medicamentos, o entregue información falsa con respecto a las características de los medicamentos genéricos, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo (de 3 años y un día a 5 años).
La iniciativa será analizada por la Comisión de Economía.
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