Ejecutivo explicó proyecto sobre boletín comercial que entrega información del comportamiento positivo de los deudores

A la Comisión de Economía asistió la Subsecretaria del ramo, María Olivia Recart, quien expuso sobre la indicación sustitutiva al texto legal que busca establecer un nuevo sistema de protección de los datos personales, premiando a aquellas personas que han mantenido a lo largo de su vida un buen comportamiento comercial.

La representante del Ejecutivo resaltó que “este es un proyecto que tiene su foco, muy importante, en premiar el esfuerzo”. Por ello, añadió que la propuesta presentada por el Gobierno, y que sustituye tres mociones (boletines 5309; 5356 y 6298), “premia al esfuerzo, porque premia a aquel que trata de salir de la morosidad”.

Otro aspecto de la iniciativa es la protección de los datos personales, de manera de evitar que los datos que se entreguen puedan ser utilizados para otros fines distintos. “Hoy día el sistema de datos, los datos de todos nosotros, circulan libremente, porque la ley es de 1928. Y en 1928 no había computadores, y por lo tanto no había acumulaciones de datos”.

Por ello, manifestó que “va a tener sanciones el uso y el abuso de los datos personales”, para lo cual, tanto el Consejo para la Transparencia como la Superintendencia de Bancos y el Registro Central de Obligaciones Económicas, se encargarán de fiscalizar en sus ámbitos respectivos, que las instituciones financieras respeten el manejo de los datos y los requisitos necesarios para acceder a créditos.

Por ello, detalló que se mejora el sistema de reclamaciones en el caso que las instituciones financieras no respeten el manejo de los datos comerciales, por ejemplo en el caso del buen comportamiento comercial de una persona.

“En el proyecto de ley, vamos a tener un sistema en que los tribunales es la última instancia, en que entre medio uno puede hacer reclamos administrativos, es decir, uno mismo ir a un lugar, se reclama, y esa institución, que va a ser el Consejo para la Transparencia y la Agencia de Datos, va a verificar y la SBIF va a fiscalizar a todo el sistema, a todos. Hoy día fiscaliza sólo a los bancos”.

Por su parte, el diputado PS Carlos Montes, integrante de la instancia parlamentaria, señaló que “aquí lo que busca este proyecto y lo que busca el Parlamento en definitiva es hacer madurar la institucionalidad económica, en este caso, todo lo que se refiere a calificar el riesgo”.

Agregó que “no puede ser que una persona que ha pagado toda la vida, que tiene un patrimonio sólido, que tiene un trabajo estable, que tiene sus ingresos, por no pagar un dividendo, queda al final condenado aunque lo pague después. Es un sistema muy primitivo el que tenemos nosotros, de blanco o negro”.

El parlamentario recordó que en otros países de Latinoamérica y el mundo, ya existe un sistema similar. “Necesitamos pasar a un sistema que tome en cuenta el conjunto de la historia de las personas, el conjunto de los factores positivos, negativos, para ver en ese marco el riesgo que representa”.

Contenido de la indicación sustitutiva

La propuesta presentada por el Ejecutivo, tiene cuatro ejes estructurantes: se refuerzan los derechos de los titulares de los datos; se amplía la información relativa a obligaciones económicas disponible en el mercado financiero, para que además de los datos sobre deudas morosas que hoy existe también se registre el buen comportamiento de pago de las personas; se introducen mecanismos de control de calidad de los datos; y se crea una instancia administrativa para regular, fiscalizar y sancionar a los agentes y ordenar el mercado de la información comercial.

De esta forma, el texto amplía el tipo de obligaciones que deben ser comunicadas, incluyendo también bajo ciertas condiciones a las deudas al día, así como las instituciones obligadas a informar. Las instituciones obligadas a reportar periódicamente los datos de obligaciones económicas abarcarán a los Bancos, las Casas Comerciales, las Compañías de Seguros, las Cooperativas, las Cajas de Compensación, las Empresas de Leasing y las de Factoring, y la Tesorería General de la República, en lo que respecta a deudas tributarias demandadas.

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