SERNAC DENUNCIARA A DICOM EN TRIBUNALES por publicar deudas adquiridas con compañías de servicios básicos
SERNAC DENUNCIARÁ A DICOM Y BOLETIN COMERCIAL
El Director Regional de SERNAC de la regi'on de Los Lagos, Juan Luis Añazco, informó que la Dirección Nacional de su servicio denunciará en los tribunales al Boletín Comercial, a DICOM y a un grupo de empresas por publicar deudas adquiridas con compañías de servicios básicos transgrediendo con ello la Ley de Protección de Datos Personales.
La norma 19.628 señala claramente que “no podrá comunicarse información relacionada con las deudas contraídas con empresas públicas o privadas que proporcionen servicios de electricidad, agua, teléfono y gas”.
La acción judicial se origina tras más de dos años de ocurrido el incidente de la empresa Claro, cuando SERNAC detectó -a través de los reclamos de consumidores- que la empresa estaba enviando a sus deudores a los registros de morosidad. Entre SUBTEL y SERNAC se recibieron cerca de 180 quejas, si bien el universo de afectados superó los 60 mil, lo que obligó a la empresa a presentar propuestas de solución.
En esa oportunidad y a raíz de estos hechos, SERNAC exigió también al resto de las empresas de servicios básicos que explicaran sus mecanismos de cobranza y todas negaron realizar estas prácticas.
Transcurridos más de dos años de vigilancia, el SERNAC nuevamente ha detectado al menos 13 nuevos casos que pueden representar un universo indeterminado de consumidores afectados.
El Director Nacional de SERNAC, José Roa, fue categórico en señalar que la Ley de Protección de Datos Personales es clara, y prohíbe que se comunique en Boletines Comerciales o DICOM las deudas contraídas con empresas que proporcionen agua, luz, teléfono o gas, por lo que “es inaceptable que las empresas no estén respetando la Ley y los derechos de los consumidores menos aún cuando tres años atrás las compañías afirmaron no realizar esas prácticas”.
Esta vez, la acción judicial se presentará principalmente contra el Boletín Comercial y DICOM por no cumplir con su deber de profesionalidad y estar comunicando datos prohibidos por Ley.
Proyecto de Ley
Roa subrayó que los principales problemas en relación a los registros de morosidad son la información ilegal como la detectada; información incorrecta como por ejemplo, mantener a deudores que han repactado sus deudas; el uso indebido de estos datos en el mercado laboral y la lentitud del proceso de aclaración que hoy requiere llegar a juicio.
Destacó que estas situaciones confirman la necesidad de aprobar los dos proyectos de Ley que modifican la protección de datos personales y la protección de datos económicos que, entre otras cosas, pretenden crear una agencia de protección que fiscalice estos temas.
Ello impedirá las comunicaciones de datos ilegales como el de las deudas contraídas con empresas de servicios básicos, los datos incorrectos y el mal uso que se haga de ellos, pues existirá un organismo fiscalizador y por otra parte, serán los consumidores quienes autoricen el uso de la información.
Asimismo el Director valoró que la iniciativa beneficie a los consumidores que posean buenos antecedentes pues tendrán mayor acceso al crédito a menores costos, así como limitará el sobreendeudamiento toda vez que las empresas prestarán dinero a quien realmente tenga capacidad de pago.
El Director Regional de SERNAC de la regi'on de Los Lagos, Juan Luis Añazco, informó que la Dirección Nacional de su servicio denunciará en los tribunales al Boletín Comercial, a DICOM y a un grupo de empresas por publicar deudas adquiridas con compañías de servicios básicos transgrediendo con ello la Ley de Protección de Datos Personales.
La norma 19.628 señala claramente que “no podrá comunicarse información relacionada con las deudas contraídas con empresas públicas o privadas que proporcionen servicios de electricidad, agua, teléfono y gas”.
La acción judicial se origina tras más de dos años de ocurrido el incidente de la empresa Claro, cuando SERNAC detectó -a través de los reclamos de consumidores- que la empresa estaba enviando a sus deudores a los registros de morosidad. Entre SUBTEL y SERNAC se recibieron cerca de 180 quejas, si bien el universo de afectados superó los 60 mil, lo que obligó a la empresa a presentar propuestas de solución.
En esa oportunidad y a raíz de estos hechos, SERNAC exigió también al resto de las empresas de servicios básicos que explicaran sus mecanismos de cobranza y todas negaron realizar estas prácticas.
Transcurridos más de dos años de vigilancia, el SERNAC nuevamente ha detectado al menos 13 nuevos casos que pueden representar un universo indeterminado de consumidores afectados.
El Director Nacional de SERNAC, José Roa, fue categórico en señalar que la Ley de Protección de Datos Personales es clara, y prohíbe que se comunique en Boletines Comerciales o DICOM las deudas contraídas con empresas que proporcionen agua, luz, teléfono o gas, por lo que “es inaceptable que las empresas no estén respetando la Ley y los derechos de los consumidores menos aún cuando tres años atrás las compañías afirmaron no realizar esas prácticas”.
Esta vez, la acción judicial se presentará principalmente contra el Boletín Comercial y DICOM por no cumplir con su deber de profesionalidad y estar comunicando datos prohibidos por Ley.
Proyecto de Ley
Roa subrayó que los principales problemas en relación a los registros de morosidad son la información ilegal como la detectada; información incorrecta como por ejemplo, mantener a deudores que han repactado sus deudas; el uso indebido de estos datos en el mercado laboral y la lentitud del proceso de aclaración que hoy requiere llegar a juicio.
Destacó que estas situaciones confirman la necesidad de aprobar los dos proyectos de Ley que modifican la protección de datos personales y la protección de datos económicos que, entre otras cosas, pretenden crear una agencia de protección que fiscalice estos temas.
Ello impedirá las comunicaciones de datos ilegales como el de las deudas contraídas con empresas de servicios básicos, los datos incorrectos y el mal uso que se haga de ellos, pues existirá un organismo fiscalizador y por otra parte, serán los consumidores quienes autoricen el uso de la información.
Asimismo el Director valoró que la iniciativa beneficie a los consumidores que posean buenos antecedentes pues tendrán mayor acceso al crédito a menores costos, así como limitará el sobreendeudamiento toda vez que las empresas prestarán dinero a quien realmente tenga capacidad de pago.
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