Moción modifica Ley del Consumidor aumentando las penas a los infractores y la protección a las personas
El proyecto de ley que fue presentado por los diputados PPD, Rodrigo González, Antonio Leal y Eugenio Tuma, propone reforzar la actual legislación y el Servicio Nacional del Consumidor, con la finalidad de aumentar la defensa de los derechos los consumidores frente a las grandes empresas.
En los fundamentos se indica que la Ley 19.496, significó un gran avance en la defensa y promoción de los derechos de los consumidores, ya que por primera vez en Chile éstos fueron reconocidos. Estos derechos apuntaban principalmente a las empresas del retail, quienes abusando de su poder negociador, imponían condiciones gravosas y desfavorables a los consumidores, negándoles derechos tan elementales como el de garantía por defectos de fabricación, de retracto y de reparación de daños, entre otros.
Sin embargo, la ley también ha venido demostrando una serie de falencias, tanto en aspectos sustantivos como procesales, lo que refuerza la necesidad de introducir modificaciones tales como ampliar el ámbito de aplicación de la ley, haciendo extensivas sus normas de protección a contratos de prestación de servicios domiciliarios y profesionales, y a la indemnización de perjuicios derivados de infracciones a la libre competencia.
Por esto, el texto legal busca ampliar el ámbito de aplicación de la ley a todos los actos o contratos en materia de vivienda, transporte, telecomunicaciones, salud, educación, prestación de servicios domiciliarios básicos, profesionales y aquellas referidas a infracciones a las normas sobre libre competencia.
Asimismo, intenta ampliar la cuantía de las causas infractoras de 10 a 25 UTM (de $366.820 a $917050) que los Jueces de Policía Local conocerán en única instancia, estableciendo que independientemente de la cuantía, toda sentencia que niegue lugar a la demanda del consumidor deberá ser revisada, por la vía de la consulta, por la Corte de Apelaciones respectiva, previo informe del fiscal judicial.
También amplía el plazo de prescripción de la acción civil de indemnización de perjuicios de 6 meses a 5 años, disponiendo que la sola reclamación ante el Servicio Nacional del Consumidor, a través de cualquier medio, incluso los electrónicos, interrumpa la prescripción.
Las sanciones de multa también serán aumentadas de 50 UTM a 100 UTM (de $1.834.100 a $3.668.200). Además, se propone la instauración de dos organismos fiscalizadores, cuya creación son de facultad del Ejecutivo, debido a que su creación implica gasto para el Estado.
En primer lugar, se propone transformar el Servicio Nacional del Consumidor en la Superintendencia de Protección del Consumidor, concebida como un órgano del Estado autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, dotada de la competencia y facultades que le permitan aplicar directamente sanciones y multas a las empresas infractoras de la ley sobre protección de los derechos de los consumidores.
Asimismo, se propone crear la Defensoría Pública del Consumidor, permitiendo de esta manera que profesionales expertos en materias de protección del consumidor, sean quienes defiendan los intereses de los consumidores afectados por infracciones sancionadas por la Superintendencia, logrando materializar uno de los derechos básicos que consagra la ley, que es la reparación integra y oportuna de los daños y perjuicios ocasionados a los consumidores como consecuencia de infracciones a la ley 19.496.
Con esto se intenta eliminar las prácticas de muchas empresas, las que hoy en día, debido a la escala y monto de las multas que contempla la ley, prefieren asumirlas antes de no infringir la ley, pues les significa un costo menor para su nivel de producción. El proyecto de ley (boletín 6552) será analizado por la Comisión de Economía.
En los fundamentos se indica que la Ley 19.496, significó un gran avance en la defensa y promoción de los derechos de los consumidores, ya que por primera vez en Chile éstos fueron reconocidos. Estos derechos apuntaban principalmente a las empresas del retail, quienes abusando de su poder negociador, imponían condiciones gravosas y desfavorables a los consumidores, negándoles derechos tan elementales como el de garantía por defectos de fabricación, de retracto y de reparación de daños, entre otros.
Sin embargo, la ley también ha venido demostrando una serie de falencias, tanto en aspectos sustantivos como procesales, lo que refuerza la necesidad de introducir modificaciones tales como ampliar el ámbito de aplicación de la ley, haciendo extensivas sus normas de protección a contratos de prestación de servicios domiciliarios y profesionales, y a la indemnización de perjuicios derivados de infracciones a la libre competencia.
Por esto, el texto legal busca ampliar el ámbito de aplicación de la ley a todos los actos o contratos en materia de vivienda, transporte, telecomunicaciones, salud, educación, prestación de servicios domiciliarios básicos, profesionales y aquellas referidas a infracciones a las normas sobre libre competencia.
Asimismo, intenta ampliar la cuantía de las causas infractoras de 10 a 25 UTM (de $366.820 a $917050) que los Jueces de Policía Local conocerán en única instancia, estableciendo que independientemente de la cuantía, toda sentencia que niegue lugar a la demanda del consumidor deberá ser revisada, por la vía de la consulta, por la Corte de Apelaciones respectiva, previo informe del fiscal judicial.
También amplía el plazo de prescripción de la acción civil de indemnización de perjuicios de 6 meses a 5 años, disponiendo que la sola reclamación ante el Servicio Nacional del Consumidor, a través de cualquier medio, incluso los electrónicos, interrumpa la prescripción.
Las sanciones de multa también serán aumentadas de 50 UTM a 100 UTM (de $1.834.100 a $3.668.200). Además, se propone la instauración de dos organismos fiscalizadores, cuya creación son de facultad del Ejecutivo, debido a que su creación implica gasto para el Estado.
En primer lugar, se propone transformar el Servicio Nacional del Consumidor en la Superintendencia de Protección del Consumidor, concebida como un órgano del Estado autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, dotada de la competencia y facultades que le permitan aplicar directamente sanciones y multas a las empresas infractoras de la ley sobre protección de los derechos de los consumidores.
Asimismo, se propone crear la Defensoría Pública del Consumidor, permitiendo de esta manera que profesionales expertos en materias de protección del consumidor, sean quienes defiendan los intereses de los consumidores afectados por infracciones sancionadas por la Superintendencia, logrando materializar uno de los derechos básicos que consagra la ley, que es la reparación integra y oportuna de los daños y perjuicios ocasionados a los consumidores como consecuencia de infracciones a la ley 19.496.
Con esto se intenta eliminar las prácticas de muchas empresas, las que hoy en día, debido a la escala y monto de las multas que contempla la ley, prefieren asumirlas antes de no infringir la ley, pues les significa un costo menor para su nivel de producción. El proyecto de ley (boletín 6552) será analizado por la Comisión de Economía.
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