Superintendencia de Pensiones (Supen) de Costa Rica subastará mañana cuentas erróneas del régimen de pensiones entre las OPC

Esteban Ramírez Castro
Un error que se produce en el momento de procesar los datos de la planilla patronal se convertirá dentro de pocos días en una fuente adicional de ingresos para alguna de las siete Operadoras de Pensiones Complementarias (OPC) que funcionan en el país.
Si todo sale como está planeado, este lunes 22 de junio a las 10 de la mañana, la Superintendencia de Pensiones (Supen ), abrirá los sobres con las ofertas de las administradoras interesadas en hacerse cargo de los dineros correspondientes a los registros erróneos.
Un corte a marzo indica que hay unos ¢11.700 millones en un fondo compuesto por aportes al Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) y el Fondo de Capitalización Laboral (FCL), que nunca llegaron a las cuentas individuales de sus dueños..
Los errores se generan a partir de la información que presenta el patrono en las planillas de sus trabajadores, cuando la identificación, nombre o apellido que da a la Caja Costarricense de Seguro Social no concuerda con los registros del Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere).
El problema nació con el régimen de pensiones complementarias, en el 2001. Desde entonces, los aportes que traen información defectuosa pasan a Popular Pensiones, si son del ROP, a CCSS OPC en el FCL, y a Vida Plena OPC, en el caso de los maestros.
Sin embargo, Supen decidió que todos estos recursos debían ser administrados por una sola entidad, así que lanzó una subasta de los registros, que será adjudicada a quien cobre menos.
Al cierre de esta edición, en Vida Plena, BCR Pensiones e IBP Pensiones dijeron que participarían en la subasta; en BN Vital el tema está en revisión. En BAC San José OPC no lo harán, mientras que en CCSS OPC y Popular Pensiones no respondieron.
¡Quién da menos!
El principal criterio que utilizará Supen para adjudicar la administración de erróneos es el precio. Quien ofrezca la comisión sobre saldo más baja resultará vencedora, partiendo de una comisión máxima de 1,25%.
Una estimación de EF, con base en el saldo de ambos fondos y su crecimiento esperado indica que solo en el primer año la OPC seleccionada podría tener ingresos brutos entre los ¢120 y los ¢150 millones, al aplicar comisiones de 1 y 1,25%, respectivamente.
La OPC administrará los recursos financieros y dará mantenimiento a la información que permita darle seguimiento a cada aporte, por un plazo de dos años, prorrogables. Alejandro Centeno, gerente de Vida Plena OPC, explicó en este caso no son necesario tareas como la atención al cliente y la comercialización lo que abarata la gestión.
Lo que es un hecho es que la parte más álgida en este tema de los registros erróneos se encuentra fuera la subasta. En varias OPC opinan que más allá de administrar el problema, lo principal es buscarle soluciones.
Este yerro millonario dejará a una OPC con las manos llenas, y a las otras seis con las manos vacías, pues son recursos que de haber entrado de forma correcta, serían distribuidos entre todas.
Dinero en el limbo
Para buscar los responsables del problema hay que apuntar hacia varias direcciones. Unos alegan que es el patrono por entregar mal la información, otros culpan al Sicere por no endurecer las medidas contra ellos. Sin embargo, el afiliado tiene su cuota, pues a través de la orden patronal es quien puede verificar si está reportado como erróneo, con solo observar si su número de identificación inicia con nueve.
Ronald Lacayo, director del Sicere, comentó que como la validación de los datos contra los padrones de nacionales y extranjeros se hace de manera automática, basta un dígito malo para que ese registro quede erróneo.
El superintendente de Pensiones, Javier Cascante, agregó que la génesis del problema puede ser muy variada. Faltas de ortografía al escribir un nombre o la irregularidad de trabajadores extranjeros o temporales, por ejemplo.
Aunque en Supen aseguraron que existen algunas medidas para frenar esta clase de registros, es posible que parte de los dineros de trabajadores extraviados nunca lleguen a su destino.
“Es un dinero inerte, está ahí y el proceso de buscar al dueño vendrá hasta que las personas empiecen a pensionarse y no les cuadren los aportes”, comentó Javier Sancho, gerente de BAC San José Pensiones.
Cascante mencionó que con un cambio a la ley habría posibilidad de trasladar ese dinero luego de 15 o 20 años al Régimen No Contributivo de la Caja, si no se lograr hallar a su propietario.
En ausencia de una mejor solución, el fondo de los registros erróneos podría estar condenado a vagar, de operadora en operadora, por los próximos años.


fuente: http://www.elfinancierocr.com

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