Discuten prohibición constitucional para que funcionarios públicos realicen proselitismo político

Una de las reformas a la Constitución que debate una comisión mixta de diputados y senadores establece que los funcionarios públicos, incluidos los de exclusiva confianza del Presidente de la República y los municipales, no podrán participar en actividades de proselitismo político partidista o en la promoción de candidaturas a cargos de elección popular durante su jornada de trabajo.

Además, no podrán usar su autoridad, cargo, bienes o recursos públicos para fines de carácter político partidista o de índole electoral en ninguna circunstancia; es decir, dentro o fuera de su jornada de trabajo.

Lo anterior, según el ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, “no impide que los trabajadores del sector público se sindicalicen ni que representen a partidos políticos dentro de las listas de la Anef”.

En la oposición, sin embargo, hay diputados que desean ampliar la prohibición de hacer proselitismo también fuera del horario de trabajo. Cristián Monckeberg, diputado de RN, dijo durante el debate en Sala que "la prohibición debiera extenderse más allá de las horas laborales”.

Agregó que “en Comisión Mixta deberemos analizar bien el tema, porque claro, irse caminando o en taxi para no utilizar el automóvil fiscal dice relación con los bienes, pero, ¿qué pasa cuando no puedan ejercer autoridad? El solo hecho de que una autoridad esté presente en una proclamación política, significa que está ejerciendo algún grado de influencia, por lo tanto, tampoco van a cumplir con el requisito al irse caminando a algún lugar”.

En cambio, el diputado Mario Venegas (DC) señaló que “llegar al extremo de dejarlos convertidos en una suerte de inhábiles para ejercer o practicar sus derechos ciudadanos, me parece una exageración. Va contra la naturaleza misma de la función política, porque los ministros son personas dedicadas a la política, a la cosa pública. En consecuencia, es una exageración negarles toda posibilidad de participación”.

“Estoy plenamente de acuerdo con que se debe garantizar que no utilicen ni su puesto, ni los bienes, ni los recursos para fines proselitistas; me parece justo. Siempre estamos disponibles a abrirnos a cuestiones razonables. Pero ir más allá, como que estén negados, ¿quién se saca la condición de autoridad?”, preguntó.

En el mismo sentido, Antonio Leal (PPD) destacó que “no se puede privar de sus derechos constitucionales, como ciudadano, a ninguna autoridad. Sería rebajar el nivel de la política y pensar que los ministros de Estado, los subsecretarios, las autoridades de confianza, los funcionarios públicos, los alcaldes y los concejales no tienen nada que ver con la política, porque son cargos técnicos. Y eso no es así, porque éste es un sistema político, basado en grandes alianzas, en el que, incluso, el régimen presidencial supone la existencia de conglomerados políticos que integran los cargos del Estado”, señaló.

El tema, como se ha indicado, será resuelto en una comisión mixta de diputados y senadores.

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