Aprueban proyecto que establece sanciones por exigir antecedentes económicos para una contratación laboral
La Comisión de Trabajo aprobó esta iniciativa que propone sanciones entre 20 y 50 Unidades Tributarias Mensuales ($735.840 y $1.839.600) para quien condicione la contratación de una persona que se encuentre registrada en el boletín comercial.
La iniciativa (boletín 6129) señala que el Código del Trabajo dispone que ningún empleador podrá condicionar la contratación de trabajadores a la ausencia de obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial que, conforme a la ley, puedan ser comunicadas por los responsables de registros o bancos de datos personales.
No obstante, el texto legal también indica que en la actualidad se ha podido comprobar, incluso en planes de trabajo impulsados por las municipalidades, el bajo cumplimiento de esta normativa protectora de la vida privada, lo que se debe mayormente a la falta de sanciones que impidan que las empresas atenten contra la ley, por lo que el texto establece una sanción de 20 a 50 UTM para el empleador que exija este tipo de antecedentes.
Ante la aprobación del proyecto, la diputada DC y presidenta de la Comisión, Carolina Goic, explicó que “lo que se busca es evitar que el tener antecedentes comerciales, lo que tradicionalmente conocemos como Dicom, sea objeto de discriminación en la contratación de trabajadores”.
La parlamentaria señaló además que pese a que esta iniciativa partió inicialmente como una moción que hablaba básicamente de la discriminación en los planes de empleo, lo que se hizo fue legislar de manera más amplia, estableciendo que aquí se está incurriendo en una discriminación que no puede darse en cualquier tipo de contratación porque así lo establece el Código del Trabajo.
“Evidentemente, una persona que está cesante o que está con problemas postulando a un cupo en un empleo, está en una situación difícil que no le permite cumplir con sus obligaciones comerciales, por ello básicamente se van a aumentar las multas, porque queremos que éste sea un elemento disuasivo para las empresas para que no utilicen esta vía para discriminar si contratan o no a un trabajador”, señaló la diputada Goic.
El texto legal será informado en la Sala por la diputada PPD, Adriana Muñoz.
La iniciativa (boletín 6129) señala que el Código del Trabajo dispone que ningún empleador podrá condicionar la contratación de trabajadores a la ausencia de obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial que, conforme a la ley, puedan ser comunicadas por los responsables de registros o bancos de datos personales.
No obstante, el texto legal también indica que en la actualidad se ha podido comprobar, incluso en planes de trabajo impulsados por las municipalidades, el bajo cumplimiento de esta normativa protectora de la vida privada, lo que se debe mayormente a la falta de sanciones que impidan que las empresas atenten contra la ley, por lo que el texto establece una sanción de 20 a 50 UTM para el empleador que exija este tipo de antecedentes.
Ante la aprobación del proyecto, la diputada DC y presidenta de la Comisión, Carolina Goic, explicó que “lo que se busca es evitar que el tener antecedentes comerciales, lo que tradicionalmente conocemos como Dicom, sea objeto de discriminación en la contratación de trabajadores”.
La parlamentaria señaló además que pese a que esta iniciativa partió inicialmente como una moción que hablaba básicamente de la discriminación en los planes de empleo, lo que se hizo fue legislar de manera más amplia, estableciendo que aquí se está incurriendo en una discriminación que no puede darse en cualquier tipo de contratación porque así lo establece el Código del Trabajo.
“Evidentemente, una persona que está cesante o que está con problemas postulando a un cupo en un empleo, está en una situación difícil que no le permite cumplir con sus obligaciones comerciales, por ello básicamente se van a aumentar las multas, porque queremos que éste sea un elemento disuasivo para las empresas para que no utilicen esta vía para discriminar si contratan o no a un trabajador”, señaló la diputada Goic.
El texto legal será informado en la Sala por la diputada PPD, Adriana Muñoz.
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