Armada colabora en conformación de Autoridad Marítima en Guinea Ecuatorial
Con el objetivo de prestar apoyo técnico-jurídico a la República de Guinea Ecuatorial para la conformación de una Autoridad Marítima, viajó hasta dicho país una comisión de la Armada de Chile, especialmente conformada para la ocasión.
De esta forma y según lo solicitó la División de Cooperación Técnica de la Organización Marítima Internacional, OMI, la Dirección del Terrirorio Marítimo y Marina Mercante envió una comisión, encabezada por el Capitán de Fragata LT Antonio Baros Mansilla y en la que también participó la abogada de la Institución Lorena Peñaranda, que cumplió funciones de asesorías técnicas en seguridad y legislación marítima respectivamente, al Ministerio de Transportes, Tecnología, Correos y Telecomunicaciones de dicho país, interactuando con distintas autoridades locales relacionadas con el tema marítimo.
En tal sentido, se analizó el nivel de conocimiento y aplicación de los Convenios OMI, tanto a nivel directivo como funcionario, y se revisaron a modo de comparación, el Código CEMAC, publicación oficial de aplicación al interior de la comunidad de África central, con lo establecido en el Anteproyecto de Ley General de Transporte Marítimo. Con todo lo recabado se procedió a emitir un bosquejo de la orgánica que debiera tener a futuro la Autoridad Marítima de Guinea Ecuatorial, para cumplir los roles esperados.
Guinea Ecuatorial
La República de Guinea Ecuatorial es un país eminentemente marítimo que se encuentra desde hace diez años experimentando un acelerado crecimiento económico, que se traduce en un dinámico desarrollo de infraestructura pública y urbanismo en general. Sin embargo, este crecimiento es considerado como frágil, ya que se debe enteramente a las utilidades derivadas de la explotación del petróleo, actividad desarrollada en la zona marítima de jurisdicción, en desmedro de otras actividades económicas como la agricultura y la pesca.
Asimismo, este crecimiento no se ha concretado en forma homogénea en todos los sectores de la población, apreciándose permanentes diferencias entre los distintos segmentos sociales, lo cual constituye una abierta y latente amenaza a la estabilidad política interna. Del mismo modo, este crecimiento representa un serio riesgo a la protección de los ecosistemas, y a la gestión sustentable de los recursos naturales del país.
En cuanto al ámbito marítimo-portuario, la condición insular del país, involucra una dependencia económica y geopolítica casi exclusiva de las vías de comunicaciones marítimas para su adecuado abastecimiento y enlace. Sin embargo, ello se contrapone a la realidad existente, ya que para la necesaria cautela de esta particular condición física, no existe una Autoridad Marítima propiamente tal, que cuente con una sólida base jurídica, que haga cumplir los convenios internacionales OMI ratificados por el país, lo cual implica la fiscalización y control de las diversas actividades que se verifican en la jurisdicción marítima, en especial todo lo referido a la explotación de los hidrocarburos, la prevención de la contaminación marina, así como el control de naves y tripulaciones.
De esta forma y según lo solicitó la División de Cooperación Técnica de la Organización Marítima Internacional, OMI, la Dirección del Terrirorio Marítimo y Marina Mercante envió una comisión, encabezada por el Capitán de Fragata LT Antonio Baros Mansilla y en la que también participó la abogada de la Institución Lorena Peñaranda, que cumplió funciones de asesorías técnicas en seguridad y legislación marítima respectivamente, al Ministerio de Transportes, Tecnología, Correos y Telecomunicaciones de dicho país, interactuando con distintas autoridades locales relacionadas con el tema marítimo.
En tal sentido, se analizó el nivel de conocimiento y aplicación de los Convenios OMI, tanto a nivel directivo como funcionario, y se revisaron a modo de comparación, el Código CEMAC, publicación oficial de aplicación al interior de la comunidad de África central, con lo establecido en el Anteproyecto de Ley General de Transporte Marítimo. Con todo lo recabado se procedió a emitir un bosquejo de la orgánica que debiera tener a futuro la Autoridad Marítima de Guinea Ecuatorial, para cumplir los roles esperados.
Guinea Ecuatorial
La República de Guinea Ecuatorial es un país eminentemente marítimo que se encuentra desde hace diez años experimentando un acelerado crecimiento económico, que se traduce en un dinámico desarrollo de infraestructura pública y urbanismo en general. Sin embargo, este crecimiento es considerado como frágil, ya que se debe enteramente a las utilidades derivadas de la explotación del petróleo, actividad desarrollada en la zona marítima de jurisdicción, en desmedro de otras actividades económicas como la agricultura y la pesca.
Asimismo, este crecimiento no se ha concretado en forma homogénea en todos los sectores de la población, apreciándose permanentes diferencias entre los distintos segmentos sociales, lo cual constituye una abierta y latente amenaza a la estabilidad política interna. Del mismo modo, este crecimiento representa un serio riesgo a la protección de los ecosistemas, y a la gestión sustentable de los recursos naturales del país.
En cuanto al ámbito marítimo-portuario, la condición insular del país, involucra una dependencia económica y geopolítica casi exclusiva de las vías de comunicaciones marítimas para su adecuado abastecimiento y enlace. Sin embargo, ello se contrapone a la realidad existente, ya que para la necesaria cautela de esta particular condición física, no existe una Autoridad Marítima propiamente tal, que cuente con una sólida base jurídica, que haga cumplir los convenios internacionales OMI ratificados por el país, lo cual implica la fiscalización y control de las diversas actividades que se verifican en la jurisdicción marítima, en especial todo lo referido a la explotación de los hidrocarburos, la prevención de la contaminación marina, así como el control de naves y tripulaciones.
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