En el Senado de Chile Inician análisis del proyecto que permite el acceso a la información bancaria
Como una legislación que permitirá a Chile cumplir con los estándares internacionales mínimos en materia de secreto bancario calificaron los senadores Evelyn Matthei y Carlos Ominami, presidente e integrante de la Comisión de Hacienda, respectivamente, el proyecto que autoriza el acceso a la información bancaria por parte de la autoridad tributaria.
La iniciativa que cumple su segundo trámite, regula el procedimiento que deberá seguir la autoridad tributaria para acceder a la información bancaria sujeta a reserva o secreto con el fin de evitar la evasión.
Asimismo establece que la justicia ordinaria podrá autorizar el examen de informaciones relativas a las operaciones bancarias de personas determinadas, sujetas a secreto o reserva, en el caso de procesos relacionados con delitos tributarios.
La senadora Matthei valoró el respaldo a la idea de legislar de esta iniciativa y recordó que "la Comisión tiene el mandato de la Sala para analizarla también particular por lo que ahora comienza el trabajo de los equipos técnicos".
Precisó que con esta nueva legislación "Chile no quedará en la lista de países que no cumplen con ciertas estándares internacionales" y aseguró que el proyecto establece ciertos requisitos mínimos para una mayor transparencia.
Por su parte, el senador Carlos Ominami manifestó que la iniciativa "pone a nuestro país "a tono con el rango bajo de transparencia que contempla la actual legislación de acuerdo con las normas que establece la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)".
Puntualizó que "hay países donde la administración tributaria tiene facultades mucho más amplias que las que se otorgan en este proyecto pero me parece bien porque se equilibra el debido resguardo de la privacidad de las personas".
Agregó que "no podemos imponer las medidas más estrictas porque los niveles de informalidad de nuestra economía todavía son muy altos y esto hace que este concepto de ingresos no justificados se transforme en situaciones complejas".
A modo de ejemplo, precisó que hay muchos jubilados y jubiladas que no tienen cuenta corriente y cuyas pensiones se las depositan en las cuentas de sus hijos o familiares cercanos. "Allí no hay delito, pero de acuerdo a estándares más estrictos se trata de ingresos no justificados".
En lo fundamental el proyecto consagra el carácter reservado que tendrá la información secreta obtenida por el Servicio de Impuestos Internos y establece que "sólo podrá ser utilizada por este servicio para establecer la veracidad de las declaraciones de impuestos, para el cobro de los impuestos adeudados y para la aplicación de las sanciones que procedan".
La solicitud que realice el SII deberá ser presentada conjuntamente con los antecedentes que justifiquen el requerimiento de la información, identificando las declaraciones que se buscan aclarar. A su vez, el Juez Tributario y Aduanero resolverá la solicitud de autorización con citación de las partes a una audiencia.
En caso de apelación del contribuyente, esta deberá hacerse en el plazo de 5 días contados desde su notificación. La apelación será tramitada en el tribunal de alzada correspondiente y en contra de la resolución de la Corte no procederá recurso alguno.
La nueva legislación comenzaría a regir a partir del 1° de enero del 2010 y se aplicaría a la información bancaria que, a contar de dicha fecha, se genere.
La iniciativa que cumple su segundo trámite, regula el procedimiento que deberá seguir la autoridad tributaria para acceder a la información bancaria sujeta a reserva o secreto con el fin de evitar la evasión.
Asimismo establece que la justicia ordinaria podrá autorizar el examen de informaciones relativas a las operaciones bancarias de personas determinadas, sujetas a secreto o reserva, en el caso de procesos relacionados con delitos tributarios.
La senadora Matthei valoró el respaldo a la idea de legislar de esta iniciativa y recordó que "la Comisión tiene el mandato de la Sala para analizarla también particular por lo que ahora comienza el trabajo de los equipos técnicos".
Precisó que con esta nueva legislación "Chile no quedará en la lista de países que no cumplen con ciertas estándares internacionales" y aseguró que el proyecto establece ciertos requisitos mínimos para una mayor transparencia.
Por su parte, el senador Carlos Ominami manifestó que la iniciativa "pone a nuestro país "a tono con el rango bajo de transparencia que contempla la actual legislación de acuerdo con las normas que establece la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)".
Puntualizó que "hay países donde la administración tributaria tiene facultades mucho más amplias que las que se otorgan en este proyecto pero me parece bien porque se equilibra el debido resguardo de la privacidad de las personas".
Agregó que "no podemos imponer las medidas más estrictas porque los niveles de informalidad de nuestra economía todavía son muy altos y esto hace que este concepto de ingresos no justificados se transforme en situaciones complejas".
A modo de ejemplo, precisó que hay muchos jubilados y jubiladas que no tienen cuenta corriente y cuyas pensiones se las depositan en las cuentas de sus hijos o familiares cercanos. "Allí no hay delito, pero de acuerdo a estándares más estrictos se trata de ingresos no justificados".
En lo fundamental el proyecto consagra el carácter reservado que tendrá la información secreta obtenida por el Servicio de Impuestos Internos y establece que "sólo podrá ser utilizada por este servicio para establecer la veracidad de las declaraciones de impuestos, para el cobro de los impuestos adeudados y para la aplicación de las sanciones que procedan".
La solicitud que realice el SII deberá ser presentada conjuntamente con los antecedentes que justifiquen el requerimiento de la información, identificando las declaraciones que se buscan aclarar. A su vez, el Juez Tributario y Aduanero resolverá la solicitud de autorización con citación de las partes a una audiencia.
En caso de apelación del contribuyente, esta deberá hacerse en el plazo de 5 días contados desde su notificación. La apelación será tramitada en el tribunal de alzada correspondiente y en contra de la resolución de la Corte no procederá recurso alguno.
La nueva legislación comenzaría a regir a partir del 1° de enero del 2010 y se aplicaría a la información bancaria que, a contar de dicha fecha, se genere.
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