Comisión de Economía analiza proyecto que tipifica el delito de colusión
La instancia que preside el diputado Gonzalo Arenas (UDI), inició la discusión del proyecto que impone penas a quienes atenten contra la libre competencia y tipifica la colusión como delito, con la finalidad de evitar este tipo de comportamientos que afectan a las actividades económicas consideradas esenciales en el país.
El Ejecutivo envió una indicación sustitutiva que reemplaza el articulado de dos mociones (boletines 6438 y 6439), y que considera el gran impacto que ha producido el caso de la colusión de precios de las principales cadenas farmacéuticas de Chile, demostrando la necesidad de reestablecer un tipo penal específico que sancione este tipo de conductas.
La propuesta del Gobierno busca establecer una sanción penal exclusivamente para el ilícito de colusión, bajo determinados supuestos de especial gravedad y la regulación de ciertos aspectos de carácter procesal que se consideran indispensables para la eficacia de la sanción.
Manuel Zárate, Subdirector de la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía Nacional, quien asistió en representación del Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, señaló que el Ministerio Público valora positivamente la inclusión del delito de colusión en el Código Penal y agregó que su participación en la sesión tuvo que ver con hacer algunos comentarios en pos de que la tipificación que se apruebe en este proyecto, sea finalmente aplicable.
De la misma forma, explicó que, al tratarse de un delito de acción penal pública, sería el Fiscal Nacional Económico quien iniciaría la persecución particular, poniendo los antecedentes en conocimiento del Ministerio Público, a través de una querella interpuesta en el Juzgado de Garantía, tal como ocurre a propósito de los delitos tributarios con el Servicio de Impuestos Internos, o los delitos de contrabando en el Servicio Nacional de Aduanas.
Por su parte, María Elina Cruz, del Centro de Libre Competencia de la Universidad Católica, dijo que a su parecer este es un buen proyecto pero que necesita de muchas correcciones, a lo que añadió que “si ya se optó por establecer un tipo penal para la colusión, es importante que esto se haga bien, porque si no, se puede derivar incluso en que las colusiones terminen no siendo sancionadas”.
Cruz puntualizó que el texto puede ser mejorado, “aumentando la coordinación entre las autoridades que propone y se podría mejorar también el tipo penal que se está presentando como necesario para que se configure la colusión sancionable en el Código Penal, eso es muy importante, porque hoy en día es un tipo muy amplio”.
En tanto, el diputado René Aedo (RN), explicó que el tema de discusión se centró en establecer cuáles son los tribunales que deberían ver este tema “y creo que hay casi un consenso en que quien tiene que ver esto es el Tribunal de Garantía y dentro del proceso tiene que ser por una querella hecha por el Fiscal Nacional Económico”.
Además, aclaró que el proyecto penaliza a las personas y no a la entidad jurídica que comete la colusión, porque “se cree que puede tener un efecto disuasivo y creemos que hay muchos países que hoy día entraron en el terreno de penalizar todas las acciones de colusión que afectan la libre competencia. En nuestro caso chileno, se intenta que sea cuando estas afecten actividades económicas que sean esenciales o relevantes para la sociedad”.
Contenido del proyecto
El texto legal propone que la colusión será sancionada con la pena de reclusión menor en su grado medio a máximo, esto es, de 541 días a 5 años de cárcel, para las personas naturales que han participado en el acto colusorio.
De la misma forma, el texto legal introduce el concepto de delación compensada, el que se considera como uno de los instrumentos más eficaces para detectar y poner pronto término a los acuerdos de colusión. Este es un mecanismo empleado para actuar sobre delitos de carácter colectivo, donde se otorga la reducción parcial o total de la pena a uno de los miembros de la organización ilegal por entregar información que permita sancionar al resto.
Otro de los puntos esenciales del proyecto tiene que ver con la acción penal que desarrollará el Ministerio Público, previa querella del Fiscal Nacional Económico, presentada ante el Juez de Garantía competente. Se considera imprescindible la investigación desarrollada por él, la que debe ser lo suficientemente contundente para ejercer la acción penal a fin de evitar que por falta de antecedentes no se logren acreditar las conductas graves contra la libertad de competencia.
El Ejecutivo envió una indicación sustitutiva que reemplaza el articulado de dos mociones (boletines 6438 y 6439), y que considera el gran impacto que ha producido el caso de la colusión de precios de las principales cadenas farmacéuticas de Chile, demostrando la necesidad de reestablecer un tipo penal específico que sancione este tipo de conductas.
La propuesta del Gobierno busca establecer una sanción penal exclusivamente para el ilícito de colusión, bajo determinados supuestos de especial gravedad y la regulación de ciertos aspectos de carácter procesal que se consideran indispensables para la eficacia de la sanción.
Manuel Zárate, Subdirector de la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía Nacional, quien asistió en representación del Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, señaló que el Ministerio Público valora positivamente la inclusión del delito de colusión en el Código Penal y agregó que su participación en la sesión tuvo que ver con hacer algunos comentarios en pos de que la tipificación que se apruebe en este proyecto, sea finalmente aplicable.
De la misma forma, explicó que, al tratarse de un delito de acción penal pública, sería el Fiscal Nacional Económico quien iniciaría la persecución particular, poniendo los antecedentes en conocimiento del Ministerio Público, a través de una querella interpuesta en el Juzgado de Garantía, tal como ocurre a propósito de los delitos tributarios con el Servicio de Impuestos Internos, o los delitos de contrabando en el Servicio Nacional de Aduanas.
Por su parte, María Elina Cruz, del Centro de Libre Competencia de la Universidad Católica, dijo que a su parecer este es un buen proyecto pero que necesita de muchas correcciones, a lo que añadió que “si ya se optó por establecer un tipo penal para la colusión, es importante que esto se haga bien, porque si no, se puede derivar incluso en que las colusiones terminen no siendo sancionadas”.
Cruz puntualizó que el texto puede ser mejorado, “aumentando la coordinación entre las autoridades que propone y se podría mejorar también el tipo penal que se está presentando como necesario para que se configure la colusión sancionable en el Código Penal, eso es muy importante, porque hoy en día es un tipo muy amplio”.
En tanto, el diputado René Aedo (RN), explicó que el tema de discusión se centró en establecer cuáles son los tribunales que deberían ver este tema “y creo que hay casi un consenso en que quien tiene que ver esto es el Tribunal de Garantía y dentro del proceso tiene que ser por una querella hecha por el Fiscal Nacional Económico”.
Además, aclaró que el proyecto penaliza a las personas y no a la entidad jurídica que comete la colusión, porque “se cree que puede tener un efecto disuasivo y creemos que hay muchos países que hoy día entraron en el terreno de penalizar todas las acciones de colusión que afectan la libre competencia. En nuestro caso chileno, se intenta que sea cuando estas afecten actividades económicas que sean esenciales o relevantes para la sociedad”.
Contenido del proyecto
El texto legal propone que la colusión será sancionada con la pena de reclusión menor en su grado medio a máximo, esto es, de 541 días a 5 años de cárcel, para las personas naturales que han participado en el acto colusorio.
De la misma forma, el texto legal introduce el concepto de delación compensada, el que se considera como uno de los instrumentos más eficaces para detectar y poner pronto término a los acuerdos de colusión. Este es un mecanismo empleado para actuar sobre delitos de carácter colectivo, donde se otorga la reducción parcial o total de la pena a uno de los miembros de la organización ilegal por entregar información que permita sancionar al resto.
Otro de los puntos esenciales del proyecto tiene que ver con la acción penal que desarrollará el Ministerio Público, previa querella del Fiscal Nacional Económico, presentada ante el Juez de Garantía competente. Se considera imprescindible la investigación desarrollada por él, la que debe ser lo suficientemente contundente para ejercer la acción penal a fin de evitar que por falta de antecedentes no se logren acreditar las conductas graves contra la libertad de competencia.
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