Concluyen que hubo desórdenes y hechos graves en adjudicación y fiscalización de obras públicas en la VI región
La Sala analizó el informe de Comisión Especial que investigó las denuncias formuladas por la ex Seremi de Obras Públicas en la VI Región, Beatriz Valenzuela, que entre otros puntos concluye que se cometieron desórdenes y hechos graves que entre otras cosas habrían llevado a la existencia de una red de coimas.
El informe, aprobado por 49 votos a favor y 2 abstenciones, indica que estos desórdenes implicarían una red de coimas en los contratos de mantención de caminos, por montos a ser revisados de más de cinco mil millones de pesos.
Estos hechos “se repiten en un Ministerio cuestionado por el caso denominado MOP-GATE y por denuncias similares efectuadas en la Novena Región, que demuestran un sinnúmero de carencias estructurales y falta de respuesta institucional” en situaciones como el cuestionamiento a los abultados contratos de ampliación de las obras de la empresa Pilén; al visitador técnico Aldo Rossi, luego nombrado Jefe Nacional de Mantención, al ex Jefe de Vialidad José Miguel Zurita, recontratado como asesor en el área de aeropuertos, al ex Jefe de Conservación Regional, Miguel Vásquez, y a otros funcionarios que continuaron trabajando en el Ministerio.
Se mencionan también compras fragmentadas para evitar determinados controles, falta de resolución de recepciones de obras, de caminos terminados sin firmas de convenios y robo de pintura de demarcación, entre otras situaciones que no fueron obstáculo para la continuación de los contratos con las empresas cuestionadas.
Asimismo, se consignan las amenazas inaceptables a la vida de quienes investigaron estos hechos, como la ex Seremi Valenzuela, y la auditora ministerial, Carolina Parraguez, además de sus respectivas familias, atacándose incluso el domicilio de los padres de esta última.
Reacción del Ministerio
El grupo parlamentario señala en su informe que pese a que los patrocinantes de la Comisión Investigadora argumentaron que no hubo una reacción institucional inicial por parte del Ministerio de Obras Públicas, para aclarar la denuncia, las respuestas se adoptaron posteriormente y fueron las adecuadas, a raíz de lo cual, las personas involucradas fueron formalizadas y hubo numerosos cambios institucionales para implementar una mayor fiscalización.
“Además, esta Comisión destaca particularmente la labor realizada por la auditora ministerial, doña Carolina Parraguez, en el cargo creado por el ex Ministro de Obras Públicas, señor Eduardo Bitrán”, indica el documento.
Propuestas
En el ámbito de fiscalización del Ministerio de Obras Públicas, la Comisión propone crear una Superintendencia del ramo, debido a que los altos montos de dinero que maneja dicha cartera son desproporcionados en relación a la fiscalización que puede realizar. “Para ello se debe solicitar al Ejecutivo apurar la tramitación del proyecto de ley en cuestión, con la debida urgencia para el pronto despacho de dicha iniciativa”.
Como parte integral de ese proyecto, la Comisión apoya la exigencia de mayores niveles de transparencia de la información, en concordancia con la Ley de Trasparencia, que faciliten la entrega de información vinculada a los proyectos de ejecución de obras públicas, en particular sobre la gestión y servicio que ofrecen; además de la generación de información técnica especializada e independiente que surja de la misma Superintendencia.
Adicionalmente, se plantea que el MOP indague exhaustivamente las declaraciones de bienes de sus funcionarios y el origen de las empresas adjudicatarias de los contratos; que se auditen externamente, sin dependencia del ministerio, los contratos de ampliaciones de obras en todas las regiones del país.
También se propone aumentar los recursos en la Ley de Presupuestos para la contratación de personal de fiscalización del MOP; y reordenar la dependencia jerárquica de los auditores regionales, para que pasen de los directores regionales de vialidad a responder sólo a la auditoría central.
Finalmente, el informe sugiere el concurso de todos los cargos de auditoría por medio del Sistema de Alta Dirección Pública, de modo que no se les contrate como asesores y sean además, elegidos los más capacitados, de acuerdo a una definición previa del perfil del cargo.
Origen de la Comisión
La instancia fue creada el 20 de noviembre de 2008, para investigar las denuncias de corrupción en la Región de O'Higgins y otras zonas del país, y la falta de reacción institucional del Ministerio.
Entre los objetivos del grupo parlamentario estaban aclarar los hechos denunciados por la ex Seremi Beatriz Valenzuela, hermana del diputado Independiente, Esteban Valenzuela, que significaron el arresto y procesamiento de funcionarios del MOP de Rancagua por su eventual participación en una red que abultaba contratos de mantención de caminos.
También debía revisar en detalle las políticas de adjudicaciones y la fiscalización de obras, e investigar en profundidad los procedimientos internos del MOP ante las denuncias presentadas, así como la respuesta institucional pro transparencia del ministerio dada a estos hechos.
La Comisión estuvo integrada por los diputados Ramón Barros (UDI), quien presidió la instancia, Eugenio Bauer (UDI), Germán Becker (RN), Álvaro Escobar (Ind), Marta Isasi (Ind), Iván Paredes (PS), Darío Paya (UDI), Jaime Quintana (PPD), Jorge Sabag (DC), Alejandro Sule (PRSD), Eugenio Tuma (PPD), Ximena Valcarce (RN)y Mario Venegas (DC).
Durante su funcionamiento, se recibió a la ex Secretaria Ministerial de Obras Públicas de la VI Región, Beatriz Valenzuela; el ex Ministro de Obras Públicas, Eduardo Bitrán; el ex Director de Vialidad, Vicente Pardo; la Auditora del MOP, Carolina Parraguez y el Ministro de Obras Públicas, Sergio Bitar.
El informe, aprobado por 49 votos a favor y 2 abstenciones, indica que estos desórdenes implicarían una red de coimas en los contratos de mantención de caminos, por montos a ser revisados de más de cinco mil millones de pesos.
Estos hechos “se repiten en un Ministerio cuestionado por el caso denominado MOP-GATE y por denuncias similares efectuadas en la Novena Región, que demuestran un sinnúmero de carencias estructurales y falta de respuesta institucional” en situaciones como el cuestionamiento a los abultados contratos de ampliación de las obras de la empresa Pilén; al visitador técnico Aldo Rossi, luego nombrado Jefe Nacional de Mantención, al ex Jefe de Vialidad José Miguel Zurita, recontratado como asesor en el área de aeropuertos, al ex Jefe de Conservación Regional, Miguel Vásquez, y a otros funcionarios que continuaron trabajando en el Ministerio.
Se mencionan también compras fragmentadas para evitar determinados controles, falta de resolución de recepciones de obras, de caminos terminados sin firmas de convenios y robo de pintura de demarcación, entre otras situaciones que no fueron obstáculo para la continuación de los contratos con las empresas cuestionadas.
Asimismo, se consignan las amenazas inaceptables a la vida de quienes investigaron estos hechos, como la ex Seremi Valenzuela, y la auditora ministerial, Carolina Parraguez, además de sus respectivas familias, atacándose incluso el domicilio de los padres de esta última.
Reacción del Ministerio
El grupo parlamentario señala en su informe que pese a que los patrocinantes de la Comisión Investigadora argumentaron que no hubo una reacción institucional inicial por parte del Ministerio de Obras Públicas, para aclarar la denuncia, las respuestas se adoptaron posteriormente y fueron las adecuadas, a raíz de lo cual, las personas involucradas fueron formalizadas y hubo numerosos cambios institucionales para implementar una mayor fiscalización.
“Además, esta Comisión destaca particularmente la labor realizada por la auditora ministerial, doña Carolina Parraguez, en el cargo creado por el ex Ministro de Obras Públicas, señor Eduardo Bitrán”, indica el documento.
Propuestas
En el ámbito de fiscalización del Ministerio de Obras Públicas, la Comisión propone crear una Superintendencia del ramo, debido a que los altos montos de dinero que maneja dicha cartera son desproporcionados en relación a la fiscalización que puede realizar. “Para ello se debe solicitar al Ejecutivo apurar la tramitación del proyecto de ley en cuestión, con la debida urgencia para el pronto despacho de dicha iniciativa”.
Como parte integral de ese proyecto, la Comisión apoya la exigencia de mayores niveles de transparencia de la información, en concordancia con la Ley de Trasparencia, que faciliten la entrega de información vinculada a los proyectos de ejecución de obras públicas, en particular sobre la gestión y servicio que ofrecen; además de la generación de información técnica especializada e independiente que surja de la misma Superintendencia.
Adicionalmente, se plantea que el MOP indague exhaustivamente las declaraciones de bienes de sus funcionarios y el origen de las empresas adjudicatarias de los contratos; que se auditen externamente, sin dependencia del ministerio, los contratos de ampliaciones de obras en todas las regiones del país.
También se propone aumentar los recursos en la Ley de Presupuestos para la contratación de personal de fiscalización del MOP; y reordenar la dependencia jerárquica de los auditores regionales, para que pasen de los directores regionales de vialidad a responder sólo a la auditoría central.
Finalmente, el informe sugiere el concurso de todos los cargos de auditoría por medio del Sistema de Alta Dirección Pública, de modo que no se les contrate como asesores y sean además, elegidos los más capacitados, de acuerdo a una definición previa del perfil del cargo.
Origen de la Comisión
La instancia fue creada el 20 de noviembre de 2008, para investigar las denuncias de corrupción en la Región de O'Higgins y otras zonas del país, y la falta de reacción institucional del Ministerio.
Entre los objetivos del grupo parlamentario estaban aclarar los hechos denunciados por la ex Seremi Beatriz Valenzuela, hermana del diputado Independiente, Esteban Valenzuela, que significaron el arresto y procesamiento de funcionarios del MOP de Rancagua por su eventual participación en una red que abultaba contratos de mantención de caminos.
También debía revisar en detalle las políticas de adjudicaciones y la fiscalización de obras, e investigar en profundidad los procedimientos internos del MOP ante las denuncias presentadas, así como la respuesta institucional pro transparencia del ministerio dada a estos hechos.
La Comisión estuvo integrada por los diputados Ramón Barros (UDI), quien presidió la instancia, Eugenio Bauer (UDI), Germán Becker (RN), Álvaro Escobar (Ind), Marta Isasi (Ind), Iván Paredes (PS), Darío Paya (UDI), Jaime Quintana (PPD), Jorge Sabag (DC), Alejandro Sule (PRSD), Eugenio Tuma (PPD), Ximena Valcarce (RN)y Mario Venegas (DC).
Durante su funcionamiento, se recibió a la ex Secretaria Ministerial de Obras Públicas de la VI Región, Beatriz Valenzuela; el ex Ministro de Obras Públicas, Eduardo Bitrán; el ex Director de Vialidad, Vicente Pardo; la Auditora del MOP, Carolina Parraguez y el Ministro de Obras Públicas, Sergio Bitar.
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