DIPUTADO VALLESPÍN PIDIÓ AL GOBIERNO FINANCIAR PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL
El diputado DC Patricio Vallespín pidió, a la Presidenta de la República, a través de un proyecto de acuerdo, que instruya a los ministros: de Hacienda, de Planificación y de Salud llevar a cabo planes de rehabilitación, para personas ciegas y de baja visión, incluyendo el financiamiento de programas que imparten instituciones privadas sin fines de lucro.
La iniciativa, que fue aprobada en la Cámara, señala que “es deber del Estado generar iniciativas y políticas públicas que aseguren a todas las personas con discapacidad el derecho a la rehabilitación, integración y plena participación social, entendida ésta como un proceso sistemático que conlleva a la mayor independencia, autonomía y estabilidad emocional.”Por lo anterior, el parlamentario por Puerto Montt agregó que “es necesario definir y financiar programas y planes que normen los procesos de rehabilitación de personas con discapacidad visual, para lo cual se puede tomar como referencia los programas reconocidos, avalados y sugeridos por instancias como la Unión Mundial de Ciegos (UMC), la Unión Latinoamericana de Ciegos (ULAC), que son aplicados por diversas instituciones nacionales e internacionales”.
Sobre la realidad de los no videntes, informó que “según estadísticas del Estudio Nacional de la Discapacidad, ENDISC del año 2004, de lo más de 2 millones de chilenos que tienen alguna discapacidad, la población con problemas visuales es de seiscientas treinta y cuatro mil novecientas seis, es decir, el 30,7% de la población con discapacidad en general, de las cuales, la gran mayoría no accede a Programas de Rehabilitación”.
Agregó que “estas personas adultas con ceguera o baja visión tienen derecho a participar de servicios de rehabilitación efectivos y oportunos que aseguren su calidad de vida, lo que esta expresamente señalado en la ley que establece normas para la plena integración de las personas con discapacidad, que señala que la prevención de las discapacidades y la rehabilitación constituyen una obligación del Estado y, asimismo, un derecho y un deber de las personas con discapacidad, de su familia y de la sociedad en su conjunto".
Finalmente, precisó que “a pesar de los esfuerzos de integración y rehabilitación que realiza el Ministerio de Salud, el de Educación y el de Planificación ello no es suficiente y las pocas organizaciones del área privada que ofrecen el servicio para personas con discapacidad visual evidencian graves problemas de financiamiento para dichos programas, manteniendo una creciente lista de espera de personas adultas ciegas o con baja visión que demandan la atención”.
La iniciativa, que fue aprobada en la Cámara, señala que “es deber del Estado generar iniciativas y políticas públicas que aseguren a todas las personas con discapacidad el derecho a la rehabilitación, integración y plena participación social, entendida ésta como un proceso sistemático que conlleva a la mayor independencia, autonomía y estabilidad emocional.”Por lo anterior, el parlamentario por Puerto Montt agregó que “es necesario definir y financiar programas y planes que normen los procesos de rehabilitación de personas con discapacidad visual, para lo cual se puede tomar como referencia los programas reconocidos, avalados y sugeridos por instancias como la Unión Mundial de Ciegos (UMC), la Unión Latinoamericana de Ciegos (ULAC), que son aplicados por diversas instituciones nacionales e internacionales”.
Sobre la realidad de los no videntes, informó que “según estadísticas del Estudio Nacional de la Discapacidad, ENDISC del año 2004, de lo más de 2 millones de chilenos que tienen alguna discapacidad, la población con problemas visuales es de seiscientas treinta y cuatro mil novecientas seis, es decir, el 30,7% de la población con discapacidad en general, de las cuales, la gran mayoría no accede a Programas de Rehabilitación”.
Agregó que “estas personas adultas con ceguera o baja visión tienen derecho a participar de servicios de rehabilitación efectivos y oportunos que aseguren su calidad de vida, lo que esta expresamente señalado en la ley que establece normas para la plena integración de las personas con discapacidad, que señala que la prevención de las discapacidades y la rehabilitación constituyen una obligación del Estado y, asimismo, un derecho y un deber de las personas con discapacidad, de su familia y de la sociedad en su conjunto".
Finalmente, precisó que “a pesar de los esfuerzos de integración y rehabilitación que realiza el Ministerio de Salud, el de Educación y el de Planificación ello no es suficiente y las pocas organizaciones del área privada que ofrecen el servicio para personas con discapacidad visual evidencian graves problemas de financiamiento para dichos programas, manteniendo una creciente lista de espera de personas adultas ciegas o con baja visión que demandan la atención”.
Comentarios