Ministra del Trabajo entregó explicaciones por anulación de la licitación con BancoEstado para el pago de pensiones
La Ministra del Trabajo, Claudia Serrano, manifestó que no hubo eventuales irregularidades en el proceso y que este se hizo con la finalidad de mejorar el servicio que se le entrega a los 2 millones 300 mil pensionados de Chile.
La representante del Ejecutivo entregó antecedentes del proceso de licitación del nuevo sistema de pago de pensiones, tras la polémica que se generó por la anulación de la licitación por un año, que en un comienzo fue ganada por el BancoEstado y posteriormente fue entregada al Banco BBVA, entidad que había perdido el proceso al presentar una oferta más cara por el pago de las pensiones del Instituto de Previsión Social.
Sin embargo, la Ministra sostuvo que esta decisión de anular la licitación fue compartida entre el Ministerio y el BancoEstado y añadió que “ésta se tomó considerando la calidad del servicio. Nosotros queremos entregarles a los adultos mayores no solamente su pensión, sino que también un conjunto de beneficios asociados”.
De la misma manera, dijo que en esta decisión se estimó también el cambio cultural que se requiere el pasar de una modalidad presencial a la bancarización (que privilegia las transacciones a distancia), que es más barata pero “supone una inversión de tiempo y una preparación que por el promedio de edad y las características socioculturales de los pensionados chilenos, hacen que este proceso no sea aconsejable por el momento”.
Asimismo, la Ministra Serrano dijo que en un comienzo “quisimos apostar por la bancarización porque era más barata, pero nos dimos cuenta que íbamos a producir un desmedro en el estándar y la calidad de los servicios que estábamos entregando y enmendamos. En definitiva son bases bien construidas y fueron aprobadas por la Contraloría”.
En cuanto a las críticas que se han hecho por elegir finalmente un sistema que es más costoso para el Fisco, la Ministra del Trabajo dijo que “estamos dispuestos a pagar más caro, ya que tenemos que dar la cara por la calidad de lo que le entregamos a la gente y hemos hecho un proceso totalmente transparente con todos los requisitos jurídicos y administrativos que corresponden y la única responsabilidad que nos cabe es la de prestar un buen servicio”.
El diputado José Miguel Ortiz (DC), quien presidió la instancia, apoyó los dichos de la Ministra y dijo que “los jubilados de este país, se pagaban prácticamente en lugares como galpones u otros, la atención era pésima, así que se planteó en justicia que se tenía que mejorar la atención del pago de sus remuneraciones y por eso se llegó a un acuerdo con el Banco BBVA en el sentido que se le dieran comodidades, servicios higiénicos, instalaciones con asientos y camillas”.
El legislador señaló también que lo anterior se sumó al hecho de que pese a que la primera licitación la ganó BancoEstado, posteriormente se llegó a la conclusión de que era imposible que dicho banco pudiera atender a 2 millones 300 mil jubilados y pensionados y en vista de eso, quedó sin efecto esa licitación.
En tanto, los diputados de la Alianza quedaron disconformes con las explicaciones entregadas. En este sentido, el diputado UDI, Gonzalo Uriarte, dijo que éstas resultaron insatisfactorias e incompletas. “Nos parece grave todo lo que ha ocurrido, hay un prejuicio fiscal que hay que aclarar y aquí hay una responsabilidad ministerial que hay que hacer ver”.
Es por esto que el parlamentario informó que dentro de los próximos días analizarán como Alianza, la posibilidad de solicitar a la Sala que se conforme una Comisión Investigadora que analice este tema o en su defecto, evaluarán la realización de una interpelación.
La representante del Ejecutivo entregó antecedentes del proceso de licitación del nuevo sistema de pago de pensiones, tras la polémica que se generó por la anulación de la licitación por un año, que en un comienzo fue ganada por el BancoEstado y posteriormente fue entregada al Banco BBVA, entidad que había perdido el proceso al presentar una oferta más cara por el pago de las pensiones del Instituto de Previsión Social.
Sin embargo, la Ministra sostuvo que esta decisión de anular la licitación fue compartida entre el Ministerio y el BancoEstado y añadió que “ésta se tomó considerando la calidad del servicio. Nosotros queremos entregarles a los adultos mayores no solamente su pensión, sino que también un conjunto de beneficios asociados”.
De la misma manera, dijo que en esta decisión se estimó también el cambio cultural que se requiere el pasar de una modalidad presencial a la bancarización (que privilegia las transacciones a distancia), que es más barata pero “supone una inversión de tiempo y una preparación que por el promedio de edad y las características socioculturales de los pensionados chilenos, hacen que este proceso no sea aconsejable por el momento”.
Asimismo, la Ministra Serrano dijo que en un comienzo “quisimos apostar por la bancarización porque era más barata, pero nos dimos cuenta que íbamos a producir un desmedro en el estándar y la calidad de los servicios que estábamos entregando y enmendamos. En definitiva son bases bien construidas y fueron aprobadas por la Contraloría”.
En cuanto a las críticas que se han hecho por elegir finalmente un sistema que es más costoso para el Fisco, la Ministra del Trabajo dijo que “estamos dispuestos a pagar más caro, ya que tenemos que dar la cara por la calidad de lo que le entregamos a la gente y hemos hecho un proceso totalmente transparente con todos los requisitos jurídicos y administrativos que corresponden y la única responsabilidad que nos cabe es la de prestar un buen servicio”.
El diputado José Miguel Ortiz (DC), quien presidió la instancia, apoyó los dichos de la Ministra y dijo que “los jubilados de este país, se pagaban prácticamente en lugares como galpones u otros, la atención era pésima, así que se planteó en justicia que se tenía que mejorar la atención del pago de sus remuneraciones y por eso se llegó a un acuerdo con el Banco BBVA en el sentido que se le dieran comodidades, servicios higiénicos, instalaciones con asientos y camillas”.
El legislador señaló también que lo anterior se sumó al hecho de que pese a que la primera licitación la ganó BancoEstado, posteriormente se llegó a la conclusión de que era imposible que dicho banco pudiera atender a 2 millones 300 mil jubilados y pensionados y en vista de eso, quedó sin efecto esa licitación.
En tanto, los diputados de la Alianza quedaron disconformes con las explicaciones entregadas. En este sentido, el diputado UDI, Gonzalo Uriarte, dijo que éstas resultaron insatisfactorias e incompletas. “Nos parece grave todo lo que ha ocurrido, hay un prejuicio fiscal que hay que aclarar y aquí hay una responsabilidad ministerial que hay que hacer ver”.
Es por esto que el parlamentario informó que dentro de los próximos días analizarán como Alianza, la posibilidad de solicitar a la Sala que se conforme una Comisión Investigadora que analice este tema o en su defecto, evaluarán la realización de una interpelación.
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