Promueven ley de quiebra familiar e insolvencia individual
La iniciativa legal establece normas para regular el sobreendeudamiento de las personas de manera individual y familiar, así como hoy está normado para las empresas.
De acuerdo al informe de Estabilidad Financiera del Banco Central (BC) del año 2007, el estado de endeudamiento de los hogares chilenos continúa creciendo más rápido que el ingreso disponible. Este aumento de la carga financiera se debería a las mejores condiciones crediticias de tasas de interés y plazos de los diversos tipos de crédito.
En este sentido indica el informe del BC que la deuda promedio (no hipotecaria) por deudor sería de $2.800.000, lo que equivale a cerca de 10 veces el salario promedio de un trabajador chileno. Asimismo, la deuda hipotecaria promedio llegaría a la suma de 15 millones de pesos, lo que representaría un aumento del 8% respecto del año anterior.
Agrega el Banco Central que una familia promedio destinaría el 19,5% de todos sus ingresos mensuales a pagar deudas con el sistema financiero y comercial.
En este marco, los diputados radicales Alberto Robles, Marcos Espinosa y Carlos Jarpa ingresaron un proyecto de ley que establece insolvencia individual y quiebra familiar (boletín 6704) destinado a “regular todas aquellas situaciones en que, de acaecer una circunstancia de estas características, el deudor debe verse enfrentado a tantos procedimientos como acreedores tenga, lo que invariablemente se traduce en un aumento en los costos de cobranza y, ergo, una disminución en la posibilidad del deudor para hacer frente a las obligaciones que lo agobian”.
Argumentan los parlamentarios que hoy en Chile las personas jurídicas, empresas o deudores mercantiles en sentido estricto, cuentan con la Ley de Quiebras (Ley Nº 18.175) para hacer frente a sus situaciones de insolvencia grave y la idea de la moción es “resguardar los derechos de los acreedores como de los deudores mismos y permitir que la quiebra sea asumida gradualmente, evitando la violencia del trámite que caracteriza las ejecuciones particulares”.
El proyecto de ley establece que toda persona o grupo familiar tendrá derecho a declararse en estado de insolvencia o quiebra y que dicha declaración comprenderá el patrimonio de ambos cónyuges y los de sus hijos mayores de edad que así lo declaren.
“Se encuentra en estado de quiebra o insolvencia individual cualquier persona natural o grupo familiar que no pueda cumplir regularmente con el pago de sus obligaciones en la forma y tiempo acordado con su acreedor o que, previendo que en un futuro inmediato no podrá hacer frente a sus compromisos de pago, se declare insolvente preventivamente”, define el texto.
Agrega la iniciativa legal que al realizar la declaración de insolvencia o quiebra se deberá notificar por escrito a la oficina del Boletín Comercial y entregar una lista con los acreedores afectados. Además, como prueba de la insolvencia, deberán adjuntarse las liquidaciones de sueldo de los últimos 6 meses, con el objeto de suspender cualquier gestión de cobranza.
El deudor individual o grupo familiar contará con 6 meses de plazo para regularizar la situación y estará libre de medidas persecutorias o ejecutivas hasta contados cinco años desde la fecha de su incorporación al boletín comercial.
Finaliza el proyecto indicando que “cualquier tipo de presión, hostigamiento o amenaza ejercida al deudor por parte de alguno de los acreedores, se sancionará con presidio menor en su grado máximo y multa de 500 UTM a beneficio fiscal”.
De acuerdo al informe de Estabilidad Financiera del Banco Central (BC) del año 2007, el estado de endeudamiento de los hogares chilenos continúa creciendo más rápido que el ingreso disponible. Este aumento de la carga financiera se debería a las mejores condiciones crediticias de tasas de interés y plazos de los diversos tipos de crédito.
En este sentido indica el informe del BC que la deuda promedio (no hipotecaria) por deudor sería de $2.800.000, lo que equivale a cerca de 10 veces el salario promedio de un trabajador chileno. Asimismo, la deuda hipotecaria promedio llegaría a la suma de 15 millones de pesos, lo que representaría un aumento del 8% respecto del año anterior.
Agrega el Banco Central que una familia promedio destinaría el 19,5% de todos sus ingresos mensuales a pagar deudas con el sistema financiero y comercial.
En este marco, los diputados radicales Alberto Robles, Marcos Espinosa y Carlos Jarpa ingresaron un proyecto de ley que establece insolvencia individual y quiebra familiar (boletín 6704) destinado a “regular todas aquellas situaciones en que, de acaecer una circunstancia de estas características, el deudor debe verse enfrentado a tantos procedimientos como acreedores tenga, lo que invariablemente se traduce en un aumento en los costos de cobranza y, ergo, una disminución en la posibilidad del deudor para hacer frente a las obligaciones que lo agobian”.
Argumentan los parlamentarios que hoy en Chile las personas jurídicas, empresas o deudores mercantiles en sentido estricto, cuentan con la Ley de Quiebras (Ley Nº 18.175) para hacer frente a sus situaciones de insolvencia grave y la idea de la moción es “resguardar los derechos de los acreedores como de los deudores mismos y permitir que la quiebra sea asumida gradualmente, evitando la violencia del trámite que caracteriza las ejecuciones particulares”.
El proyecto de ley establece que toda persona o grupo familiar tendrá derecho a declararse en estado de insolvencia o quiebra y que dicha declaración comprenderá el patrimonio de ambos cónyuges y los de sus hijos mayores de edad que así lo declaren.
“Se encuentra en estado de quiebra o insolvencia individual cualquier persona natural o grupo familiar que no pueda cumplir regularmente con el pago de sus obligaciones en la forma y tiempo acordado con su acreedor o que, previendo que en un futuro inmediato no podrá hacer frente a sus compromisos de pago, se declare insolvente preventivamente”, define el texto.
Agrega la iniciativa legal que al realizar la declaración de insolvencia o quiebra se deberá notificar por escrito a la oficina del Boletín Comercial y entregar una lista con los acreedores afectados. Además, como prueba de la insolvencia, deberán adjuntarse las liquidaciones de sueldo de los últimos 6 meses, con el objeto de suspender cualquier gestión de cobranza.
El deudor individual o grupo familiar contará con 6 meses de plazo para regularizar la situación y estará libre de medidas persecutorias o ejecutivas hasta contados cinco años desde la fecha de su incorporación al boletín comercial.
Finaliza el proyecto indicando que “cualquier tipo de presión, hostigamiento o amenaza ejercida al deudor por parte de alguno de los acreedores, se sancionará con presidio menor en su grado máximo y multa de 500 UTM a beneficio fiscal”.
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