Comisión rechazó proyecto que modifica Ley General de Urbanismo en lo relativo a medidas de seguridad contra incendios
Por considerar que las disposiciones eran insuficientes, la Comisión de Vivienda rechazó la iniciativa que buscaba mejorar la seguridad en los edificios, tomando en cuenta el aumento de tecnologías eléctricas, la complejidad de las edificaciones en altura y la escasa normativa al respecto.
El proyecto de ley (boletín 6389) determinaba que, tratándose de una obra nueva, las Direcciones de Obras Municipales, antes de otorgar la recepción final, podrían solicitar la entrega de un certificado de prueba que acreditara la existencia y el buen estado de operación de las redes húmedas, secas, inertes, zonas verticales de seguridad y sistemas de detección de humo y calor de la construcción, emitido por las empresas certificadoras, que cumplieran con los requisitos establecidos en el reglamento respectivo.
También se proponía fiscalizar el mantenimiento de las condiciones generales de seguridad contra incendios y el funcionamiento de las instalaciones de emergencia de los edificios. Asimismo, se disponía que el no cumplimiento de esta obligación sería sancionado con una multa a beneficio fiscal.
El diputado Carlos Montes (PS), presidente de la Comisión, dijo que se resolvió rechazar el proyecto original "porque no era de buena calidad y no permitía avanzar en el tema”, agregando que por esta razón se acordó pedirle al Ministerio de Vivienda que estudie esta situación y realice una propuesta al respecto.
El legislador también explicó que se había acordado pedirle a la superintendencia del ramo un estudio sobre el mercado de seguros y de qué manera podría regularse un sistema de este tipo para incendios en viviendas sociales. “Sobre lo cual la Superintendencia nos ha entregado un informe señalando que eso tiene mucha viabilidad para condominios de viviendas sociales”, indicó.
“Incluso nos dijeron que ellos pueden ser el factor que elabore las pólizas, de manera que sean de bajo valor y que además existen normas que le permiten al Ministerio de Vivienda incentivar esto y aportar recursos”, añadió Montes.
De este modo, el grupo parlamentario acordó remitir un oficio a la Ministra de Vivienda con el propósito de que estudie la posibilidad de implementar un seguro colectivo que beneficie la vivienda social que se encuentre constituida en condominio, considerando las sugerencias y proposiciones que se hicieron en el seno de la Comisión.
El proyecto de ley (boletín 6389) determinaba que, tratándose de una obra nueva, las Direcciones de Obras Municipales, antes de otorgar la recepción final, podrían solicitar la entrega de un certificado de prueba que acreditara la existencia y el buen estado de operación de las redes húmedas, secas, inertes, zonas verticales de seguridad y sistemas de detección de humo y calor de la construcción, emitido por las empresas certificadoras, que cumplieran con los requisitos establecidos en el reglamento respectivo.
También se proponía fiscalizar el mantenimiento de las condiciones generales de seguridad contra incendios y el funcionamiento de las instalaciones de emergencia de los edificios. Asimismo, se disponía que el no cumplimiento de esta obligación sería sancionado con una multa a beneficio fiscal.
El diputado Carlos Montes (PS), presidente de la Comisión, dijo que se resolvió rechazar el proyecto original "porque no era de buena calidad y no permitía avanzar en el tema”, agregando que por esta razón se acordó pedirle al Ministerio de Vivienda que estudie esta situación y realice una propuesta al respecto.
El legislador también explicó que se había acordado pedirle a la superintendencia del ramo un estudio sobre el mercado de seguros y de qué manera podría regularse un sistema de este tipo para incendios en viviendas sociales. “Sobre lo cual la Superintendencia nos ha entregado un informe señalando que eso tiene mucha viabilidad para condominios de viviendas sociales”, indicó.
“Incluso nos dijeron que ellos pueden ser el factor que elabore las pólizas, de manera que sean de bajo valor y que además existen normas que le permiten al Ministerio de Vivienda incentivar esto y aportar recursos”, añadió Montes.
De este modo, el grupo parlamentario acordó remitir un oficio a la Ministra de Vivienda con el propósito de que estudie la posibilidad de implementar un seguro colectivo que beneficie la vivienda social que se encuentre constituida en condominio, considerando las sugerencias y proposiciones que se hicieron en el seno de la Comisión.
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