Comisión inició estudio de proyecto que devuelve a colegios profesionales la tuición ética
La Comisión de Constitución comenzó el debate de esta iniciativa legal que crea tribunales especiales de control ético y un registro único de profesionales con el fin de garantizar efectivamente el recto ejercicio de las profesiones.
El mensaje del Ejecutivo (boletín 6562) que tiene suma urgencia, se enmarca en la nueva normativa constitucional -vigente desde septiembre de 2005- que reconoce la tuición ética de los Colegios Profesionales.
Esta atribución -contenida en el inciso tercero del N° 16 del artículo 19 de la Constitución- reconoce que los Colegios Profesionales constituidos en conformidad a la ley y que digan relación con tales profesiones, estarán facultados para conocer de las reclamaciones que se interpongan sobre la conducta ética de sus miembros.
Por ello, indicó el Ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, se ha elaborado este proyecto de ley para que se regulen dichas reclamaciones mediante los tribunales de ética profesional y un Registro Público de profesionales.
“Es un gran paso adelante en lo que se refiere a la ética, a la probidad en el sector privado y al mismo tiempo es un reforzamiento en lo que es la seriedad con que se debe ejercer la profesional liberal”, sostuvo.
Agregó el secretario de Estado que el texto “devuelve a los colegios profesionales su capacidad de control ético sobre sus miembros y la capacidad de dictar código de buenas prácticas para todos sus profesionales de las profesiones que requieren licenciatura universitaria según la ley”.
La iniciativa legal, que busca garantizar efectivamente el recto ejercicio de las profesiones, fue bien recibida por los miembros de la Comisión de Constitución, donde se está analizando, y por los representantes de varios colegios profesionales que han asistido a las sesiones, como el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Periodistas y el Colegio Médico.
“Nos parece muy importante que se avance en restituir la tuición ética que tuvieron los colegios profesionales hasta la Constitución del 80, pienso que este es un mecanismo de control social que fundamentalmente favorece a la gente ya que van a poder tener la garantía que los profesionales que ejercen en Chile actúan en el marco de la ética”, señaló el presidente del Colegio Médico, doctor Pablo Rodríguez.
Similar postura sostuvo la presidenta de la Comisión, diputada Laura Soto (PPD): “Es que todos quieren que haya un control ético y que de acuerdo a todos, este control ético es sumamente necesario para la comunidad para resguardar la comunidad, para protegerla, y para sancionar a aquéllos malos profesionales”.
Agregó la parlamentaria que “los representantes de los colegios profesionales que han asistido han indicado que el control ético debiera ser también en las regiones, no solamente en Santiago”.
Por otra parte, señaló la diputada Soto que existe otro punto en discusión. “Los Contadores Auditores están reclamando la no inclusión, porque se exige en el artículo segundo, que aquellos que van a ser colegiados son aquellos que tienen una cantidad de semestres desde el punto de vista esencialmente profesional”. Y en ese sentido estarían excluidos de esta normativa al no tener 10 semestres o el grado de licenciados, señaló la parlamentaria.
Para el diputado Alberto Cardemil (RN) “esta ley los dejaría fuera del sistema porque no tienen esa categoría, y a mi juicio los contadores desempeñan una función súper importante, súper decisiva. Muchas veces depende el patrimonio de la buena o mala decisión del contador”.
Ambos parlamentarios indicaron que se va a analizar este tema en profundidad porque en similar situación estarían también los profesionales del área de la salud como los colegios de enfermeras y kinesiólogos, entre otros.
Tribunales Especiales de Ética
Otro punto que tuvo posiciones distintas fue la manera del control ético. El proyecto de ley contempla la creación de Tribunales Especiales de Ética -radicados en los propios colegios profesionales- para controlar el comportamiento ético de los profesionales colegiados, y la creación de otros tribunales especiales de ética, para aquellos profesionales que ejerciendo su libertad de asociación, han decidido no afiliarse.
De acuerdo al diputado Cardemil, este apartado va a tener modificaciones. “A mi juicio, lo que se está catalizando es la idea de que haya tribunales especiales para juzgar las faltas éticas sujetas a un procedimiento especial, pero de aplicación en general, es decir, que juzgue no solamente a los miembros de ese colegio, sino a todos los que desempeñen la profesión universitaria que corresponde, o la categoría que corresponde”.
De este modo, señaló el parlamentario RN, sería un solo organismo el que resuelva las reclamaciones a la falta de ética, pero no sería fijo. “Puede ser un tribunal integrado por tres jueces y dos médicos, si se está juzgando a un médico, o tres jueces y dos abogados, si se está juzgando a un abogado”. Y de esa manera indica “dejar con jurisdicción, este tipo de delitos, que tanto perjudica a la gente que son profesionales que no cumplen su obligación, y que a veces no da para delito, pero sí da para cobrar una responsabilidad porque han producido daño al patrimonio o incluso a la integridad física de las personas”, puntualizó.
El mensaje del Ejecutivo (boletín 6562) que tiene suma urgencia, se enmarca en la nueva normativa constitucional -vigente desde septiembre de 2005- que reconoce la tuición ética de los Colegios Profesionales.
Esta atribución -contenida en el inciso tercero del N° 16 del artículo 19 de la Constitución- reconoce que los Colegios Profesionales constituidos en conformidad a la ley y que digan relación con tales profesiones, estarán facultados para conocer de las reclamaciones que se interpongan sobre la conducta ética de sus miembros.
Por ello, indicó el Ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, se ha elaborado este proyecto de ley para que se regulen dichas reclamaciones mediante los tribunales de ética profesional y un Registro Público de profesionales.
“Es un gran paso adelante en lo que se refiere a la ética, a la probidad en el sector privado y al mismo tiempo es un reforzamiento en lo que es la seriedad con que se debe ejercer la profesional liberal”, sostuvo.
Agregó el secretario de Estado que el texto “devuelve a los colegios profesionales su capacidad de control ético sobre sus miembros y la capacidad de dictar código de buenas prácticas para todos sus profesionales de las profesiones que requieren licenciatura universitaria según la ley”.
La iniciativa legal, que busca garantizar efectivamente el recto ejercicio de las profesiones, fue bien recibida por los miembros de la Comisión de Constitución, donde se está analizando, y por los representantes de varios colegios profesionales que han asistido a las sesiones, como el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Periodistas y el Colegio Médico.
“Nos parece muy importante que se avance en restituir la tuición ética que tuvieron los colegios profesionales hasta la Constitución del 80, pienso que este es un mecanismo de control social que fundamentalmente favorece a la gente ya que van a poder tener la garantía que los profesionales que ejercen en Chile actúan en el marco de la ética”, señaló el presidente del Colegio Médico, doctor Pablo Rodríguez.
Similar postura sostuvo la presidenta de la Comisión, diputada Laura Soto (PPD): “Es que todos quieren que haya un control ético y que de acuerdo a todos, este control ético es sumamente necesario para la comunidad para resguardar la comunidad, para protegerla, y para sancionar a aquéllos malos profesionales”.
Agregó la parlamentaria que “los representantes de los colegios profesionales que han asistido han indicado que el control ético debiera ser también en las regiones, no solamente en Santiago”.
Por otra parte, señaló la diputada Soto que existe otro punto en discusión. “Los Contadores Auditores están reclamando la no inclusión, porque se exige en el artículo segundo, que aquellos que van a ser colegiados son aquellos que tienen una cantidad de semestres desde el punto de vista esencialmente profesional”. Y en ese sentido estarían excluidos de esta normativa al no tener 10 semestres o el grado de licenciados, señaló la parlamentaria.
Para el diputado Alberto Cardemil (RN) “esta ley los dejaría fuera del sistema porque no tienen esa categoría, y a mi juicio los contadores desempeñan una función súper importante, súper decisiva. Muchas veces depende el patrimonio de la buena o mala decisión del contador”.
Ambos parlamentarios indicaron que se va a analizar este tema en profundidad porque en similar situación estarían también los profesionales del área de la salud como los colegios de enfermeras y kinesiólogos, entre otros.
Tribunales Especiales de Ética
Otro punto que tuvo posiciones distintas fue la manera del control ético. El proyecto de ley contempla la creación de Tribunales Especiales de Ética -radicados en los propios colegios profesionales- para controlar el comportamiento ético de los profesionales colegiados, y la creación de otros tribunales especiales de ética, para aquellos profesionales que ejerciendo su libertad de asociación, han decidido no afiliarse.
De acuerdo al diputado Cardemil, este apartado va a tener modificaciones. “A mi juicio, lo que se está catalizando es la idea de que haya tribunales especiales para juzgar las faltas éticas sujetas a un procedimiento especial, pero de aplicación en general, es decir, que juzgue no solamente a los miembros de ese colegio, sino a todos los que desempeñen la profesión universitaria que corresponde, o la categoría que corresponde”.
De este modo, señaló el parlamentario RN, sería un solo organismo el que resuelva las reclamaciones a la falta de ética, pero no sería fijo. “Puede ser un tribunal integrado por tres jueces y dos médicos, si se está juzgando a un médico, o tres jueces y dos abogados, si se está juzgando a un abogado”. Y de esa manera indica “dejar con jurisdicción, este tipo de delitos, que tanto perjudica a la gente que son profesionales que no cumplen su obligación, y que a veces no da para delito, pero sí da para cobrar una responsabilidad porque han producido daño al patrimonio o incluso a la integridad física de las personas”, puntualizó.
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