Diputados: Comisión aprobó en general proyecto de ley que regula los servicios sanitarios rurales
La iniciativa legal permitirá a unos 1.500 comités y cooperativas de agua potable rural del país convertirse en Servicios Sanitarios Rurales y tener acceso a incentivos económicos, instrumentos de gestión y la facultad de hacerse cargo de la recolección de aguas servidas.
El mensaje del Ejecutivo (boletín 6252) -que cumple segundo trámite constitucional, luego de ser despachado por el Senado - fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión de Obras Públicas.
De acuerdo al Subsecretario de Obras Públicas, Juan Eduardo Saldivia, este proyecto de ley reconoce la labor que han desarrollado los comités y cooperativas de agua potable rural (APR) -que alcanzan a unos 1.500 en el país- y fortalece su capacidad de gestión.
“Hoy día funcionan bajo la misma ley de las juntas de vecinos, entonces funcionan básicamente por la disponibilidad, el sacrificio y el trabajo gratuito de los dirigentes”, dijo Saldivia, quien agregó que “donde no hay buenos dirigentes el sistema funciona muy mal, donde los dirigentes a veces cambian, se deteriora, y el Estado no tiene instrumentos para intervenir”.
Asimismo, el personero manifestó que este proyecto genera un catálogo de derechos y obligaciones, institucionaliza la asignación de recursos y otorga instrumentos de gestión tanto para los comités como para los usuarios.
“Se ordena el rol del Estado, se fortalece la capacidad de gestión de los comités, se ordenan también los recursos y su focalización y también nos permite acceder al tratamiento del agua servida en el ámbito rural y llegar con agua potable a las zonas desconcentradas”, expresó Saldivia.
Por su parte, Manuel Mundaca, presidente de la Federación Nacional de Agua Potable Rural (FENAPRU), indicó que este proyecto de ley significa para los comités un gran avance, ya que van a pasar a llamarse Servicio Sanitario Rural, y contarán con mejores herramientas para su administración y gestión.
“Con esta nueva ley incluso el comité, que puede endeudarse con la banca privada, va a poder sacar un crédito para poder ampliar redes, cambiar redes, como corresponde y cambiar las rocas líquidas que están en desuso”, señaló.
Añadió el dirigente que otro aspecto importante es que el alcantarillado va a estar a cargo de estos servicios sanitarios, lo que soluciona una carencia que existía en el sector.
“No podemos seguir contaminando las napas, que son lo único que nos está quedando de agua dulce en Chile y en el mundo, para así poderla potabilizar y entregarla a nuestros usuarios, y a nuestra gente, que representamos sobre el 12 a 15% del país”, dijo.
La vicepresidenta de FENAPRU y representante de la Araucanía, Juana Beltrán, señaló que con este proyecto la inversión del Estado llegará realmente al mundo rural, mejorando así la calidad de vida de la gente. “Los recursos no van depender de los gobiernos regionales y las direcciones hidráulicas, entonces esto se va a consensuar en un solo organismo y ellos van a decidir las platas donde invertir mejor”.
Agregó que “por eso creo que va a beneficiar a La Araucanía, sobre todo el pueblo mapuche, donde hay tantas comunidades que no tienen agua y que sufren por ello”, puntualizó.
Proyecto de ley
En el año 1964 se implementó en Chile la primera etapa del Programa de Agua Potable Rural, con créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En esa época, solo un 6% de las localidades rurales contaban con cobertura de agua potable. Hoy existen unos 1.500 comités y cooperativas de APR -con unos 300 mil arranques- que abastecen a prácticamente un millón y medio de habitantes de zonas rurales concentradas, es decir un 98% del mundo rural.
Mesa técnica
Con el fin de proteger y preservar el carácter asociativo y participativo de esta forma comunitaria de provisión de servicio, pero a la vez fortalecer su capacidad de gestión y entregar una institucionalidad con competencia exclusiva en materia de servicios sanitarios, el Ejecutivo -a través del MOP- estableció una mesa técnica y una agenda de trabajo con la Federación Nacional de Agua Potable Rural (FENAPRU).
El texto del proyecto de ley que hoy se discute en la Cámara se basa en los resultados de más de un año de trabajo de la mesa constituida entre la FENAPRU y el MOP, con la colaboración del Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía y la Superintendencia de Servicios Sanitarios, reflejándose además en él, los aportes de otros órganos de la administración pública que desarrollan programas en el sector, entre los que destacan los ministerios de Vivienda, Salud y Planificación, la Comisión Nacional de Medio Ambiente y la Subsecretaría de Desarrollo Regional.
El proyecto establece que los comités y cooperativas pasarán a llamarse Servicio Sanitario Rural (SSR) y tendrán a su cargo la producción y distribución de agua potable además de la recolección de aguas servidas, en las que el Estado estará a cargo de las inversiones necesarias.
Asimismo se fija la modalidad de gestión de los operadores bajo la figura de Permisos o Licencias, de acuerdo a ciertos requisitos, condiciones, plazos, obligaciones y derechos.
La iniciativa legal fija una política de asistencia y promoción a cargo del Estado, creando la figura de una Subdirección de Servicio Sanitario Rural con dedicación exclusiva.
A los dirigentes de los comités y cooperativas se les entrega atribuciones, herramientas de capacitación y un estatuto básico de responsabilidades y a los operadores se les clasifica acorde a su capacidad de gestión y número de población que atienden.
Finalmente, se establece una tarificación cada 5 años bajo el principio de recuperación de costos indispensables de operación, manteniéndose en aquéllos casos los subsidios al agua.
El mensaje del Ejecutivo (boletín 6252) -que cumple segundo trámite constitucional, luego de ser despachado por el Senado - fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión de Obras Públicas.
De acuerdo al Subsecretario de Obras Públicas, Juan Eduardo Saldivia, este proyecto de ley reconoce la labor que han desarrollado los comités y cooperativas de agua potable rural (APR) -que alcanzan a unos 1.500 en el país- y fortalece su capacidad de gestión.
“Hoy día funcionan bajo la misma ley de las juntas de vecinos, entonces funcionan básicamente por la disponibilidad, el sacrificio y el trabajo gratuito de los dirigentes”, dijo Saldivia, quien agregó que “donde no hay buenos dirigentes el sistema funciona muy mal, donde los dirigentes a veces cambian, se deteriora, y el Estado no tiene instrumentos para intervenir”.
Asimismo, el personero manifestó que este proyecto genera un catálogo de derechos y obligaciones, institucionaliza la asignación de recursos y otorga instrumentos de gestión tanto para los comités como para los usuarios.
“Se ordena el rol del Estado, se fortalece la capacidad de gestión de los comités, se ordenan también los recursos y su focalización y también nos permite acceder al tratamiento del agua servida en el ámbito rural y llegar con agua potable a las zonas desconcentradas”, expresó Saldivia.
Por su parte, Manuel Mundaca, presidente de la Federación Nacional de Agua Potable Rural (FENAPRU), indicó que este proyecto de ley significa para los comités un gran avance, ya que van a pasar a llamarse Servicio Sanitario Rural, y contarán con mejores herramientas para su administración y gestión.
“Con esta nueva ley incluso el comité, que puede endeudarse con la banca privada, va a poder sacar un crédito para poder ampliar redes, cambiar redes, como corresponde y cambiar las rocas líquidas que están en desuso”, señaló.
Añadió el dirigente que otro aspecto importante es que el alcantarillado va a estar a cargo de estos servicios sanitarios, lo que soluciona una carencia que existía en el sector.
“No podemos seguir contaminando las napas, que son lo único que nos está quedando de agua dulce en Chile y en el mundo, para así poderla potabilizar y entregarla a nuestros usuarios, y a nuestra gente, que representamos sobre el 12 a 15% del país”, dijo.
La vicepresidenta de FENAPRU y representante de la Araucanía, Juana Beltrán, señaló que con este proyecto la inversión del Estado llegará realmente al mundo rural, mejorando así la calidad de vida de la gente. “Los recursos no van depender de los gobiernos regionales y las direcciones hidráulicas, entonces esto se va a consensuar en un solo organismo y ellos van a decidir las platas donde invertir mejor”.
Agregó que “por eso creo que va a beneficiar a La Araucanía, sobre todo el pueblo mapuche, donde hay tantas comunidades que no tienen agua y que sufren por ello”, puntualizó.
Proyecto de ley
En el año 1964 se implementó en Chile la primera etapa del Programa de Agua Potable Rural, con créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En esa época, solo un 6% de las localidades rurales contaban con cobertura de agua potable. Hoy existen unos 1.500 comités y cooperativas de APR -con unos 300 mil arranques- que abastecen a prácticamente un millón y medio de habitantes de zonas rurales concentradas, es decir un 98% del mundo rural.
Mesa técnica
Con el fin de proteger y preservar el carácter asociativo y participativo de esta forma comunitaria de provisión de servicio, pero a la vez fortalecer su capacidad de gestión y entregar una institucionalidad con competencia exclusiva en materia de servicios sanitarios, el Ejecutivo -a través del MOP- estableció una mesa técnica y una agenda de trabajo con la Federación Nacional de Agua Potable Rural (FENAPRU).
El texto del proyecto de ley que hoy se discute en la Cámara se basa en los resultados de más de un año de trabajo de la mesa constituida entre la FENAPRU y el MOP, con la colaboración del Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía y la Superintendencia de Servicios Sanitarios, reflejándose además en él, los aportes de otros órganos de la administración pública que desarrollan programas en el sector, entre los que destacan los ministerios de Vivienda, Salud y Planificación, la Comisión Nacional de Medio Ambiente y la Subsecretaría de Desarrollo Regional.
El proyecto establece que los comités y cooperativas pasarán a llamarse Servicio Sanitario Rural (SSR) y tendrán a su cargo la producción y distribución de agua potable además de la recolección de aguas servidas, en las que el Estado estará a cargo de las inversiones necesarias.
Asimismo se fija la modalidad de gestión de los operadores bajo la figura de Permisos o Licencias, de acuerdo a ciertos requisitos, condiciones, plazos, obligaciones y derechos.
La iniciativa legal fija una política de asistencia y promoción a cargo del Estado, creando la figura de una Subdirección de Servicio Sanitario Rural con dedicación exclusiva.
A los dirigentes de los comités y cooperativas se les entrega atribuciones, herramientas de capacitación y un estatuto básico de responsabilidades y a los operadores se les clasifica acorde a su capacidad de gestión y número de población que atienden.
Finalmente, se establece una tarificación cada 5 años bajo el principio de recuperación de costos indispensables de operación, manteniéndose en aquéllos casos los subsidios al agua.
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