senado: Jubilados favorecidos por polémico programa de Sercotec "Universidad de la vida" no tienen responsabilidad alguna
Como una "chambonada" calificó el senador Carlos Bianchi, la fórmula que adoptó el anterior gobierno para responder al compromiso de ayudar a los jubilados de la Región de Magallanes a quienes se les debería haber mejorado sus pensiones, tras el daño previsional que sufrieron en 1977.
Se refirió así al sumario administrativo que inició la Contraloría en el Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec) por las anomalías detectadas en el programa especial conocido como "Universidad de la vida".
De acuerdo al organismo fiscalizador, el convenio que se realizó en julio de 2008 entre Sercotec y el gobierno regional de Magallanes por la suma de $2.300 millones sería inconstitucional porque se necesitaría una norma especial para ejecutarlo, por lo cual, existe la posibilidad de abrir un juicio de cuentas para recuperar dichos dineros
Ello, debido a que Sercotec, de acuerdo a la ley, tiene la misión de apoyar el desarrollo de la pequeña empresa y la actividad artesanal y no para operar como una manera de aumentar una jubilación fuera del marco regulatorio.
"Aquí hay una responsabilidad directa de las autoridades de la época, porque hubo un compromiso de la propia Presidenta de la República, Michelle Bachelet con respecto a recoger nuestra inquietud sobre una demanda histórica de nuestros adultos mayores de Magallanes que es el denominado aumento del 4% de sus pensiones", explicó el legislador.
Agregó que "este aumento se justifica tras la apropiación que hizo el Estado de los fondos extras de los cotizantes de la Caja de Empleados Particulares que ahorraron las personas en Magallanes entre 1958 y 1977".
El senador Bianchi recordó que conversó con la Presidenta Bachelet y "le pedimos que hiciera justicia con esta demanda de los adultos mayores. La Mandataria recogió este planteamiento e instruyó a los diferentes servicios para que buscaran la forma de compensar a estos adultos mayores".
Aseveró que "esto significa que los jubilados que accedieron a los programas de Sercotec no tienen culpa alguna, ni menos responsabilidad y, quien quiera hacerlos responsables, solo tiene una clara mala intención".
Manifestó "ellos fueron citados a una ventanilla única, tal como lo dispuso el entonces ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade. De ahí se inició un largo trámite y, en algún momento, a alguien se le ocurrió esta chambonada, esta cosa sin lógica que era "la Universidad de la Vida" donde por la vía de Sercotec, las autoridades de la época decretaron el pago de los $2 millones por persona".
Este procedimiento se realizó bajo la modalidad de una "capacitación" donde a los jubilados se les hizo asistir a "charlas, clases o lo que haya sido", aseveró el legislador. De acuerdo al informe de la Contraloría algunas de las iniciativas tenían que ver con "chatear con la familia"; tener un lugar lejos de casa donde ir a pasear"; "realizar un viaje a Chiloé" y "pintar el interior de la casa con la técnica Feng Shui", entre otras.
El senador Bianchi recalcó que esta particular fórmula de capacitación "no fue de competencia de los jubilados ni de los parlamentarios sino de las autoridades de la época. Finalmente, se pagó a la gente que asistió a estos cursos, pese al desagrado e incluso la humillación que significaba todo eso y hoy día se ha pedido una investigación a la Contraloría".
El parlamentario aseguró que "si se persigue alguna responsabilidad es administrativa y afecta a las autoridades que fueron incompetentes en la fórmula impresentable que escogieron para pagar esos $2 millones a cada jubilado".
Asimismo, anunció que "estamos estudiando en paralelo junto a los jubilados la posibilidad de iniciar un juicio civil y perseguir las responsabilidades de las personas que cometieron una irregularidad".
No obstante, precisó que "todo este episodio sienta jurisprudencia porque nuestro ánimo es que se reconozca esta deuda a los jubilados de Magallanes y, por lo tanto, hoy día se hace más viable un juicio para recuperar estos dineros que les fueron arrebatados en 1977".
Se refirió así al sumario administrativo que inició la Contraloría en el Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec) por las anomalías detectadas en el programa especial conocido como "Universidad de la vida".
De acuerdo al organismo fiscalizador, el convenio que se realizó en julio de 2008 entre Sercotec y el gobierno regional de Magallanes por la suma de $2.300 millones sería inconstitucional porque se necesitaría una norma especial para ejecutarlo, por lo cual, existe la posibilidad de abrir un juicio de cuentas para recuperar dichos dineros
Ello, debido a que Sercotec, de acuerdo a la ley, tiene la misión de apoyar el desarrollo de la pequeña empresa y la actividad artesanal y no para operar como una manera de aumentar una jubilación fuera del marco regulatorio.
"Aquí hay una responsabilidad directa de las autoridades de la época, porque hubo un compromiso de la propia Presidenta de la República, Michelle Bachelet con respecto a recoger nuestra inquietud sobre una demanda histórica de nuestros adultos mayores de Magallanes que es el denominado aumento del 4% de sus pensiones", explicó el legislador.
Agregó que "este aumento se justifica tras la apropiación que hizo el Estado de los fondos extras de los cotizantes de la Caja de Empleados Particulares que ahorraron las personas en Magallanes entre 1958 y 1977".
El senador Bianchi recordó que conversó con la Presidenta Bachelet y "le pedimos que hiciera justicia con esta demanda de los adultos mayores. La Mandataria recogió este planteamiento e instruyó a los diferentes servicios para que buscaran la forma de compensar a estos adultos mayores".
Aseveró que "esto significa que los jubilados que accedieron a los programas de Sercotec no tienen culpa alguna, ni menos responsabilidad y, quien quiera hacerlos responsables, solo tiene una clara mala intención".
Manifestó "ellos fueron citados a una ventanilla única, tal como lo dispuso el entonces ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade. De ahí se inició un largo trámite y, en algún momento, a alguien se le ocurrió esta chambonada, esta cosa sin lógica que era "la Universidad de la Vida" donde por la vía de Sercotec, las autoridades de la época decretaron el pago de los $2 millones por persona".
Este procedimiento se realizó bajo la modalidad de una "capacitación" donde a los jubilados se les hizo asistir a "charlas, clases o lo que haya sido", aseveró el legislador. De acuerdo al informe de la Contraloría algunas de las iniciativas tenían que ver con "chatear con la familia"; tener un lugar lejos de casa donde ir a pasear"; "realizar un viaje a Chiloé" y "pintar el interior de la casa con la técnica Feng Shui", entre otras.
El senador Bianchi recalcó que esta particular fórmula de capacitación "no fue de competencia de los jubilados ni de los parlamentarios sino de las autoridades de la época. Finalmente, se pagó a la gente que asistió a estos cursos, pese al desagrado e incluso la humillación que significaba todo eso y hoy día se ha pedido una investigación a la Contraloría".
El parlamentario aseguró que "si se persigue alguna responsabilidad es administrativa y afecta a las autoridades que fueron incompetentes en la fórmula impresentable que escogieron para pagar esos $2 millones a cada jubilado".
Asimismo, anunció que "estamos estudiando en paralelo junto a los jubilados la posibilidad de iniciar un juicio civil y perseguir las responsabilidades de las personas que cometieron una irregularidad".
No obstante, precisó que "todo este episodio sienta jurisprudencia porque nuestro ánimo es que se reconozca esta deuda a los jubilados de Magallanes y, por lo tanto, hoy día se hace más viable un juicio para recuperar estos dineros que les fueron arrebatados en 1977".
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