Declaración de los Alcaldes de Municipios con Casino preocupados por futura pérdida de ingresos en caso que desaparezcan los casinos de sus ciudades
Al cumplirse un año, desde que Alcaldes de los Municipios con Casino, decidieron agruparse para hacer frente a la amenaza de su desaparición y consiguiente pérdida de los ingresos protegidos por la constitución y la ley, nos hemos reunido para hacer un balance y programar las futuras acciones:
En concreto,
1.- Con ocasión de los Encuentros de Alcaldes celebrados en el curso del año 2009, con alcaldes de Viña del Mar, Iquique, Coquimbo, Pucón y Puerto Varas, Puerto Natales y Arica se ha logrado transmitir a la población, más de un millón de personas, que la eventual pérdida de los ingresos que generan los casinos municipales, sería catastrófica para nuestras ciudades e implicaría que no se podrían mantener los distintos programas sociales que atienden los municipios.
2.- Hemos hecho el esfuerzo de explicar a las autoridades la posición de los municipios y hemos presentado propuestas concretas de solución. Se hizo el mayor esfuerzo de información al Gobierno Central (se le enviaron minutas a la Presidenta Bachelet) y a los Ministros; y, preferentemente, se concertaron reuniones con la mayoría de los Senadores y otros miembros del Parlamento.
3.- El Señor Ministro del Interior del anterior Gobierno, informó al Senado que el Ejecutivo propondría que en el marco de un proyecto de modificación de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que se extendiera el plazo de vigencia de los casinos municipales por otros diez años, hasta diciembre de 2025.
4.- De otro lado y en paralelo, parlamentarios en ejercicio, han presentado proyectos de acuerdo para solicitar al ejecutivo la derogación de las disposiciones que, a juicio de la autoridad, impedirían el funcionamiento futuro de los Casinos Municipales.
5.- Los municipios con casinos municipales han realizado presentaciones, ante las autoridades administrativas competentes, con el objeto de demostrar la naturaleza y alcance del plazo de extinción de los derechos de los concesionarios cuyo término la ley establece para el mes de diciembre de 2015. Básicamente, se ha sostenido que, la caducidad que establece la ley 19.995, expresamente, está referida a esos derechos de origen contractual, y no del derecho de propiedad de los municipios a explotar sus casinos. La entidad administrativa ha emitido dos resoluciones en que interpreta las disposiciones transitorias de la ley, como extintivas del derecho de los municipios, en algún momento del año 2016, lo que impone a las municipalidades el deber de controvertir esta posición en un procedimiento jurisdiccional, para el caso que no prospere o se frustrare la vía legislativa.
6.- A las actuales autoridades del Equipo Económico que asumió en marzo pasado, se les ha hecho saber la imperiosa necesidad de resolver esta controversia a la brevedad, haciendo presente que el término del casino municipal, esto es, la prerrogativa legal de explotar un casino en cada una de las comunas en que existen, daría paso a la transferencia de este bien público a un privado, quien de manera gratuita y por mera liberalidad de la Superintendencia de Casinos de Juego que se lo concedería, adquiriría un flujo de dinero que en los últimos años es superior a los 70 millones de dólares, con una mínima contribución en impuestos específicos.
7.- Tenemos la convicción que las autoridades harán prevalecer consideraciones de bien común, y no se perseverará en esta ilegítima pretensión de despojar a tan relevantes ciudades del país de un bien tan esencial de sus patrimonios, para que sea entregado gratuitamente a un particular. El desafío presente, entonces, es definir un Estatuto de Casinos Municipales, que regule el nuevo marco legal en que se desenvolverán los casinos municipales, a partir del 1 de enero de 2016, para lo cual, estamos llanos a revisar todo lo que implique ajustes a principios que informan nuestro ordenamiento jurídico económico, establecer procedimientos de licitación extremadamente transparentes, y, desde luego, todos los mecanismos de control que den plena seguridad del buen uso de los recursos que se aplican a satisfacer necesidades esenciales de nuestras comunidades. Sin embargo, no renunciaremos a la condición esencial que la prerrogativa de explotar los casinos municipales sea permanente y perpetua, porque las ciudades son dueñas de este derecho.
En concreto,
1.- Con ocasión de los Encuentros de Alcaldes celebrados en el curso del año 2009, con alcaldes de Viña del Mar, Iquique, Coquimbo, Pucón y Puerto Varas, Puerto Natales y Arica se ha logrado transmitir a la población, más de un millón de personas, que la eventual pérdida de los ingresos que generan los casinos municipales, sería catastrófica para nuestras ciudades e implicaría que no se podrían mantener los distintos programas sociales que atienden los municipios.
2.- Hemos hecho el esfuerzo de explicar a las autoridades la posición de los municipios y hemos presentado propuestas concretas de solución. Se hizo el mayor esfuerzo de información al Gobierno Central (se le enviaron minutas a la Presidenta Bachelet) y a los Ministros; y, preferentemente, se concertaron reuniones con la mayoría de los Senadores y otros miembros del Parlamento.
3.- El Señor Ministro del Interior del anterior Gobierno, informó al Senado que el Ejecutivo propondría que en el marco de un proyecto de modificación de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que se extendiera el plazo de vigencia de los casinos municipales por otros diez años, hasta diciembre de 2025.
4.- De otro lado y en paralelo, parlamentarios en ejercicio, han presentado proyectos de acuerdo para solicitar al ejecutivo la derogación de las disposiciones que, a juicio de la autoridad, impedirían el funcionamiento futuro de los Casinos Municipales.
5.- Los municipios con casinos municipales han realizado presentaciones, ante las autoridades administrativas competentes, con el objeto de demostrar la naturaleza y alcance del plazo de extinción de los derechos de los concesionarios cuyo término la ley establece para el mes de diciembre de 2015. Básicamente, se ha sostenido que, la caducidad que establece la ley 19.995, expresamente, está referida a esos derechos de origen contractual, y no del derecho de propiedad de los municipios a explotar sus casinos. La entidad administrativa ha emitido dos resoluciones en que interpreta las disposiciones transitorias de la ley, como extintivas del derecho de los municipios, en algún momento del año 2016, lo que impone a las municipalidades el deber de controvertir esta posición en un procedimiento jurisdiccional, para el caso que no prospere o se frustrare la vía legislativa.
6.- A las actuales autoridades del Equipo Económico que asumió en marzo pasado, se les ha hecho saber la imperiosa necesidad de resolver esta controversia a la brevedad, haciendo presente que el término del casino municipal, esto es, la prerrogativa legal de explotar un casino en cada una de las comunas en que existen, daría paso a la transferencia de este bien público a un privado, quien de manera gratuita y por mera liberalidad de la Superintendencia de Casinos de Juego que se lo concedería, adquiriría un flujo de dinero que en los últimos años es superior a los 70 millones de dólares, con una mínima contribución en impuestos específicos.
7.- Tenemos la convicción que las autoridades harán prevalecer consideraciones de bien común, y no se perseverará en esta ilegítima pretensión de despojar a tan relevantes ciudades del país de un bien tan esencial de sus patrimonios, para que sea entregado gratuitamente a un particular. El desafío presente, entonces, es definir un Estatuto de Casinos Municipales, que regule el nuevo marco legal en que se desenvolverán los casinos municipales, a partir del 1 de enero de 2016, para lo cual, estamos llanos a revisar todo lo que implique ajustes a principios que informan nuestro ordenamiento jurídico económico, establecer procedimientos de licitación extremadamente transparentes, y, desde luego, todos los mecanismos de control que den plena seguridad del buen uso de los recursos que se aplican a satisfacer necesidades esenciales de nuestras comunidades. Sin embargo, no renunciaremos a la condición esencial que la prerrogativa de explotar los casinos municipales sea permanente y perpetua, porque las ciudades son dueñas de este derecho.
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