diputados: Cámara aprobó y despachó al Senado proyecto que regula instalación de antenas de telecomunicaciones
La iniciativa, que obtuvo 100 votos a favor, tres en contra y cuatro abstenciones, da atribuciones a los municipios para autorizar la instalación de las torres, abre espacio a la participación de los vecinos afectados por la situación y permite la habilitación de más antenas en las torres ya existentes (colocalización)
El proyecto se originó en una docena de mociones parlamentarias, orientadas a regular el impacto urbanístico y eventuales riesgos para la salud de las antenas de servicios de telecomunicaciones, que el Ejecutivo recogió en una indicación sustitutiva. La iniciativa había sido aprobada en general por la Cámara de Diputados el 4 de marzo del 2009 y en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones fue objeto de diversas modificaciones.
El texto establece el permiso de la Dirección de Obras Municipales para la instalación de torres de soporte de antenas que superen los dos metros de altura, así como la autorización de los vecinos afectados con su edificación.
Prohíbe la instalación en zonas típicas, en monumentos históricos y en inmuebles de conservación histórica; al interior de colegios, salas cunas, jardines infantiles, hospitales, clínicas, consultorios, ni en sitios que deslinden en al menos 20 metros a estos lugares (salvo que sean necesarias para el funcionamiento del lugar). Asimismo, en zonas declaradas saturadas de sistemas radiantes, por la Subtel.
Además, se exige como condición previa a la autorización, informes técnicos sobre impacto urbanístico y niveles de campo electromagnético en la zona, entre otros requisitos.
La iniciativa propone también la creación de un fondo concursable para el desarrollo de investigaciones sobre el impacto de la operación de sistemas radiantes de telecomunicaciones, y la emisión de ondas electromagnéticas, para apoyar la adopción de políticas públicas, principalmente en el estudio de los impactos sobre la salud de las personas, y también en el ámbito urbanístico y ambiental.
El texto incluye el sistema de colocalización de antenas en torres de soporte de antenas preexistentes, en bienes nacionales de uso público y predios privados, incluso de carácter retroactivo, propuesta parlamentaria que no fue compartida por la autoridad ni por las empresas.
Para ello, todo concesionario de telecomunicaciones, previo a la instalación de una torre o antena, deberá verificar la existencia de capacidad disponible, para colocalizarse en una infraestructura preexistente, y deberá compensar todos los costos que esto implique al dueño de la infraestructura preexistente.
El diputado Javier Hernández (UDI) destacó que la iniciativa le da atribuciones a los municipios para autorizar, a través de las direcciones de obras, la instalación de torres de antenas y por tanto los vecinos pueden interactuar con su autoridad para mitigar los impactos negativos de dichas instalaciones para la comunidad. Valoró también la colocalización enfatizando que “estamos tratando de resguardar el medio ambiente, el impacto visual, pero también obligamos a las empresas a competir en mejor forma y entregar un mejor servicio”.
El diputado Ramón Farías (PPD) también apoyó la colocalización, la participación de las municipalidades y los vecinos en la definición del lugar de instalación y las eventuales compensaciones por ello. “Estamos zanjando un problema histórico con esto porque yo fui alcalde y vi como se instalaban las antenas de la noche a la mañana. Esta ley tiene que salir, ha costado muchos años sacarla y ojalá que en el Senado también sea despachado con rapidez”, indicó.
El diputado Cristián Monckeberg (RN) afirmó que hoy se pueden instalar torres y antenas con una simple autorización de la Subsecretaría de Telecomunicaciones y sin consideración a los vecinos, el municipio, el entorno de la ciudad y los aspectos de salud, temas que sí considera esta iniciativa legal. “Este proyecto puede tener muchas falencias pero es un tremendo avance porque regula una situación que hoy día no está bien regulada”, sostuvo.
El diputado René Saffirio (DC) cuestionó la constitucionalidad de un artículo del proyecto que contraviene la Ley Orgánica de Municipalidades y lamentó que en él se privilegien los bienes nacionales de uso público para autorizar el emplazamiento de las torres de antenas en circunstancias que se trata de zonas saturadas y por tanto se reste con ello más espacio a las actividades ciudadanas. También subrayó que “nuestro rol desde el punto de vista legislativo es claramente defender los intereses de los ciudadanos frente a esta arremetida tecnológica en ciudades y campos de nuestro país; no es función nuestra defender los intereses de las empresas de telecomunicaciones”.
El diputado Carlos Montes (PS) planteó que el proyecto es muy importante y había que sacarlo adelante más allá de sus imperfecciones porque una iniciativa muy parecida fue aprobada el 2001 pero su tramitación se bloqueó. “Aquí no estamos legislando sólo sobre las antenas para telefonía celular sino que todas las antenas de telecomunicaciones y hay que considerar los efectos de las ondas electromagnéticas, porque es parte del problema que tenemos. Cuando empezamos a discutir esto había mil soportes, el 2006 unos nueve mil y hoy deben haber unos 11 mil soportes instalados, o sea es un problema de regulación a gritos”, puntualizó.
El diputado Hugo Gutiérrez (PC) expresó que no se oponen a que haya más antenas y se desarrolle la banda ancha, aumente el uso de internet y se desarrollen las telecomunicaciones pero advirtió que las regulaciones necesarias no deben constituir una normativa mínima, como a su juicio traduce este proyecto, sino que hay que darse tiempo para definir un marco legal más completo y eficaz.
El proyecto se originó en una docena de mociones parlamentarias, orientadas a regular el impacto urbanístico y eventuales riesgos para la salud de las antenas de servicios de telecomunicaciones, que el Ejecutivo recogió en una indicación sustitutiva. La iniciativa había sido aprobada en general por la Cámara de Diputados el 4 de marzo del 2009 y en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones fue objeto de diversas modificaciones.
El texto establece el permiso de la Dirección de Obras Municipales para la instalación de torres de soporte de antenas que superen los dos metros de altura, así como la autorización de los vecinos afectados con su edificación.
Prohíbe la instalación en zonas típicas, en monumentos históricos y en inmuebles de conservación histórica; al interior de colegios, salas cunas, jardines infantiles, hospitales, clínicas, consultorios, ni en sitios que deslinden en al menos 20 metros a estos lugares (salvo que sean necesarias para el funcionamiento del lugar). Asimismo, en zonas declaradas saturadas de sistemas radiantes, por la Subtel.
Además, se exige como condición previa a la autorización, informes técnicos sobre impacto urbanístico y niveles de campo electromagnético en la zona, entre otros requisitos.
La iniciativa propone también la creación de un fondo concursable para el desarrollo de investigaciones sobre el impacto de la operación de sistemas radiantes de telecomunicaciones, y la emisión de ondas electromagnéticas, para apoyar la adopción de políticas públicas, principalmente en el estudio de los impactos sobre la salud de las personas, y también en el ámbito urbanístico y ambiental.
El texto incluye el sistema de colocalización de antenas en torres de soporte de antenas preexistentes, en bienes nacionales de uso público y predios privados, incluso de carácter retroactivo, propuesta parlamentaria que no fue compartida por la autoridad ni por las empresas.
Para ello, todo concesionario de telecomunicaciones, previo a la instalación de una torre o antena, deberá verificar la existencia de capacidad disponible, para colocalizarse en una infraestructura preexistente, y deberá compensar todos los costos que esto implique al dueño de la infraestructura preexistente.
El diputado Javier Hernández (UDI) destacó que la iniciativa le da atribuciones a los municipios para autorizar, a través de las direcciones de obras, la instalación de torres de antenas y por tanto los vecinos pueden interactuar con su autoridad para mitigar los impactos negativos de dichas instalaciones para la comunidad. Valoró también la colocalización enfatizando que “estamos tratando de resguardar el medio ambiente, el impacto visual, pero también obligamos a las empresas a competir en mejor forma y entregar un mejor servicio”.
El diputado Ramón Farías (PPD) también apoyó la colocalización, la participación de las municipalidades y los vecinos en la definición del lugar de instalación y las eventuales compensaciones por ello. “Estamos zanjando un problema histórico con esto porque yo fui alcalde y vi como se instalaban las antenas de la noche a la mañana. Esta ley tiene que salir, ha costado muchos años sacarla y ojalá que en el Senado también sea despachado con rapidez”, indicó.
El diputado Cristián Monckeberg (RN) afirmó que hoy se pueden instalar torres y antenas con una simple autorización de la Subsecretaría de Telecomunicaciones y sin consideración a los vecinos, el municipio, el entorno de la ciudad y los aspectos de salud, temas que sí considera esta iniciativa legal. “Este proyecto puede tener muchas falencias pero es un tremendo avance porque regula una situación que hoy día no está bien regulada”, sostuvo.
El diputado René Saffirio (DC) cuestionó la constitucionalidad de un artículo del proyecto que contraviene la Ley Orgánica de Municipalidades y lamentó que en él se privilegien los bienes nacionales de uso público para autorizar el emplazamiento de las torres de antenas en circunstancias que se trata de zonas saturadas y por tanto se reste con ello más espacio a las actividades ciudadanas. También subrayó que “nuestro rol desde el punto de vista legislativo es claramente defender los intereses de los ciudadanos frente a esta arremetida tecnológica en ciudades y campos de nuestro país; no es función nuestra defender los intereses de las empresas de telecomunicaciones”.
El diputado Carlos Montes (PS) planteó que el proyecto es muy importante y había que sacarlo adelante más allá de sus imperfecciones porque una iniciativa muy parecida fue aprobada el 2001 pero su tramitación se bloqueó. “Aquí no estamos legislando sólo sobre las antenas para telefonía celular sino que todas las antenas de telecomunicaciones y hay que considerar los efectos de las ondas electromagnéticas, porque es parte del problema que tenemos. Cuando empezamos a discutir esto había mil soportes, el 2006 unos nueve mil y hoy deben haber unos 11 mil soportes instalados, o sea es un problema de regulación a gritos”, puntualizó.
El diputado Hugo Gutiérrez (PC) expresó que no se oponen a que haya más antenas y se desarrolle la banda ancha, aumente el uso de internet y se desarrollen las telecomunicaciones pero advirtió que las regulaciones necesarias no deben constituir una normativa mínima, como a su juicio traduce este proyecto, sino que hay que darse tiempo para definir un marco legal más completo y eficaz.
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