diputados: Complejidad del sistema habría impedido detectar fallas a intendente De La Maza
La opinión fue vertida en el contexto de la investigación que realiza la comisión especial investigadora de la Cámara de Diputados sobre fraude en el gobierno regional de Valparaíso, instancia que concluyó esta tarde su primera jornada de entrevistas.
El intendente de la V Región, Raúl Celis, estimó que el anterior titular, Iván De la Maza, no pudo dar cuenta por sí sólo del fraude de que era objeto el gobierno regional, ello dada la complejidad de los procesos contables que maneja la intendencia a cargo de unidades especializadas.
El intendente Celis hizo estas declaraciones en una sesión abierta de la comisión especial investigadora de la Cámara de Diputados sobre fraude en el gobierno regional de Valparaíso, instancia que concluyó esta tarde su primera jornada de trabajo y a la cual asistieron también el Contralor Regional (S), Víctor Hugo Merino; la jefa de la División de Auditoría Administrativa de la Contraloría, Patricia Arriagada; y la Jefa de la División de Análisis y Control de Gestión de la Intendencia Regional de Valparaíso, María Teresa Blanco.
Frente a una consulta del diputado UDI Arturo Squella, el intendente dijo que, basado en su experiencia de dos meses en el cargo, “una persona medianamente diligente no habría podido detectar estas diferencias en las cuentas, porque eso lo manejan unidades determinadas”. Recalcó que, dentro del volumen que se manejan, es muy difícil para una persona que no está dedicada al asunto descubrir por sí sola una malversación de fondos.
A la salida del encuentro, Celis especificó sí, que los intendentes cuentan con asesores que son de la exclusiva confianza a cargo de las divisiones de Administración y Finanzas y de Gestión y Control, aparte de los equipos de auditoría. “En el caso del ex intendente de La Maza, aparentemente, los ex funcionarios que eran de su exclusiva confianza no lo pusieron al tanto de ningún tipo de irregularidad, como así tampoco lo hicieron los auditores internos del gobierno regional”, precisó.
Frente este tema, el diputado RN Joaquín Godoy consideró que el intendente debiera tener la información pertinente sobre lo que acontece en la Intendencia. “Es responsabilidad de él poner a la gente idónea para poder tener un control claro de los recursos públicos que se utilizan y si no, el responsable político tiene que ser la autoridad y ese es el intendente De la Maza”, sostuvo.
Además, criticó que el ex intendente haya hecho descargos públicos en un medio local diciendo que había delitos graves, previamente a que se hiciera la auditoría interna. Planteó que si la autoridad sabía de los ilícitos, no se entiende que no los haya denunciado.
El presidente de la comisión, diputado UDI Edmundo Eluchans, evaluó positivamente los testimonios entregados, estimando que son “aportes muy importantes para la investigación que está iniciándose”. Planteó que ésta no va a ser una investigación fácil porque el fraude se hizo de una manera tan burda que no existía ningún proyecto detrás y, simplemente se emitían orden de pago de cheques.
“No hay un hilo conductor que nos permita llegar a los hechos como cuando hay un proyecto detrás, pero estamos trabajando y yo creo que con el aporte de las autoridades de la región y personas que han tenido algún conocimiento vamos a tratar de esclarecer la verdad para determinar lo que a nosotros nos corresponde, que son las responsabilidades políticas”, enfatizó.
Dijo que no se descarta alguna responsabilidad del Banco Estado en esta materia, porque de los 11 cheques cancelados y cobrados por una persona natural, sólo seis fueron consultados con la Intendencia.
Para la diputada UDI Andrea Molina, la información aportada es crucial en el sentido de comprobar que el ex intendente Iván De la Maza tenía información sobre cosas que no se estaban haciendo bien y que no fueron corregidas y que, finalmente, ayudaron a permitir el fraude.
El diputado UDI Arturo Squella se mostró particularmente interesado en que, de los 11 cheques cancelados y cobrados por una persona natural, sólo seis fueran consultados por el Banco Estado al departamento de Finanzas. Dijo que le interesa saber si hubo un error de los funcionarios o si hay una carencia de procedimiento, por lo cual solicitó que fuera invitado el gerente a cargo de la sucursal Prat de dicha institución.
Además de compartir dicha preocupación, el diputado DC Eduardo Cerda destacó la voluntad de todos los sectores políticos para de definir las responsabilidades del caso, “caiga quien caiga, venga de dónde venga”. “Queremos dar una señal a todo Chile de que aquí estamos todos unidos para poder combatir la delincuencia de estos sectores que usufructúan de recursos públicos”, acotó.
El diputado PPD Rodrigo González planteó que quedó claro que no hubo un responsable, sino muchos y que la causa por la cual ello ocurrió es que no existían manuales de procedimientos, ni medidas de control que permitieran efectivamente fiscalizar ese gasto público.
Consideró que en la jornada de hoy se pudo avanzar y conocer antecedentes como la existencia de un libro-banco en planilla Excel que no existe en otras áreas de la administración pública y que la persona que cobró los cheques que era un contratista que ni siquiera tenía iniciación de actividades.
Al respecto, las autoridades de la intendencia y de la Contraloría recalcaron que este hecho no pudo ser verificado en la División de Control ya que los pagos se autorizaban por Finanzas sin la adscripción a un proyecto determinado. Además, se dijo que no hay registro de los comprobantes de dichos pagos y que, muy probablemente, estos fueron justificados en su momento por copias de facturas ya canceladas a otros contratistas que no habían sido correctamente timbradas.
Respecto de las autorizaciones de los cheques, la Contraloría dijo que los testimonios de los involucrados señalan que el nombre de la persona, así como los montos de los documentos, estuvieron a vista en el citado libro-banco y que, posteriormente estos fueron borrados o modificados.La facilidad para realizar esta operación, así como otras alteraciones, estuvo en la existencia de una cuenta única de usuario que utilizaban todos los funcionarios de la unidad, a través del acceso de la clave entregada por el jefe de la división.
El intendente de la V Región, Raúl Celis, estimó que el anterior titular, Iván De la Maza, no pudo dar cuenta por sí sólo del fraude de que era objeto el gobierno regional, ello dada la complejidad de los procesos contables que maneja la intendencia a cargo de unidades especializadas.
El intendente Celis hizo estas declaraciones en una sesión abierta de la comisión especial investigadora de la Cámara de Diputados sobre fraude en el gobierno regional de Valparaíso, instancia que concluyó esta tarde su primera jornada de trabajo y a la cual asistieron también el Contralor Regional (S), Víctor Hugo Merino; la jefa de la División de Auditoría Administrativa de la Contraloría, Patricia Arriagada; y la Jefa de la División de Análisis y Control de Gestión de la Intendencia Regional de Valparaíso, María Teresa Blanco.
Frente a una consulta del diputado UDI Arturo Squella, el intendente dijo que, basado en su experiencia de dos meses en el cargo, “una persona medianamente diligente no habría podido detectar estas diferencias en las cuentas, porque eso lo manejan unidades determinadas”. Recalcó que, dentro del volumen que se manejan, es muy difícil para una persona que no está dedicada al asunto descubrir por sí sola una malversación de fondos.
A la salida del encuentro, Celis especificó sí, que los intendentes cuentan con asesores que son de la exclusiva confianza a cargo de las divisiones de Administración y Finanzas y de Gestión y Control, aparte de los equipos de auditoría. “En el caso del ex intendente de La Maza, aparentemente, los ex funcionarios que eran de su exclusiva confianza no lo pusieron al tanto de ningún tipo de irregularidad, como así tampoco lo hicieron los auditores internos del gobierno regional”, precisó.
Frente este tema, el diputado RN Joaquín Godoy consideró que el intendente debiera tener la información pertinente sobre lo que acontece en la Intendencia. “Es responsabilidad de él poner a la gente idónea para poder tener un control claro de los recursos públicos que se utilizan y si no, el responsable político tiene que ser la autoridad y ese es el intendente De la Maza”, sostuvo.
Además, criticó que el ex intendente haya hecho descargos públicos en un medio local diciendo que había delitos graves, previamente a que se hiciera la auditoría interna. Planteó que si la autoridad sabía de los ilícitos, no se entiende que no los haya denunciado.
El presidente de la comisión, diputado UDI Edmundo Eluchans, evaluó positivamente los testimonios entregados, estimando que son “aportes muy importantes para la investigación que está iniciándose”. Planteó que ésta no va a ser una investigación fácil porque el fraude se hizo de una manera tan burda que no existía ningún proyecto detrás y, simplemente se emitían orden de pago de cheques.
“No hay un hilo conductor que nos permita llegar a los hechos como cuando hay un proyecto detrás, pero estamos trabajando y yo creo que con el aporte de las autoridades de la región y personas que han tenido algún conocimiento vamos a tratar de esclarecer la verdad para determinar lo que a nosotros nos corresponde, que son las responsabilidades políticas”, enfatizó.
Dijo que no se descarta alguna responsabilidad del Banco Estado en esta materia, porque de los 11 cheques cancelados y cobrados por una persona natural, sólo seis fueron consultados con la Intendencia.
Para la diputada UDI Andrea Molina, la información aportada es crucial en el sentido de comprobar que el ex intendente Iván De la Maza tenía información sobre cosas que no se estaban haciendo bien y que no fueron corregidas y que, finalmente, ayudaron a permitir el fraude.
El diputado UDI Arturo Squella se mostró particularmente interesado en que, de los 11 cheques cancelados y cobrados por una persona natural, sólo seis fueran consultados por el Banco Estado al departamento de Finanzas. Dijo que le interesa saber si hubo un error de los funcionarios o si hay una carencia de procedimiento, por lo cual solicitó que fuera invitado el gerente a cargo de la sucursal Prat de dicha institución.
Además de compartir dicha preocupación, el diputado DC Eduardo Cerda destacó la voluntad de todos los sectores políticos para de definir las responsabilidades del caso, “caiga quien caiga, venga de dónde venga”. “Queremos dar una señal a todo Chile de que aquí estamos todos unidos para poder combatir la delincuencia de estos sectores que usufructúan de recursos públicos”, acotó.
El diputado PPD Rodrigo González planteó que quedó claro que no hubo un responsable, sino muchos y que la causa por la cual ello ocurrió es que no existían manuales de procedimientos, ni medidas de control que permitieran efectivamente fiscalizar ese gasto público.
Consideró que en la jornada de hoy se pudo avanzar y conocer antecedentes como la existencia de un libro-banco en planilla Excel que no existe en otras áreas de la administración pública y que la persona que cobró los cheques que era un contratista que ni siquiera tenía iniciación de actividades.
Al respecto, las autoridades de la intendencia y de la Contraloría recalcaron que este hecho no pudo ser verificado en la División de Control ya que los pagos se autorizaban por Finanzas sin la adscripción a un proyecto determinado. Además, se dijo que no hay registro de los comprobantes de dichos pagos y que, muy probablemente, estos fueron justificados en su momento por copias de facturas ya canceladas a otros contratistas que no habían sido correctamente timbradas.
Respecto de las autorizaciones de los cheques, la Contraloría dijo que los testimonios de los involucrados señalan que el nombre de la persona, así como los montos de los documentos, estuvieron a vista en el citado libro-banco y que, posteriormente estos fueron borrados o modificados.La facilidad para realizar esta operación, así como otras alteraciones, estuvo en la existencia de una cuenta única de usuario que utilizaban todos los funcionarios de la unidad, a través del acceso de la clave entregada por el jefe de la división.
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