Diputados propusieron cambios normativos y regulatorios para ordenar reconstrucción del país
Los legisladores participaron en un seminario organizado por la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados denominado "Terremoto y Maremoto en Chile, una oportunidad para revisar nuestras normas". Al encuentro asistieron además representantes del Gobierno, el mundo privado, los colegios de Arquitectos e Ingenieros y el mundo académico.
Con la participación de los diversos sectores relacionados con el área de la vivienda, diputados de distintas colectividades políticas realizaron propuestas de cambios normativos, regulatorios y administrativos destinados a ordenar el proceso de reconstrucción del país.
El análisis y debate fue realizado en el contexto del seminario organizado por la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados denominado "Terremoto y Maremoto en Chile, una oportunidad para revisar nuestras normas".
En dicho evento, además de los parlamentarios, participaron la Ministra de Vivienda, Magdalena Matte; el secretario ejecutivo del Instituto de la Construcción, Gustavo Cortés; el abogado civilista Juan Eduardo Figueroa; el presidente de la Asociación de Ingenieros Estructurales, Rodrigo Mujica; el presidente del Colegio de Arquitectos de Chile, Patricio Gross; el intendente de seguros, Osvaldo Macías, y el asesor del programa de reconstrucción del Ministerio de Vivienda, Pablo Allard.
Entre los cambios propuestos por los legisladores está incorporar la dimensión sicosocial y de salud mental en el plan de la reconstrucción; mejorar la entrega de subsidios, incluyendo mayores posibilidades para la reparación de viviendas de la clase media; analizar la aplicación de nuevos materiales de construcción; y establecer normas más rigurosas tanto en las formas de edificación como en la fiscalización de las estructuras.
El presidente de la Comisión de Vivienda, diputado Gonzalo Uriarte (UDI, sostuvo que una de las dudas que se presentaron trás el sismo es ¿quién certifica lo que se construyó?, ya que actualmente los revisores independientes y los arquitectos no tienen responsabilidades legales sobre este tema: “Se carece de normas de responsabilidad y de certificación en el proceso de edificación”, señaló.
Para el diputado Carlos Montes (PS) el eje debe estar centrado en las personas, por lo que estimó que cualquier plan de reconstrucción que no los incluya y que no asuma el daño moral y emocional, se perderá en el camino. “Tiene que haber planes locales y ser muy discutidos con la comunidad, porque no hay mejor forma de sanearse que participar en los procesos”, agregó.
El diputado Patricio Hales (PPD) destacó la conveniencia para el país de la ley impulsada desde el Congreso que obligó a la constitución de un fiscalizador del cálculo estructural de las edificaciones. Sin embargo, planteó que es preciso realizar un perfeccionamiento para que el propietario de la construcción no sea el mismo ente que defina quién será el encargado de fiscalizarlo. Asimismo, llamó a considerar más a la clase media en la entrega de beneficios fiscales.
El diputado Juan Carlos Latorre (DC) hizo un especial análisis de la situación rural y llamó a constituir oficinas del Serviu descentralizadas, que se aproximen más a este sector de la población. Además, propuso que los subsidios sean entregados sobre la base de un damnificado plenamente identificado y no de un terreno en particular, con el objeto de resolver los problemas de títulos de dominio de los que carecen ciertos sectores de la población.
El diputado Juan Lobos (UDI) sostuvo que lo ocurrido trás el terremoto del pasado 27 de febrero es una oportunidad para analizar los materiales con los que se están construyendo las viviendas en Chile, ya que los problemas que experimentaron edificaciones construídas con piedra u hormigón armado hacen pensar en la posibilidad de utilizar materia primas más livianas pero a la vez más resistentes.
Con la participación de los diversos sectores relacionados con el área de la vivienda, diputados de distintas colectividades políticas realizaron propuestas de cambios normativos, regulatorios y administrativos destinados a ordenar el proceso de reconstrucción del país.
El análisis y debate fue realizado en el contexto del seminario organizado por la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados denominado "Terremoto y Maremoto en Chile, una oportunidad para revisar nuestras normas".
En dicho evento, además de los parlamentarios, participaron la Ministra de Vivienda, Magdalena Matte; el secretario ejecutivo del Instituto de la Construcción, Gustavo Cortés; el abogado civilista Juan Eduardo Figueroa; el presidente de la Asociación de Ingenieros Estructurales, Rodrigo Mujica; el presidente del Colegio de Arquitectos de Chile, Patricio Gross; el intendente de seguros, Osvaldo Macías, y el asesor del programa de reconstrucción del Ministerio de Vivienda, Pablo Allard.
Entre los cambios propuestos por los legisladores está incorporar la dimensión sicosocial y de salud mental en el plan de la reconstrucción; mejorar la entrega de subsidios, incluyendo mayores posibilidades para la reparación de viviendas de la clase media; analizar la aplicación de nuevos materiales de construcción; y establecer normas más rigurosas tanto en las formas de edificación como en la fiscalización de las estructuras.
El presidente de la Comisión de Vivienda, diputado Gonzalo Uriarte (UDI, sostuvo que una de las dudas que se presentaron trás el sismo es ¿quién certifica lo que se construyó?, ya que actualmente los revisores independientes y los arquitectos no tienen responsabilidades legales sobre este tema: “Se carece de normas de responsabilidad y de certificación en el proceso de edificación”, señaló.
Para el diputado Carlos Montes (PS) el eje debe estar centrado en las personas, por lo que estimó que cualquier plan de reconstrucción que no los incluya y que no asuma el daño moral y emocional, se perderá en el camino. “Tiene que haber planes locales y ser muy discutidos con la comunidad, porque no hay mejor forma de sanearse que participar en los procesos”, agregó.
El diputado Patricio Hales (PPD) destacó la conveniencia para el país de la ley impulsada desde el Congreso que obligó a la constitución de un fiscalizador del cálculo estructural de las edificaciones. Sin embargo, planteó que es preciso realizar un perfeccionamiento para que el propietario de la construcción no sea el mismo ente que defina quién será el encargado de fiscalizarlo. Asimismo, llamó a considerar más a la clase media en la entrega de beneficios fiscales.
El diputado Juan Carlos Latorre (DC) hizo un especial análisis de la situación rural y llamó a constituir oficinas del Serviu descentralizadas, que se aproximen más a este sector de la población. Además, propuso que los subsidios sean entregados sobre la base de un damnificado plenamente identificado y no de un terreno en particular, con el objeto de resolver los problemas de títulos de dominio de los que carecen ciertos sectores de la población.
El diputado Juan Lobos (UDI) sostuvo que lo ocurrido trás el terremoto del pasado 27 de febrero es una oportunidad para analizar los materiales con los que se están construyendo las viviendas en Chile, ya que los problemas que experimentaron edificaciones construídas con piedra u hormigón armado hacen pensar en la posibilidad de utilizar materia primas más livianas pero a la vez más resistentes.
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