Diputados radicales ingresaron proyecto para mejorar fiscalización a cajas de compensación

Según expresaron los diputados Fernando Meza, José Pérez y Marcos Espinosa, la idea es evitar abusos que se están registrando en el sistema y que dicen relación, principalmente, con el otorgamiento de créditos.

En la perspectiva de acabar con los abusos detectados en las operaciones de las cajas de compensación y que apuntan, principalmente, al otorgamiento de créditos perjudiciales para los afiliados, diputados del Partido Radical Social Demócrata (PRSD) ingresaron hoy a trámite un proyecto de ley que perfecciona la fiscalización sobre el sistema y establece desincentivos para evitar las malas prácticas.

El diputado Fernando Meza destacó que constantemente están recibiendo denuncias de sobre engaños efectuados por algunas cajas de compensación. Dijo que dichas instituciones están acosando a los adultos mayores en los centros de pagos (INP y AFPs) para prácticamente obligarlos a afiliarse, ofreciéndoles bonos y beneficios que son falsos.

Meza explicó que la normativa vigente considera a las cajas de compensación como corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro, situación que su juicio no se estaría cumpliendo. “Lucran incesantemente a costa de los créditos que les entregan a estos adultos mayores con unos intereses y obligatoriedad no menor a siete años de crédito. Por tanto, quien pide 180 mil pesos, termina pagando casi 800 mil pesos y eso desde luego creemos que es un abuso”, enfatizó.

Sostuvo que las Superintendencias de Valores y Seguros y de Seguridad Social, entidades encargadas de velar por el cumplimiento de la ley en estas materias, no están vigilando esta situación, por lo cual se propone en el proyecto de ley que, en materia de créditos, sea la Superintendencia de Bancos e instituciones Financieras la institución que fiscalice.

El diputado Marcos Espinosa explicó que la moción modifica el origen jurídico de las cajas de compensación, eliminando de la actual normativa la frase “sin fines de lucro”. Ello, estimó, permitirá al Estado realizar una mayor fiscalización respecto de los dineros que son descontados a los jubilados.

El diputado José Pérez indicó que un siguiente paso será reunirse con el gobierno para discutir este tema y obtener información también sobre las rentas de los altos ejecutivos y directores de las instituciones, ello en miras de terminar con los abusos.”Nos interesa que se sancione a quienes han operado mal y que nunca más se siga abusando de ese número tan mayoritario que tenemos en Chile de adultos mayores”, precisó.

Según se explicó, la normativa propuesta contempla como sanción una multa de 100 UTM y la posibilidad de ordenar la intervención de la caja.

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