Ministra de la Vivienda encontró en la Región del Maule 1200 casas desocupadas. Presentó el caso al fiscal Juan Pablo Kinast
18 de junio de 2010- Talca. La ministra de Vivienda y Urbanismo, Magdalena Matte, presentó ante el fiscal regional de Talca, Juan Pablo Kinast, los antecedentes de 1.200 casas Serviu que fueron encontradas desocupadas en la Región del Maule.
Los inmuebles vacíos fueron entregados a través del Programa Fondo Solidario de Vivienda I (FSVI) durante los últimos tres años, beneficio que está orientado exclusivamente a las familias con condiciones de alta vulnerabilidad socioeconómica, como pobreza, indigencia, cantidad de hijos menores de 15 años y personas de la tercera edad o discapacitados, tal como se define expresamente en el artículo segundo del Decreto 174 del año 2005 que reglamenta la utilización el Fondo Solidario 1 como se conoce este subsidio.
Las casas de 650 UF fueron financiadas en el 98% de su valor por el subsidio estatal, porque las familias colocaron 10 UF de ahorro. También se detectó una alarmante cantidad de viviendas en arriendo o prestadas.
“Cuando el país presenta la cantidad de personas damnificadas que existen por el terremoto y tsunami del 27 de febrero, cuando consideramos la inmensa necesidad de viviendas sociales de antes y después de dicha catástrofe, es inaceptable para el gobierno una situación como esta, que hace presumir estar en presencia de un Fraude al Fisco de Chile”, dijo la ministra Matte.
A raíz de esta situación anómala, la Secretaria de Estado instruyó a todos los Serviu del país a levantar un catastro nacional para detectar situaciones similares y presentar los antecedentes ante la fiscal regional respectiva.
“Le entregué todos los antecedentes a la fiscalía y vamos a perseguir el caso hasta las últimas consecuencias, porque no es razonable que con la plata para las personas más vulnerables se haya hecho un negocio. Hay 1.200 casas vacías, muchas arrendadas y prestadas. Por lo tanto, hay irregularidades que vamos a revisar profundamente”, señaló la titular de Vivienda luego de reunirse con el fiscal.
Paralelamente el Ministerio adoptará las medidas para garantizar que a través de los cambios normativos que sean necesarios situaciones como estas no se repitan en Chile.
Los inmuebles vacíos fueron entregados a través del Programa Fondo Solidario de Vivienda I (FSVI) durante los últimos tres años, beneficio que está orientado exclusivamente a las familias con condiciones de alta vulnerabilidad socioeconómica, como pobreza, indigencia, cantidad de hijos menores de 15 años y personas de la tercera edad o discapacitados, tal como se define expresamente en el artículo segundo del Decreto 174 del año 2005 que reglamenta la utilización el Fondo Solidario 1 como se conoce este subsidio.
Las casas de 650 UF fueron financiadas en el 98% de su valor por el subsidio estatal, porque las familias colocaron 10 UF de ahorro. También se detectó una alarmante cantidad de viviendas en arriendo o prestadas.
“Cuando el país presenta la cantidad de personas damnificadas que existen por el terremoto y tsunami del 27 de febrero, cuando consideramos la inmensa necesidad de viviendas sociales de antes y después de dicha catástrofe, es inaceptable para el gobierno una situación como esta, que hace presumir estar en presencia de un Fraude al Fisco de Chile”, dijo la ministra Matte.
A raíz de esta situación anómala, la Secretaria de Estado instruyó a todos los Serviu del país a levantar un catastro nacional para detectar situaciones similares y presentar los antecedentes ante la fiscal regional respectiva.
“Le entregué todos los antecedentes a la fiscalía y vamos a perseguir el caso hasta las últimas consecuencias, porque no es razonable que con la plata para las personas más vulnerables se haya hecho un negocio. Hay 1.200 casas vacías, muchas arrendadas y prestadas. Por lo tanto, hay irregularidades que vamos a revisar profundamente”, señaló la titular de Vivienda luego de reunirse con el fiscal.
Paralelamente el Ministerio adoptará las medidas para garantizar que a través de los cambios normativos que sean necesarios situaciones como estas no se repitan en Chile.
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