Diputados: Comisión de Hacienda inició discusión de proyecto de royalty minero
Mientras el oficialismo apoyó al Ejecutivo y estimó necesario acortar el tiempo de trámite, más allá de los diez días fijados, la Oposición planteó discutir el tema con calma, analizando otras aristas. Una de las propuestas discutidas con mayor viabilidad de avanzar es especificar la forma de distribución del 30% de los fondos a regiones.
Con presencia de los ministros de Hacienda, Felipe Larraín, y de Minería, Laurence Goldborne, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados -que preside el diputado Gastón Von Mühlenbrock- inició la discusión del proyecto que establece una nueva fórmula de aplicar el impuesto específico a la minería (IEM), iniciativa que viene a reemplazar la propuesta que en el mismo sentido se presentara en la Ley de Reconstrucción y que no fuera aceptada por el Parlamento.
Los representantes del Gobierno explicaron a los parlamentarios que el objetivo de este proyecto no es sólo obtener una mayor recaudación fiscal (mil millones de dólares adicionales), sino también fijar un esquema de largo plazo para la tributación de la minería.
Resaltaron que la iniciativa avanza principalmente en tres líneas respecto de la propuesta que rechazara el Congreso Nacional: aumenta la tasa base del impuesto; establece un año adicional de contribuciones; y fija explícitamente que un 30% de los recursos irán a regiones.
Según se recordó, la tasa de IEM es de 5% para la gran minería, salvo para aquellas empresas que se acogieron al sistema especial establecido en 2004 que fijó en 4% el impuesto con invariabilidad tributaria hasta 2017. “Lo que está en discusión hoy son alternativas para determinar la tasa que actualmente está en 4% y que, según la ley actual pasará a ser 5% a partir del año 2018”, se aclara.
Tal como se detalla, el proyecto original partía de una tasa de IEM en 3,5%, mientra que hoy el régimen general partirá en 5%, lo que implica que el impuesto específico será siempre igual o mayor al que existe hoy. Además, se cambia la tasa fija por una variable que va del 5% al 9%, la cual dependerá del margen operacional de la empresa y se contempla una diferenciación entre aquellos proyectos ya en curso, respecto de los nuevos.
Para aquellas empresas que tengan un contrato de invariabilidad firmado, acotan, la nueva propuesta implica aplicar una tabla entre 4% y 9% por tres años (2010-2012), tiempo tras lo cual vuelven al impuesto fijo de un 4%. Una vez terminados los contratos, pasan al régimen general con un período adicional de invariabilidad (al 2025).
Este último punto fue uno de los temas cuestionados por la Oposición, sin embargo los ministros fueron enfáticos en señalar que para que las empresas se acojan al nuevo régimen, es preciso ofrecerles algún incentivo especial, en este caso, una extensión de la invariabilidad.
Urgencia de la tramitación
Otro tema altamente debatido fue la urgencia con la cual se quiere tramitar la iniciativa, la cual cuenta con calificación de suma urgencia (diez días de trámite). Para el Gobierno, es fundamental aprobar el proyecto a más tardar a fines de septiembre o principios de octubre, dado que se debe dar tiempo a que las empresas aprueben el traspaso de régimen, de caso contrario, recalcaron, se correría el riesgo de terminar con el año tributario, lo cual equivaldría a perder unos US$400 millones de dólares.
El Ministro Larraín recalcó que el tema ya se viene discutiendo desde hace dos meses y que recién la Oposición presentó al Gobierno una propuesta, la cual sólo aborda materias generales y se aleja de los objetivos del proyecto. “Pero uno es siempre optimista y se espera encontrar un acuerdo”, estimó.
Para el diputado independiente Miodrag Marinovic, tramitar el proyecto con celeridad no es un problema en particular, en la medida que el Gobierno acoja las observaciones planteadas en la Comisión.
“Hemos solicitado como bancada independiente que se cree al interior de esta ley, como una indicación complementaria, un Fondo de Reconversión y Desarrollo Regional; además tener claramente los objetivos con los que se usarán esos recursos porque no queremos que la plata se despilfarre en situaciones que, en definitiva, no contribuya al desarrollo de las regiones”, enfatizó.
El diputado Pablo Lorenzini (DC) reconoció que la mayoría de las propuestas de la Oposición no tuvieron acogida en los ministros, estimando que lo que tiene mayor viabilidad es concordar un proyecto simultáneo respecto del 30% de aporte directo a regiones. “Dadas las circunstancias, veremos si la próxima semana estamos en disposición de votar o no. Hoy yo diría que la Oposición no está positiva respecto del proyecto”, planteó.
En una posición contrapuesta y en directo apoyo al Ejecutivo, el diputado Nicolás Monckeberg (RN) anunció que solicitarán al Gobierno que le ponga urgencia Discusión Inmediata (tres días de trámite) a este proyecto.
“Tras la sesión de hoy día nos damos cuenta que no hay ninguna propuesta nueva, completa por parte de la Concertación; han tenido dos meses para presentar una propuesta con contenido y hoy día hemos escuchado puras vaguedades y recordemos que demorar este proyecto no es gratis, porque si este proyecto no es aprobado este año, vamos a perder por lo menos US$400 millones de dólares de recaudación correspondiente al año 2011. Por lo tanto es una completa irresponsabilidad dilatarlo”, sentenció.
En la misma línea, el diputado Ernesto Silva (UDI) criticó que “la Oposición demoró dos meses y medio para generar un documento de tres párrafos que, en realidad, no califica para ser considerado como una propuesta”. Estimó, además, que la postura planteada “no es otra cosa que una excusa más para no discutir de verdad y sacar adelante un proyecto de regulación de impuesto a la minería”.
Con presencia de los ministros de Hacienda, Felipe Larraín, y de Minería, Laurence Goldborne, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados -que preside el diputado Gastón Von Mühlenbrock- inició la discusión del proyecto que establece una nueva fórmula de aplicar el impuesto específico a la minería (IEM), iniciativa que viene a reemplazar la propuesta que en el mismo sentido se presentara en la Ley de Reconstrucción y que no fuera aceptada por el Parlamento.
Los representantes del Gobierno explicaron a los parlamentarios que el objetivo de este proyecto no es sólo obtener una mayor recaudación fiscal (mil millones de dólares adicionales), sino también fijar un esquema de largo plazo para la tributación de la minería.
Resaltaron que la iniciativa avanza principalmente en tres líneas respecto de la propuesta que rechazara el Congreso Nacional: aumenta la tasa base del impuesto; establece un año adicional de contribuciones; y fija explícitamente que un 30% de los recursos irán a regiones.
Según se recordó, la tasa de IEM es de 5% para la gran minería, salvo para aquellas empresas que se acogieron al sistema especial establecido en 2004 que fijó en 4% el impuesto con invariabilidad tributaria hasta 2017. “Lo que está en discusión hoy son alternativas para determinar la tasa que actualmente está en 4% y que, según la ley actual pasará a ser 5% a partir del año 2018”, se aclara.
Tal como se detalla, el proyecto original partía de una tasa de IEM en 3,5%, mientra que hoy el régimen general partirá en 5%, lo que implica que el impuesto específico será siempre igual o mayor al que existe hoy. Además, se cambia la tasa fija por una variable que va del 5% al 9%, la cual dependerá del margen operacional de la empresa y se contempla una diferenciación entre aquellos proyectos ya en curso, respecto de los nuevos.
Para aquellas empresas que tengan un contrato de invariabilidad firmado, acotan, la nueva propuesta implica aplicar una tabla entre 4% y 9% por tres años (2010-2012), tiempo tras lo cual vuelven al impuesto fijo de un 4%. Una vez terminados los contratos, pasan al régimen general con un período adicional de invariabilidad (al 2025).
Este último punto fue uno de los temas cuestionados por la Oposición, sin embargo los ministros fueron enfáticos en señalar que para que las empresas se acojan al nuevo régimen, es preciso ofrecerles algún incentivo especial, en este caso, una extensión de la invariabilidad.
Urgencia de la tramitación
Otro tema altamente debatido fue la urgencia con la cual se quiere tramitar la iniciativa, la cual cuenta con calificación de suma urgencia (diez días de trámite). Para el Gobierno, es fundamental aprobar el proyecto a más tardar a fines de septiembre o principios de octubre, dado que se debe dar tiempo a que las empresas aprueben el traspaso de régimen, de caso contrario, recalcaron, se correría el riesgo de terminar con el año tributario, lo cual equivaldría a perder unos US$400 millones de dólares.
El Ministro Larraín recalcó que el tema ya se viene discutiendo desde hace dos meses y que recién la Oposición presentó al Gobierno una propuesta, la cual sólo aborda materias generales y se aleja de los objetivos del proyecto. “Pero uno es siempre optimista y se espera encontrar un acuerdo”, estimó.
Para el diputado independiente Miodrag Marinovic, tramitar el proyecto con celeridad no es un problema en particular, en la medida que el Gobierno acoja las observaciones planteadas en la Comisión.
“Hemos solicitado como bancada independiente que se cree al interior de esta ley, como una indicación complementaria, un Fondo de Reconversión y Desarrollo Regional; además tener claramente los objetivos con los que se usarán esos recursos porque no queremos que la plata se despilfarre en situaciones que, en definitiva, no contribuya al desarrollo de las regiones”, enfatizó.
El diputado Pablo Lorenzini (DC) reconoció que la mayoría de las propuestas de la Oposición no tuvieron acogida en los ministros, estimando que lo que tiene mayor viabilidad es concordar un proyecto simultáneo respecto del 30% de aporte directo a regiones. “Dadas las circunstancias, veremos si la próxima semana estamos en disposición de votar o no. Hoy yo diría que la Oposición no está positiva respecto del proyecto”, planteó.
En una posición contrapuesta y en directo apoyo al Ejecutivo, el diputado Nicolás Monckeberg (RN) anunció que solicitarán al Gobierno que le ponga urgencia Discusión Inmediata (tres días de trámite) a este proyecto.
“Tras la sesión de hoy día nos damos cuenta que no hay ninguna propuesta nueva, completa por parte de la Concertación; han tenido dos meses para presentar una propuesta con contenido y hoy día hemos escuchado puras vaguedades y recordemos que demorar este proyecto no es gratis, porque si este proyecto no es aprobado este año, vamos a perder por lo menos US$400 millones de dólares de recaudación correspondiente al año 2011. Por lo tanto es una completa irresponsabilidad dilatarlo”, sentenció.
En la misma línea, el diputado Ernesto Silva (UDI) criticó que “la Oposición demoró dos meses y medio para generar un documento de tres párrafos que, en realidad, no califica para ser considerado como una propuesta”. Estimó, además, que la postura planteada “no es otra cosa que una excusa más para no discutir de verdad y sacar adelante un proyecto de regulación de impuesto a la minería”.
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