Diputados rechazan enmiendas del Senado a proyecto que autoriza cierre de calles y pasajes por seguridad
La Sala de la Cámara rechazó las propuestas de los senadores de extender a cinco años el plazo de cierre y que la medida esté sujeta a la solicitud o revocación de al menos el 90 por ciento de los propietarios de los inmuebles. Las diferencias deberán ser zanjadas por una Comisión Mixta de senadores y diputados.
El proyecto de ley (boletines 3848, 6289, 6363) tiene su origen en tres mociones de diputados, provenientes de distintas bancadas, que fueron refundidas en un sólo texto que propone facultar a las municipalidades para autorizar el cierre de calles y pasajes por motivos de seguridad pública.
La iniciativa modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades estableciendo que los municipios podrán autorizar hasta por dos años, renovable, el cierre o medidas de control de acceso de pasajes y vías locales sin salida, con el objeto de garantizar la seguridad de los vecinos. Se añade que la autorización o su renovación requerirá el acuerdo del respectivo concejo municipal previo informe técnico de la dirección de obras y de las unidades municipales encargadas de la asesoría urbana y de la función de tránsito y transporte público.
Esta facultad no podrá ser ejercida en ciudades declaradas patrimonio de la humanidad o respecto de barrios, calles, pasajes o lugares que tengan el carácter de patrimonio arquitectónico.
El Senado le introdujo enmiendas a dicho texto en segundo trámite. Una de ellas aumentó de dos a cinco años el plazo de cierre de las calles, pasajes y vías locales, estableciendo además una prórroga automática por igual periodo, salvo resolución fundada en contrario de la municipalidad con acuerdo del concejo. Esta modificación fue rechazada por la Cámara con 74 votos en contra, 17 a favor y 11 abstenciones.
El Senado incorporó además una disposición donde se establece que el cierre de calles o pasajes debe basarse en una solicitud suscrita por al menos el 90 por ciento de los propietarios y su revocación debe también ser requerida por el 90 por ciento de los mismos. Varios diputados consideraron excesivo el quórum para la revocación. La modificación obtuvo 55 votos a favor, 48 en contra y 9 abstenciones, resultando rechazada al no obtener la mayoría requerida de 68 votos por tratarse de una norma de rango orgánico constitucional.
Con estos rechazos, las diferencias entre ambas cámaras deberán ser resueltas por una Comisión Mixta de senadores y diputados. Por la Cámara fueron nominados a dicha instancia los diputados Arturo Squella (UDI), Gonzalo Uriarte (UDI), Jorge Burgos (DC), Tucapel Jiménez (PPD) y Cristián Monckeberg (RN).
Durante el debate en la Sala la mayoría de los diputados que intervineiron expresaron su respaldo a la iniciativa argumentando que ella responde a las aspiraciones de los vecinos de una mayor seguridad en sus barrios. La excepción la plantearon diputados como Osvaldo Andrade (PS) y Hugo Gutiérrez (PC), quienes se manifestaron en contra de la iniciativa de cerrar las calles y pasajes así como enrrejar los espacios públicos planteando que la misión de dar seguridad le corresponde a las fuerzas de orden.
El diputado Alberto Cardemil (RN) opinó que el proyecto está bien inspirado pero adolece de vicios de constitucionalidad que deben ser subsanados en una comisión mixta. El diputado Patricio Melero (UDI) dijo que más de 800 pasajes y calles en el país tienen este sistema de protección y es bueno que el Congreso Nacional recoja esta preocupación ciudadana y legisle al efecto
El proyecto de ley (boletines 3848, 6289, 6363) tiene su origen en tres mociones de diputados, provenientes de distintas bancadas, que fueron refundidas en un sólo texto que propone facultar a las municipalidades para autorizar el cierre de calles y pasajes por motivos de seguridad pública.
La iniciativa modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades estableciendo que los municipios podrán autorizar hasta por dos años, renovable, el cierre o medidas de control de acceso de pasajes y vías locales sin salida, con el objeto de garantizar la seguridad de los vecinos. Se añade que la autorización o su renovación requerirá el acuerdo del respectivo concejo municipal previo informe técnico de la dirección de obras y de las unidades municipales encargadas de la asesoría urbana y de la función de tránsito y transporte público.
Esta facultad no podrá ser ejercida en ciudades declaradas patrimonio de la humanidad o respecto de barrios, calles, pasajes o lugares que tengan el carácter de patrimonio arquitectónico.
El Senado le introdujo enmiendas a dicho texto en segundo trámite. Una de ellas aumentó de dos a cinco años el plazo de cierre de las calles, pasajes y vías locales, estableciendo además una prórroga automática por igual periodo, salvo resolución fundada en contrario de la municipalidad con acuerdo del concejo. Esta modificación fue rechazada por la Cámara con 74 votos en contra, 17 a favor y 11 abstenciones.
El Senado incorporó además una disposición donde se establece que el cierre de calles o pasajes debe basarse en una solicitud suscrita por al menos el 90 por ciento de los propietarios y su revocación debe también ser requerida por el 90 por ciento de los mismos. Varios diputados consideraron excesivo el quórum para la revocación. La modificación obtuvo 55 votos a favor, 48 en contra y 9 abstenciones, resultando rechazada al no obtener la mayoría requerida de 68 votos por tratarse de una norma de rango orgánico constitucional.
Con estos rechazos, las diferencias entre ambas cámaras deberán ser resueltas por una Comisión Mixta de senadores y diputados. Por la Cámara fueron nominados a dicha instancia los diputados Arturo Squella (UDI), Gonzalo Uriarte (UDI), Jorge Burgos (DC), Tucapel Jiménez (PPD) y Cristián Monckeberg (RN).
Durante el debate en la Sala la mayoría de los diputados que intervineiron expresaron su respaldo a la iniciativa argumentando que ella responde a las aspiraciones de los vecinos de una mayor seguridad en sus barrios. La excepción la plantearon diputados como Osvaldo Andrade (PS) y Hugo Gutiérrez (PC), quienes se manifestaron en contra de la iniciativa de cerrar las calles y pasajes así como enrrejar los espacios públicos planteando que la misión de dar seguridad le corresponde a las fuerzas de orden.
El diputado Alberto Cardemil (RN) opinó que el proyecto está bien inspirado pero adolece de vicios de constitucionalidad que deben ser subsanados en una comisión mixta. El diputado Patricio Melero (UDI) dijo que más de 800 pasajes y calles en el país tienen este sistema de protección y es bueno que el Congreso Nacional recoja esta preocupación ciudadana y legisle al efecto
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