diputados: Responsabilizan políticamente a ex Intendente De la Maza por fraude en GORE porteño
La decisión fue adoptada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados sobre este tema. El informe quedará a disposición de la Sala el próximo martes 14 de septiembre.
Tras cuatro meses de investigación y análisis, la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados que analizó el fraude por más de mil millones de pesos al Gobierno Regional de Valparaíso, concluyó por unanimidad que existe una grave responsabilidad política del ex intendente Iván De la Maza, por permitir que este hecho ocurriera.
“Nosotros lo responsabilizamos a él y a sus colaboradores más cercanos, entre ellos al señor (Gabriel) Aldana (ex jefe de la División de Administración y Finanzas), de ser los que, en definitiva, han permitido que este fraude se materialice”, informó oficialmente el Presidente de la Comisión, diputado Edmundo Eluchans (UDI), en representación de los once legisladores que estuvieron presentes en la votación.
Explicó que la forma de hacer efectiva una responsabilidad política es la acusación constitucional, pero que, en este caso, ya no es posible porque el plazo establecido por ley es hasta tres meses después de dejado el cargo e Iván De la Maza lleva seis.
Si bien reconoció que como Comisión el tema no estuvo en debate, estimó que de haberse presentado la acusación constitucional en contra del ex intendente ésta habría prosperado “porque aquí hay graves negligencias, donde no se cumplió con la ley, con las facultades que tenía el señor De la Maza como intendente y superior jerárquico del Gobierno Regional, para enmendar todos los errores que nosotros detectamos”.
En este plano, se mostró a favor de modificar los actuales plazos, considerando que tras meses es un período demasiado corto para determinar responsabilidades frente a hechos comprobados.
Especificó que, en términos políticos, en este caso sólo es posible adjudicar responsabilidades al ex intendente, pese enfatizó que la Comisión mantuvo un juicio bastante severo respecto de la participación de algunos funcionarios de mayor jerarquía.
Al respecto, la diputada Andrea Molina (UDI) indicó que, tanto Aldana como Sara Peñaloza (jefa de Administración), al haber firmado cheques sin el debido control, tienen responsabilidad administrativa porque permitieron que al interior de la intendencia se robaran millones de todos los chilenos de la V Región, impidiendo que muchos proyectos dejaran de realizarse.
La legisladora resaltó que el informe fue aprobado por diputados de distintas colectividades políticas, lo que comprueba el compromiso de la Comisión por perseguir la verdad de los hechos. “Esto sirve para que la gente tenga confianza que estas comisiones sí funcionan y son serias y comprometidas”, recalcó.
Para el diputado Nicolás Monckeberg (RN), el primer responsable de la millonaria pérdida es quien tenía a cargo el Gobierno Regional, aquel que tenía todas las herramientas y facultades que habrían impedido que se cometiera este fraude, esto es, el ex intendente de la Maza.
Estimó que, dado que el puesto era de confianza de las máximas autoridades del país de la época, correspondería que la ex Presidenta de la República, Michelle Bachelet, o alguno de sus ministros, de alguna explicación y se disculpe sobre el tema. Además, aclaró que la Comisión no exculpó a nadie de responsabilidad penal e informó que ya se presentó un proyecto de ley que extiende a un año la posibilidad de perseguir la responsabilidad política de una autoridad a través de una acusación constitución.
El diputado Eduardo Cerda (DC) resaltó que se terminó un trabajo que les tomó bastante esfuerzo y a cuya conclusión la oposición concurrió con seriedad y responsabilidad. Destacó que el tema de la acusación constitucional en contra del ex intendente se desechó por no tener bases, pero que sí hubo consenso para determinar que Iván De la Maza actuó negligentemente al no crear los instructivos de procedimiento exigidos y al no poner personas idóneas en los cargos de confianza, como fue en el caso de Gabriel Aldana.
En todo caso, sostuvo que no se debe cargar la atención a este último punto, ya que no debe olvidarse que el hecho principal es que un grupo de funcionarios del Gobierno Regional se coludió para defraudar fondos públicos, gran parte de los cuales no han aparecido y que son parte de una investigación que sigue la fiscalía.
En materia propositiva, Cerda dijo que se aprobó una propuesta suya para sugerir que en todas las intendencias se separe la contabilidad de caja corriente de aquella que implique inversión pública. Asimismo, informó que se apoyó el planteamiento expuesto por el diputado Arturo Squella (UDI) para que se instruya al BancoEstado para que modifique su política de comprobación de pagos, que permite la cancelación de montos millonarios aún cuando estos no hayan sido corroborados con las personas pertinentes, transcurrido 30 minuto
Tras cuatro meses de investigación y análisis, la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados que analizó el fraude por más de mil millones de pesos al Gobierno Regional de Valparaíso, concluyó por unanimidad que existe una grave responsabilidad política del ex intendente Iván De la Maza, por permitir que este hecho ocurriera.
“Nosotros lo responsabilizamos a él y a sus colaboradores más cercanos, entre ellos al señor (Gabriel) Aldana (ex jefe de la División de Administración y Finanzas), de ser los que, en definitiva, han permitido que este fraude se materialice”, informó oficialmente el Presidente de la Comisión, diputado Edmundo Eluchans (UDI), en representación de los once legisladores que estuvieron presentes en la votación.
Explicó que la forma de hacer efectiva una responsabilidad política es la acusación constitucional, pero que, en este caso, ya no es posible porque el plazo establecido por ley es hasta tres meses después de dejado el cargo e Iván De la Maza lleva seis.
Si bien reconoció que como Comisión el tema no estuvo en debate, estimó que de haberse presentado la acusación constitucional en contra del ex intendente ésta habría prosperado “porque aquí hay graves negligencias, donde no se cumplió con la ley, con las facultades que tenía el señor De la Maza como intendente y superior jerárquico del Gobierno Regional, para enmendar todos los errores que nosotros detectamos”.
En este plano, se mostró a favor de modificar los actuales plazos, considerando que tras meses es un período demasiado corto para determinar responsabilidades frente a hechos comprobados.
Especificó que, en términos políticos, en este caso sólo es posible adjudicar responsabilidades al ex intendente, pese enfatizó que la Comisión mantuvo un juicio bastante severo respecto de la participación de algunos funcionarios de mayor jerarquía.
Al respecto, la diputada Andrea Molina (UDI) indicó que, tanto Aldana como Sara Peñaloza (jefa de Administración), al haber firmado cheques sin el debido control, tienen responsabilidad administrativa porque permitieron que al interior de la intendencia se robaran millones de todos los chilenos de la V Región, impidiendo que muchos proyectos dejaran de realizarse.
La legisladora resaltó que el informe fue aprobado por diputados de distintas colectividades políticas, lo que comprueba el compromiso de la Comisión por perseguir la verdad de los hechos. “Esto sirve para que la gente tenga confianza que estas comisiones sí funcionan y son serias y comprometidas”, recalcó.
Para el diputado Nicolás Monckeberg (RN), el primer responsable de la millonaria pérdida es quien tenía a cargo el Gobierno Regional, aquel que tenía todas las herramientas y facultades que habrían impedido que se cometiera este fraude, esto es, el ex intendente de la Maza.
Estimó que, dado que el puesto era de confianza de las máximas autoridades del país de la época, correspondería que la ex Presidenta de la República, Michelle Bachelet, o alguno de sus ministros, de alguna explicación y se disculpe sobre el tema. Además, aclaró que la Comisión no exculpó a nadie de responsabilidad penal e informó que ya se presentó un proyecto de ley que extiende a un año la posibilidad de perseguir la responsabilidad política de una autoridad a través de una acusación constitución.
El diputado Eduardo Cerda (DC) resaltó que se terminó un trabajo que les tomó bastante esfuerzo y a cuya conclusión la oposición concurrió con seriedad y responsabilidad. Destacó que el tema de la acusación constitucional en contra del ex intendente se desechó por no tener bases, pero que sí hubo consenso para determinar que Iván De la Maza actuó negligentemente al no crear los instructivos de procedimiento exigidos y al no poner personas idóneas en los cargos de confianza, como fue en el caso de Gabriel Aldana.
En todo caso, sostuvo que no se debe cargar la atención a este último punto, ya que no debe olvidarse que el hecho principal es que un grupo de funcionarios del Gobierno Regional se coludió para defraudar fondos públicos, gran parte de los cuales no han aparecido y que son parte de una investigación que sigue la fiscalía.
En materia propositiva, Cerda dijo que se aprobó una propuesta suya para sugerir que en todas las intendencias se separe la contabilidad de caja corriente de aquella que implique inversión pública. Asimismo, informó que se apoyó el planteamiento expuesto por el diputado Arturo Squella (UDI) para que se instruya al BancoEstado para que modifique su política de comprobación de pagos, que permite la cancelación de montos millonarios aún cuando estos no hayan sido corroborados con las personas pertinentes, transcurrido 30 minuto
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