Diputado Squella defiende ley que permite cierre de calles y pasajes. Dice que el fallo del tribunal Constitucional no afecta el espíritu de la norma sino que únicamente cuestiona la extensión del permiso a las vías locales, y sostiene que no ha habido un rechazo a la norma, sino que ésta deberá ser revisada en un aspecto.
Diputado Squella defiende ley que permite cierre de calles y pasajes
Publicado el 25 de enero del 2011
El parlamentario UDI sostuvo que el fallo del tribunal Constitucional no afecta el espíritu de la norma sino que únicamente cuestiona la extensión del permiso a las vías locales, debido a la amplitud del concepto.
En respuesta a la serie de declaraciones que han surgido a propósito del fallo emitido por el Tribunal Constitucional (TC) que objetó la ley que permite el cierre de calles y pasajes, el diputado Arturo Squella (UDI) puso énfasis en que no ha habido un rechazo a la norma, sino que ésta deberá ser revisada en un aspecto.
“A diferencia de lo que se ha planteado, el fallo en ningún caso afecta el espíritu de la norma, únicamente cuestiona la extensión del permiso a las vías locales, debido a la amplitud del concepto”, precisó el parlamentario, quien integra la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas de la Cámara de Diputados y participó en la comisión mixta que debatió el citado proyecto de ley.
Interiorizado, por tanto, con el detalle de la norma, Squella explicó que “el proyecto tiene a la vista otro importante bien jurídico con respaldo constitucional, que consiste en el deber del Estado de dar protección a la población y su familia”.
En este sentido, el legislador defendió la norma aprobada, precisando que la iniciativa “otorga una facultad excepcional, limitada en el tiempo y que debe ser fundada. Más aún, de acuerdo al texto legal, no puede concederse el permiso de cierre si el concejo municipal respectivo no garantiza expresamente la debida circulación de residentes y terceros y, por supuesto, de vehículos de emergencia o de utilidad pública”.
En otras palabras, la ley, que deberá ser revisada nuevamente en el Parlamento, buscaba otorgarle atribuciones a los municipios para que autorizaran, por un plazo de cinco años renovables, el cierre o alguna medida de control de acceso a las calles, pasajes o vías locales, o a conjuntos habitacionales urbanos o rurales con una misma vía de acceso y salida. Y es respecto de las vías locales que el TC expresó reparos.
Squella cuestionó la decisión del Tribunal afirmando que “con el debido respeto, los fundamentos del fallo serían más comprensibles y razonables si no hiciera distinciones entre los distintos bienes nacionales de uso público. Al aplicar la garantía constitucional respecto de uno y no de otros, pierde consistencia”.
Publicado el 25 de enero del 2011
El parlamentario UDI sostuvo que el fallo del tribunal Constitucional no afecta el espíritu de la norma sino que únicamente cuestiona la extensión del permiso a las vías locales, debido a la amplitud del concepto.
En respuesta a la serie de declaraciones que han surgido a propósito del fallo emitido por el Tribunal Constitucional (TC) que objetó la ley que permite el cierre de calles y pasajes, el diputado Arturo Squella (UDI) puso énfasis en que no ha habido un rechazo a la norma, sino que ésta deberá ser revisada en un aspecto.
“A diferencia de lo que se ha planteado, el fallo en ningún caso afecta el espíritu de la norma, únicamente cuestiona la extensión del permiso a las vías locales, debido a la amplitud del concepto”, precisó el parlamentario, quien integra la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas de la Cámara de Diputados y participó en la comisión mixta que debatió el citado proyecto de ley.
Interiorizado, por tanto, con el detalle de la norma, Squella explicó que “el proyecto tiene a la vista otro importante bien jurídico con respaldo constitucional, que consiste en el deber del Estado de dar protección a la población y su familia”.
En este sentido, el legislador defendió la norma aprobada, precisando que la iniciativa “otorga una facultad excepcional, limitada en el tiempo y que debe ser fundada. Más aún, de acuerdo al texto legal, no puede concederse el permiso de cierre si el concejo municipal respectivo no garantiza expresamente la debida circulación de residentes y terceros y, por supuesto, de vehículos de emergencia o de utilidad pública”.
En otras palabras, la ley, que deberá ser revisada nuevamente en el Parlamento, buscaba otorgarle atribuciones a los municipios para que autorizaran, por un plazo de cinco años renovables, el cierre o alguna medida de control de acceso a las calles, pasajes o vías locales, o a conjuntos habitacionales urbanos o rurales con una misma vía de acceso y salida. Y es respecto de las vías locales que el TC expresó reparos.
Squella cuestionó la decisión del Tribunal afirmando que “con el debido respeto, los fundamentos del fallo serían más comprensibles y razonables si no hiciera distinciones entre los distintos bienes nacionales de uso público. Al aplicar la garantía constitucional respecto de uno y no de otros, pierde consistencia”.
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