Cámara de Diputados aprueba informe de Comisión Investigadora sobre accidente de la Mina San José
Cámara de Diputados aprueba informe de Comisión Investigadora sobre accidente de la Mina San José
Publicado el 03 de marzo del 2011
Con 84 votos a favor, la Sala de la Cámara de Diputados dio su aprobación al informe de su Comisión de Minería y Energía, que investigó el derrumbe del yacimiento en la Región de Atacama, responsabilizando del hecho a los dueños de la minera San Esteban y al Servicio Nacional de Geología y Minería por su falta de fiscalización de las faenas mineras.
El derrumbe en la mina San José, que dejó atrapados a 700 metros de profundidad a 33 trabajadores, se produjo el 5 de agosto del año 2010 y cinco días después la Sala de la Cámara de Diputados aprobó la solicitud planteada por 49 parlamentarios en orden a constituir a la Comisión de Minería como investigadora con el fin de analizar la seguridad de las faenas mineras y la actuación de los organismos públicos en los hechos que incidieron en el accidente descrito.
El mandato que se encomendó a la Comisión fue la de examinar “las disposiciones legales y administrativas que regulan las normas y estándares de seguridad en que deben desarrollar sus funciones los trabajadores que se desempeñan en faenas mineras, recabar los antecedentes que los servicios públicos tuvieron a la vista, para decretar el cierre del yacimiento San José, perteneciente a la empresa San Esteban, en el año 2007, y los que se tuvieron en consideración para decretar su apertura el año 2008”.
De igual forma, la instancia debía indagar qué participación le cabe al Servicioa Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) y a otros servicios públicos en materia de autorización, fiscalización y protección de la seguridad y la salud de los trabajadores de la pequeña, mediana y gran minería.
Posteriormente, la Sala de la Cámara amplió la competencia de la Comisión con el objeto de “determinar las causas y el grado de responsabilidad de las autoridades públicas en el derrumbe ocurrido en la mina San José, revisar las exigencias en seguridad y prevención de riesgos que deben cumplir las empresas del rubro y analizar las acciones concretas que la autoridad administrativa ha llevado a cabo para dar cumplimiento al mandato legal de fiscalizar los resguardos a la seguridad de los trabajadores que desempeñan labores en yacimientos mineros”.
Presidida por el diputado Alejandro García-Huidobro (UDI), la Comisión de Minería celebró 22 sesiones para abordar esta investigación, entre el 18 de agosto del 2010 y el 20 de enero, recibiendo para ello el testimonio de diversas personas vinculadas al tema, entre ellas los ministros de Minería y de Trabajo, actuales y anteriores directivos del Sernageomin, Enami y Codelco, además de especialistas, los dueños de la minera San Esteban (Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny), representantes de sindicatos de la Minera y cinco de los mineros rescatados de la mina San José (Samuel Ávalos, Jorge Galleguillos, Daniel Herrera, Juan Illanes y Franklin Lobos).
Los mineros permanecieron 69 días confinados al interior del yacimiento y finalmente fueron rescatados el 13 de octubre de 2010.
En el informe con las conclusiones, que fue aprobado por la unanimidad de sus integrantes, la Comisión plantea, como situación de contexto, que “la fluctuación del precio internacional de los minerales impacta directamente en la proliferación o disminución de aperturas y reaperturas de pequeños yacimientos mineros, muchos de los cuales se verifican al margen de la normativa vigente, influyendo en la tasa de accidentabilidad”.
“Las medidas preventivas de seguridad laboral y fortificación de faenas mineras se consideran como un costo de producción y no como una inversión indispensable para el desarrollo de la industria”, sostiene el documento, añadiendo que “la evolución de los presupuestos del Sernageomín no es proporcional al desarrollo de la industria minera”.
En el plano de las responsabilidades sobre el derrumbe en la mina San José, la Comisión las centró principalmente en los propietarios del yacimiento, Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny.
“Los dueños de los yacimientos San Antonio y San José podrían haber evitado el accidente. Considerando los informes emanados del Sernageomín, las declaraciones de los invitados y de los propios mineros atrapados, no caben dudas respecto del mal accionar de los dueños y ejecutivos de la minera San José, quienes no sólo no adoptaron las medidas de seguridad laboral y de faenas requeridas por la autoridad, sino que intentaron deslindar responsabilidades en los servicios fiscalizadores y luego en los trabajadores”, expresa el informe.
“Resultan preocupantes las denuncias de órdenes de sobreexplotación de la mina y de prohibiciones de evacuarla el día del accidente”, apunta.
Los diputados también responsabilizan del accidente al Servicio Nacional de Geología y Minería, por su falta de fiscalización de las faenas mineras y la ausencia de control de los actos administrativos emanados de sus funcionarios.
En el mismo sentido, el informe plantea que “existió una falta de rigurosidad en la coordinación entre las autoridades laboral, sanitaria y el Sernageomín para la reapertura” de la mina San José, precisando que “la mutual verificó el aumento de las tasas de accidentabilidad de la empresa por incumplimiento de las normas de seguridad laboral, pero esta información no se coordina con los órganos estatales”.
La Comisión formula una serie de propuestas para perfeccionar la seguridad en el ámbito minero con el fin de prevenir futuras tragedias.
En ese ámbito sugiere, respecto del SERNAGEOMIN, separar los roles de coordinación y fiscalización (por denuncias), del de prevención; separar las áreas de Geología y Minería, creando un servicio geológico, constituido por geomecánicos, geólogos, ingenieros civiles de minas y geomensores de experiencia; y ampliar las facultades fiscalizadoras, incluso con el auxilio de la fuerza pública, para cerrar las faenas y coordinar a los demás servicios legalmente.
También, propone establecer por ley los procedimientos, atribuciones y competencias de las autoridades mineras.
Respecto de Enami, los diputados plantean que se le faculte para que certifique el cumplimiento de las normas laborales y sanitarias del mineral que compra; que capacite y cumpla su rol de fomento en seguridad minera, coordinado con Sernageomín; y que dé créditos y plazos para invertir en seguridad.
Junto con lo anterior, la Comisión propone la creación de un Fondo de Seguridad Minera, con recursos provenientes del royalty o de los excedentes de los precios; elevar a rango legal las materias de seguridad y afines del Reglamento de Seguridad Minera; establecer la obligación de que los comités paritarios y el prevencionista de riesgos estén en las faenas y deban constituirse con menos trabajadores; aumentar las multas y su calificación según gravedad, llegando a sanciones penales de personas jurídicas.
Asimismo, los diputados sugieren la creación de un catastro reservado del historial sanitario, laboral y minero de la industria junto con abrir un registro de revisores independientes.
Finalmente, urgen la pronta aprobación del convenio 187 sobre seguridad y salud en el trabajo y la implementación de un servicio estatal de rescate minero.
Publicado el 03 de marzo del 2011
Con 84 votos a favor, la Sala de la Cámara de Diputados dio su aprobación al informe de su Comisión de Minería y Energía, que investigó el derrumbe del yacimiento en la Región de Atacama, responsabilizando del hecho a los dueños de la minera San Esteban y al Servicio Nacional de Geología y Minería por su falta de fiscalización de las faenas mineras.
El derrumbe en la mina San José, que dejó atrapados a 700 metros de profundidad a 33 trabajadores, se produjo el 5 de agosto del año 2010 y cinco días después la Sala de la Cámara de Diputados aprobó la solicitud planteada por 49 parlamentarios en orden a constituir a la Comisión de Minería como investigadora con el fin de analizar la seguridad de las faenas mineras y la actuación de los organismos públicos en los hechos que incidieron en el accidente descrito.
El mandato que se encomendó a la Comisión fue la de examinar “las disposiciones legales y administrativas que regulan las normas y estándares de seguridad en que deben desarrollar sus funciones los trabajadores que se desempeñan en faenas mineras, recabar los antecedentes que los servicios públicos tuvieron a la vista, para decretar el cierre del yacimiento San José, perteneciente a la empresa San Esteban, en el año 2007, y los que se tuvieron en consideración para decretar su apertura el año 2008”.
De igual forma, la instancia debía indagar qué participación le cabe al Servicioa Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) y a otros servicios públicos en materia de autorización, fiscalización y protección de la seguridad y la salud de los trabajadores de la pequeña, mediana y gran minería.
Posteriormente, la Sala de la Cámara amplió la competencia de la Comisión con el objeto de “determinar las causas y el grado de responsabilidad de las autoridades públicas en el derrumbe ocurrido en la mina San José, revisar las exigencias en seguridad y prevención de riesgos que deben cumplir las empresas del rubro y analizar las acciones concretas que la autoridad administrativa ha llevado a cabo para dar cumplimiento al mandato legal de fiscalizar los resguardos a la seguridad de los trabajadores que desempeñan labores en yacimientos mineros”.
Presidida por el diputado Alejandro García-Huidobro (UDI), la Comisión de Minería celebró 22 sesiones para abordar esta investigación, entre el 18 de agosto del 2010 y el 20 de enero, recibiendo para ello el testimonio de diversas personas vinculadas al tema, entre ellas los ministros de Minería y de Trabajo, actuales y anteriores directivos del Sernageomin, Enami y Codelco, además de especialistas, los dueños de la minera San Esteban (Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny), representantes de sindicatos de la Minera y cinco de los mineros rescatados de la mina San José (Samuel Ávalos, Jorge Galleguillos, Daniel Herrera, Juan Illanes y Franklin Lobos).
Los mineros permanecieron 69 días confinados al interior del yacimiento y finalmente fueron rescatados el 13 de octubre de 2010.
En el informe con las conclusiones, que fue aprobado por la unanimidad de sus integrantes, la Comisión plantea, como situación de contexto, que “la fluctuación del precio internacional de los minerales impacta directamente en la proliferación o disminución de aperturas y reaperturas de pequeños yacimientos mineros, muchos de los cuales se verifican al margen de la normativa vigente, influyendo en la tasa de accidentabilidad”.
“Las medidas preventivas de seguridad laboral y fortificación de faenas mineras se consideran como un costo de producción y no como una inversión indispensable para el desarrollo de la industria”, sostiene el documento, añadiendo que “la evolución de los presupuestos del Sernageomín no es proporcional al desarrollo de la industria minera”.
En el plano de las responsabilidades sobre el derrumbe en la mina San José, la Comisión las centró principalmente en los propietarios del yacimiento, Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny.
“Los dueños de los yacimientos San Antonio y San José podrían haber evitado el accidente. Considerando los informes emanados del Sernageomín, las declaraciones de los invitados y de los propios mineros atrapados, no caben dudas respecto del mal accionar de los dueños y ejecutivos de la minera San José, quienes no sólo no adoptaron las medidas de seguridad laboral y de faenas requeridas por la autoridad, sino que intentaron deslindar responsabilidades en los servicios fiscalizadores y luego en los trabajadores”, expresa el informe.
“Resultan preocupantes las denuncias de órdenes de sobreexplotación de la mina y de prohibiciones de evacuarla el día del accidente”, apunta.
Los diputados también responsabilizan del accidente al Servicio Nacional de Geología y Minería, por su falta de fiscalización de las faenas mineras y la ausencia de control de los actos administrativos emanados de sus funcionarios.
En el mismo sentido, el informe plantea que “existió una falta de rigurosidad en la coordinación entre las autoridades laboral, sanitaria y el Sernageomín para la reapertura” de la mina San José, precisando que “la mutual verificó el aumento de las tasas de accidentabilidad de la empresa por incumplimiento de las normas de seguridad laboral, pero esta información no se coordina con los órganos estatales”.
La Comisión formula una serie de propuestas para perfeccionar la seguridad en el ámbito minero con el fin de prevenir futuras tragedias.
En ese ámbito sugiere, respecto del SERNAGEOMIN, separar los roles de coordinación y fiscalización (por denuncias), del de prevención; separar las áreas de Geología y Minería, creando un servicio geológico, constituido por geomecánicos, geólogos, ingenieros civiles de minas y geomensores de experiencia; y ampliar las facultades fiscalizadoras, incluso con el auxilio de la fuerza pública, para cerrar las faenas y coordinar a los demás servicios legalmente.
También, propone establecer por ley los procedimientos, atribuciones y competencias de las autoridades mineras.
Respecto de Enami, los diputados plantean que se le faculte para que certifique el cumplimiento de las normas laborales y sanitarias del mineral que compra; que capacite y cumpla su rol de fomento en seguridad minera, coordinado con Sernageomín; y que dé créditos y plazos para invertir en seguridad.
Junto con lo anterior, la Comisión propone la creación de un Fondo de Seguridad Minera, con recursos provenientes del royalty o de los excedentes de los precios; elevar a rango legal las materias de seguridad y afines del Reglamento de Seguridad Minera; establecer la obligación de que los comités paritarios y el prevencionista de riesgos estén en las faenas y deban constituirse con menos trabajadores; aumentar las multas y su calificación según gravedad, llegando a sanciones penales de personas jurídicas.
Asimismo, los diputados sugieren la creación de un catastro reservado del historial sanitario, laboral y minero de la industria junto con abrir un registro de revisores independientes.
Finalmente, urgen la pronta aprobación del convenio 187 sobre seguridad y salud en el trabajo y la implementación de un servicio estatal de rescate minero.
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