diputados: Políticos, académicos y estudiantes analizaron institucionalidad y participación universitaria
Políticos, académicos y estudiantes analizaron institucionalidad y participación universitaria
Publicado el 28 de marzo del 2011
El análisis y debate se efectuó en el contexto del Ciclo de paneles de trabajo sobre Educación Superior organizado por la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados -con la participación de todos los actores del sector- y que continuarán hasta el mes de junio.
Con el tema “Institucionalidad, participación estudiantil y espacios de democratización”, se inició hoy el ciclo de paneles de trabajo sobre Educación Superior organizado por la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, en las dependencias del Congreso Nacional, sede Santiago.
El primer panel, moderado por el diputado Rodrigo González (PPD), contó con la participación del rector de la U. de Santiago de Chile y representante del Consejo de Universidades Estatales Chilenas, Juan Manuel Zolezzi; del presidente del sindicato N° 1 de Trabajadores de la Pontificia U. Católica de Valparaíso y representante del Consejo Nacional de Trabajadores de Universidades de Chile, Osvaldo León; del rector de la U. Del Mar y representante de la Corporación de Universidades Privadas (CUP), Héctor Zúñiga; y del presidente de la Federación de Estudiantes de la U. de Santiago, Camilo Ballesteros.
Según destacó el diputado González, la idea del evento es poder discutir sobre el marco general en el que se desarrollará en el futuro el sistema de educación superior y las formas de convivencia que deberían operar entre los distintos actores que componen las comunidades universitarias.
Juan Manuel Zolezzi recalcó que los diagnósticos realizados a la fecha revelan la ausencia de una visión de futuro del sistema, predominando, en cambio, una mirada de corto plazo; insuficiente información, transparencia y rendición de cuenta; un alto grado de segmentación de las instituciones y su estudiantado; problemas de calidad y pertinencia de las carreras; problemas de equidad en los procesos de admisión y de asignación de recursos; y una débil regulación y heterogeneidad de fines y propósitos.
Planteó que es urgente perfeccionar la institucionalidad vigente para que ésta contribuya a los objetivos de calidad, equidad y la eficiencia educativa. Planteó que es preciso buscar un nuevo mecanismo de calificación universitaria que diferencie unos de otros y promover instancias de representación, que reconozca la heterogeneidad del sistema. Además, indicó necesario velar por un desarrollo armónico, garantizando la participación y la conformación de centros de estudiantes.
Estimó que la capacidad de autorregulación no ha sido suficiente para garantizar niveles adecuados de calidad, equidad y eficiencia y consideró que existe un alto nivel de centralismo y falta de desarrollo científico-tecnológico. “Debemos promover que el sistema universitario contribuya sustantivamente en el desarrollo que Chile necesita para su crecimiento y crecimiento no sólo económico, es un crecimiento cultural, científico, artístico y de plenitud del ser humano”, enfatizó.
Señaló que era importante asegurar la igualdad de oportunidades, permitiendo que los estudiantes con más talento, que provienen de familias sin educación superior, accedan a las universidades de más altos estándares de calidad y llamó a considerar propuestas como la creación de un ministerio o subsecretaría de educación superior, ciencia y tecnología, estimando que Chile está maduro para pensar en una organización más elevada a la que existe hoy.
Osvaldo León, tras realizar una reseña histórica de los procesos de participación universitaria y describir el actual cuadro de regímenes de los distintos centros de educación superior, destacó que “el rol público de la universidad se define, entre otras cosas, por el grado de participación que tiene la comunidad universitaria en las decisiones políticas, es decir, aquellas que determinan el norte y el deber ser de cada casa de estudio”.
Estimó que la normativa vigente no da cabida a la participación de los trabajadores y estudiantes en el gobierno universitario (referido a órganos colegiados y elección de autoridades unipersonales), haciendo alusión, principalmente, a la prohibición establecida sobre esta materia en la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza.
“La universidad futura requiere con urgencia de la implementación de espacios de participación real, institucionalizados, para todos los estamentos”, sentenció.
Héctor Zúñiga sostuvo que la institucionalidad de la educación superior ha variado en forma importante en los últimos 20 años, desde una convicción clásica y elitista, a una comprensión más amplia que ha buscado alcanzar una mayor cobertura social con equidad e igualdad.
Comunicó que, de diez estudiantes que ingresan a la educación superior, siete vienen de familias que por primera vez uno de sus integrantes accede a ella, estimando que ello “es uno de los rasgos de mayor democratización y participación de la ciudadanía, que ha marcado con éxito la transición de un modelo clásico a uno con capacidad para generar condiciones de gestión de oportunidades”.
Afirmó que nuestro país enfrenta no sólo el desafío de la calidad medida en término de estándares formales, sino que el mayor desafío está en incorporar mayor grado de democratización en la educación superior, de tal forma que se comprenda que no hay una sola forma de ser y hacer universidad, que no hay un sólo prototipo de estudiante y que no están todos obligados a ser la réplica pasiva de un modelo de educación precedido únicamente por la reputación de algunas instituciones.
Sostuvo que no es posible continuar segregando a los estudiantes porque pertenecen a una u otra institución y recalcó que las políticas públicas no debieran hacer distinción según criterios arbitrarios. Dijo que no les parece oportuno generar nuevas instancias (subsecretaría o superintendencia), sino mejor modernizar el Ministerio de Educación en cuanto a una eficiente y efectiva tarea de seguimiento de políticas públicas.
Camilo Ballesteros criticó que, hoy, pese a que está garantizado en la Constitución el derecho de libre asociación, en muchas universidades no se permite que ni los estudiantes ni los trabajadores puedan organizarse. Señaló que, principalmente en el caso de las privadas, no es posible conformar federaciones de estudiantes o, en su defecto, los representantes son electos en forma no democrática.
Indicó que existen algunos modelos más avanzados, como sería los de las universidades de Chile (que posee un senado universitario), de Santiago, de Valparaíso y de Antofagasta.
Resaltó que cuando se tiene una universidad democrática se cuenta con una comunidad que vela porque que se trabaje con un fin común, de acuerdo a lo que necesita el país, recordando que los centros de educación superior no sólo generan profesionales, sino también ciudadanos.
Consideró relevante resguardar la autonomía universitaria, garantizando mayor independencia del gobierno de turno, sin trabas religiosas o políticas y propiciando una mayor transparencia de los procesos de cada institución. Asimismo, consideró fundamental que las universidades se comprometan nacional y regionalmente; sean pluralistas y no elitistas; y desarrollen los máximos estándares de calidad y transparencia.
El seminario, está siendo transmitido por el Canal de la Cámara (http://www.cdtv.cl), y puede ser seguido a través de la cuenta de Twitter @CamaraDiputados y con el hashtag #EducacionSuperior.
Publicado el 28 de marzo del 2011
El análisis y debate se efectuó en el contexto del Ciclo de paneles de trabajo sobre Educación Superior organizado por la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados -con la participación de todos los actores del sector- y que continuarán hasta el mes de junio.
Con el tema “Institucionalidad, participación estudiantil y espacios de democratización”, se inició hoy el ciclo de paneles de trabajo sobre Educación Superior organizado por la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, en las dependencias del Congreso Nacional, sede Santiago.
El primer panel, moderado por el diputado Rodrigo González (PPD), contó con la participación del rector de la U. de Santiago de Chile y representante del Consejo de Universidades Estatales Chilenas, Juan Manuel Zolezzi; del presidente del sindicato N° 1 de Trabajadores de la Pontificia U. Católica de Valparaíso y representante del Consejo Nacional de Trabajadores de Universidades de Chile, Osvaldo León; del rector de la U. Del Mar y representante de la Corporación de Universidades Privadas (CUP), Héctor Zúñiga; y del presidente de la Federación de Estudiantes de la U. de Santiago, Camilo Ballesteros.
Según destacó el diputado González, la idea del evento es poder discutir sobre el marco general en el que se desarrollará en el futuro el sistema de educación superior y las formas de convivencia que deberían operar entre los distintos actores que componen las comunidades universitarias.
Juan Manuel Zolezzi recalcó que los diagnósticos realizados a la fecha revelan la ausencia de una visión de futuro del sistema, predominando, en cambio, una mirada de corto plazo; insuficiente información, transparencia y rendición de cuenta; un alto grado de segmentación de las instituciones y su estudiantado; problemas de calidad y pertinencia de las carreras; problemas de equidad en los procesos de admisión y de asignación de recursos; y una débil regulación y heterogeneidad de fines y propósitos.
Planteó que es urgente perfeccionar la institucionalidad vigente para que ésta contribuya a los objetivos de calidad, equidad y la eficiencia educativa. Planteó que es preciso buscar un nuevo mecanismo de calificación universitaria que diferencie unos de otros y promover instancias de representación, que reconozca la heterogeneidad del sistema. Además, indicó necesario velar por un desarrollo armónico, garantizando la participación y la conformación de centros de estudiantes.
Estimó que la capacidad de autorregulación no ha sido suficiente para garantizar niveles adecuados de calidad, equidad y eficiencia y consideró que existe un alto nivel de centralismo y falta de desarrollo científico-tecnológico. “Debemos promover que el sistema universitario contribuya sustantivamente en el desarrollo que Chile necesita para su crecimiento y crecimiento no sólo económico, es un crecimiento cultural, científico, artístico y de plenitud del ser humano”, enfatizó.
Señaló que era importante asegurar la igualdad de oportunidades, permitiendo que los estudiantes con más talento, que provienen de familias sin educación superior, accedan a las universidades de más altos estándares de calidad y llamó a considerar propuestas como la creación de un ministerio o subsecretaría de educación superior, ciencia y tecnología, estimando que Chile está maduro para pensar en una organización más elevada a la que existe hoy.
Osvaldo León, tras realizar una reseña histórica de los procesos de participación universitaria y describir el actual cuadro de regímenes de los distintos centros de educación superior, destacó que “el rol público de la universidad se define, entre otras cosas, por el grado de participación que tiene la comunidad universitaria en las decisiones políticas, es decir, aquellas que determinan el norte y el deber ser de cada casa de estudio”.
Estimó que la normativa vigente no da cabida a la participación de los trabajadores y estudiantes en el gobierno universitario (referido a órganos colegiados y elección de autoridades unipersonales), haciendo alusión, principalmente, a la prohibición establecida sobre esta materia en la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza.
“La universidad futura requiere con urgencia de la implementación de espacios de participación real, institucionalizados, para todos los estamentos”, sentenció.
Héctor Zúñiga sostuvo que la institucionalidad de la educación superior ha variado en forma importante en los últimos 20 años, desde una convicción clásica y elitista, a una comprensión más amplia que ha buscado alcanzar una mayor cobertura social con equidad e igualdad.
Comunicó que, de diez estudiantes que ingresan a la educación superior, siete vienen de familias que por primera vez uno de sus integrantes accede a ella, estimando que ello “es uno de los rasgos de mayor democratización y participación de la ciudadanía, que ha marcado con éxito la transición de un modelo clásico a uno con capacidad para generar condiciones de gestión de oportunidades”.
Afirmó que nuestro país enfrenta no sólo el desafío de la calidad medida en término de estándares formales, sino que el mayor desafío está en incorporar mayor grado de democratización en la educación superior, de tal forma que se comprenda que no hay una sola forma de ser y hacer universidad, que no hay un sólo prototipo de estudiante y que no están todos obligados a ser la réplica pasiva de un modelo de educación precedido únicamente por la reputación de algunas instituciones.
Sostuvo que no es posible continuar segregando a los estudiantes porque pertenecen a una u otra institución y recalcó que las políticas públicas no debieran hacer distinción según criterios arbitrarios. Dijo que no les parece oportuno generar nuevas instancias (subsecretaría o superintendencia), sino mejor modernizar el Ministerio de Educación en cuanto a una eficiente y efectiva tarea de seguimiento de políticas públicas.
Camilo Ballesteros criticó que, hoy, pese a que está garantizado en la Constitución el derecho de libre asociación, en muchas universidades no se permite que ni los estudiantes ni los trabajadores puedan organizarse. Señaló que, principalmente en el caso de las privadas, no es posible conformar federaciones de estudiantes o, en su defecto, los representantes son electos en forma no democrática.
Indicó que existen algunos modelos más avanzados, como sería los de las universidades de Chile (que posee un senado universitario), de Santiago, de Valparaíso y de Antofagasta.
Resaltó que cuando se tiene una universidad democrática se cuenta con una comunidad que vela porque que se trabaje con un fin común, de acuerdo a lo que necesita el país, recordando que los centros de educación superior no sólo generan profesionales, sino también ciudadanos.
Consideró relevante resguardar la autonomía universitaria, garantizando mayor independencia del gobierno de turno, sin trabas religiosas o políticas y propiciando una mayor transparencia de los procesos de cada institución. Asimismo, consideró fundamental que las universidades se comprometan nacional y regionalmente; sean pluralistas y no elitistas; y desarrollen los máximos estándares de calidad y transparencia.
El seminario, está siendo transmitido por el Canal de la Cámara (http://www.cdtv.cl), y puede ser seguido a través de la cuenta de Twitter @CamaraDiputados y con el hashtag #EducacionSuperior.
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